Anticorrupción investiga a Acciona, FCC e Isolux por la red de sobornos de Odebrecht

La Fiscalía Anticorrupción está investigando la implicación de compañías españolas en la trama de sobornos de Odebrecht, el gigante brasileño de la obra pública que protagoniza desde 2014 el mayor escándalo de corrupción de la historia de América. El Ministerio Público trata de averiguar si constructoras nacionales pagaron comisiones a políticos para adjudicarse junto a Odebrecht la ejecución de grandes infraestructuras en ese continente, según han confirmado a El Confidencial varias fuentes próximas al caso. Las pesquisas, que se encuentran en una fase preliminar, arrancaron hace casi un año y se centran por el momento en proyectos de Acciona, FCC e Isolux.

El Ministerio Público está en contacto permanente con las autoridades judiciales de los países afectados por las corruptelas de Odebrecht, que habría pagado 744 millones en sobornos entre 2001 y 2016 en al menos doce países. Solo en Brasil, donde el caso ha recibido el nombre de operación 'Lava Jato', hay más de 300 imputados, entre ellos, el expresidente Lula da Silva. Según ha podido saber este diario, la fiscal que lidera las averiguaciones en España es María Teresa Gálvez, que cuenta con una dilatada experiencia en la persecución de delitos económicos y de corrupción. Entre otros casos, representa al Ministerio Público en la operación Púnica.

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La Fiscalía ha encontrado un colaborador imprevisto que puede ser clave en el éxito de sus indagaciones. Las diligencias arrancaron cuando empezó a llegar información desde el otro lado del Atlántico sobre presuntas irregularidades cometidas en proyectos con presencia de empresas españolas. Pero el caso dio un vuelco cuando la UCO detuvo el pasado 18 de noviembre en el hotel Intercontinental de Madrid a uno de los abogados que presuntamente utilizaba Odebrecht para sacar de la compañía el dinero de las mordidas, lavar esos fondos y, por último, ingresarlos en cuentas opacas de los políticos corruptos.

Sobre el detenido, Rodrigo Tacla Durán, pesaba una orden de busca y captura emitida por un juzgado de Curitiba (Brasil) el pasado julio y, desde entonces, se había convertido en uno de los prófugos más buscados de este escándalo de dimensiones planetarias. La Guardia Civil lo localizó en pleno centro de la capital solo unos días después de que aterrizara en Barajas. Sin embargo, cinco meses después, la extradición aún no se ha producido. Como reveló El Confidencial, Tacla se ha ofrecido a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción facilitando datos sobre la trama financiera que supuestamente pilotaba a cambio de un acuerdo que desactive su entrega a Brasil y le garantice una rebaja en la hipotética condena que afronta por esos hechos.

Por lo pronto, la fiscal Gálvez ya le ha tomado declaración en dos ocasiones para cumplimentar comisiones rogatorias cursadas a España por las autoridades judiciales de Ecuador y Panamá. Otros países también han anunciado su intención de solicitar la asistencia a la Fiscalía Anticorrupción. Tacla es uno de los pocos implicados que conoce el nombre de los mandatarios que recibieron sobornos por la adjudicación de proyectos. Él era quién les pagaba. Su abogado en España, Emilio José Naranjo, experto en extradiciones, ha reconocido a este diario que está batallando para evitar su entrega a Brasil, pero ha declinado realizar más comentarios.

Ecuador, Panamá y Brasil

De momento, el Ministerio Público solo indaga la participación de constructoras españolas en ese esquema corrupto. En el caso de Acciona, el foco se sitúa sobre el metro de Quito. La compañía que preside José Manuel Entrecanales se adjudicó en octubre de 2015 la segunda fase de la primera línea del suburbano de la capital ecuatoriana, 22 kilómetros de vías que contarán con 13 estaciones. Acciona se presentó a este concurso de 1.460 millones de euros en una UTE que compartió al 50% con Odebrecht. Sin embargo, el pasado diciembre, ante el acoso judicial que está sufriendo, la firma brasileña renunció a su parte y dejó la totalidad de las obras en manos de la española. Fuentes de Acciona han asegurado a este periódico no tener constancia de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción.

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Con todo, las autoridades de Quito están sometiendo el proyecto a una profunda revisión. Directivos de Odebrecht admitieron el pasado diciembre ante un tribunal de Nueva York haber pagado comisiones en al menos 12 países, y Ecuador es uno de los que figura en esa lista. Según la confesión, el gigante brasileño pagó a dirigentes ecuatorianos un total de 31 millones de euros en comisiones ilegales entre 2007 y 2016. El documento distribuido por la Justicia estadounidense no concreta qué infraestructuras logró Odebrecht a cambio de esos pagos, pero en Ecuador apuntan al metro de Quito.

Por su parte, las pesquisas sobre FCC están relacionadas con el metro de Ciudad de Panamá. La compañía que encabeza Esther Alcocer Koplowitz se llevó en octubre de 2010 la construcción de la primera línea del suburbano de la capital panameña tras presentarse al concurso de la mano de Odebrecht. Las obras, que supusieron una inversión de 1.500 millones de euros al cambio del momento, comenzaron en 2011 y terminaron tres años después.

En junio de 2015, FCC repitió su alianza con Odebrecht para imponerse en la licitación de la línea 2. El consorcio hispano-brasileño logró la mejor puntuación en los apartados técnico y económico. En este caso, el proyecto tiene una dotación de 1.700 millones de euros. Ya está ejecutado el 35% de las obras, que deberán estar concluidas en 2018. Al contrario que en el metro de Quito, Odebrecht no ha abandonado su participación en la infraestructura, pero la Justicia panameña también está sometiéndola a un exhaustivo escrutinio. Los directivos de la multinacional brasileña reconocieron ante el juez de Nueva York que efectuaron pagos en ese otro país por valor de 56 millones de euros para asegurarse la victoria en licitaciones públicas.

Según la investigación, la brasileña Petrobras habría recurrido al mismo esquema de sobornos de Odebrecht para detraer fondos públicos

En el caso de Isolux, no han trascendido las adjudicaciones que están bajo sospecha. La constructora, que atraviesa una grave crisis financiera que amenaza incluso su viabilidad, no ha participado con Odebrecht en concursos significativos. Sin embargo, la filial de Isolux en el sector de la construcción industrial, Tecna, se adjudicó en 2013 la construcción de dos plantas de una refinería a 45 kilómetros de Río de Janeiro por un valor aproximado de 200 millones de euros. El proyecto fue adjudicado por Petrobras, la compañía petrolífera brasileña de propiedad semi-pública que originó el caso Lava Jato. Presuntamente, Petrobras recurrió al mismo esquema de sobornos de Odebrecht para detraer fondos públicos.

Se da la circunstancia de que, el pasado septiembre, la Policía brasileña detuvo al máximo responsable de Isolux en el país, Francisco Corrales, por haber pagado sobornos para conseguir contratos de Petrobras. El directivo español entregó los fondos al exministro de Economía Guido Mantega, que los habría utilizado para financiar la campaña electoral de 2010 que llevó a la Presidencia de Brasil a Dilma Rousseff.