investiga la participación de acciona, fcc e isolux

Constructoras españolas y Odebrecht: así se movían los sobornos que rastrea la Fiscalía

El gigante brasileño de la obra pública, que pagó 744 millones en comisiones ilegales, habría repercutido parte de ese coste a los socios españoles con los que se alió para llevarse contratos

Foto: Un cartel de la constructora Odebrecht en Río de Janeiro, Brasil. (Reuters)
Un cartel de la constructora Odebrecht en Río de Janeiro, Brasil. (Reuters)

Las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción sobre la presunta implicación de compañías españolas en la red de sobornos de Odebrecht se han topado con un complejo entramado societario que incluye decenas de firmas 'offshore' y cuentas en paraísos fiscales. Las pesquisas, que arrancaron hace casi un año, tratan de averiguar si constructoras nacionales se aliaron con el gigante brasileño de la obra pública para sobornar a dirigentes de América que les adjudicaron grandes infraestructuras en ese continente. Pero, según fuentes cercanas a la investigación, el sistema diseñado por Odebrecht y sus socios para canalizar el pago de los sobornos puede terminar conduciendo a un callejón sin salida.

Como reveló El Confidencial este sábado, las diligencias del Ministerio Público sobre firmas españolas se centran por ahora en proyectos de Acciona, FCC e Isolux. En el caso de esta última empresa, el foco se sitúa sobre sus relaciones con la petrolera semipública brasileña Petrobras, verdadero origen del escándalo en el que han acabado descubriéndose las comisiones ilegales de Odebrecht. Directivos de esta compañía reconocieron en diciembre ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York haber pagado sobornos en 12 países, entre 2001 y 2016, por un total de 744 millones de euros.

Pero las autoridades de los países afectados, que llevan meses de ventaja a las de España, sostienen que Odebrecht actuó de forma presuntamente coordinada con otras compañías del sector, entre ellas, las firmas nacionales con las que concurrió a concursos millonarios. Así, según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación, la principal hipótesis que se maneja en estos momentos es que la multinacional brasileña gestionaba la compra de los mandatarios corruptos por su especial conocimiento de la región y también facilitaba la estructura financiera para mover los fondos opacos de las comisiones. Sin embargo, la compañía supuestamente repartía luego entre sus socios el coste añadido de las mordidas de forma proporcional al peso que tenía cada mercantil en las alianzas o UTE con las que se presentaba a las licitaciones amañadas. Esas otras empresas asociadas con Odebrecht, prosiguen las fuentes preguntadas, devolvían presuntamente su parte correspondiente de los sobornos inflando los pagos que tenían que realizar a la constructora brasileña por conceptos ordinarios dentro de los mismos consorcios a los que pertenecían.

Por ese mecanismo pasan las indagaciones de la Fiscalía Anticorrupción, un reto de dimensiones elefantiásicas que puede frustrar el avance del caso. Para detectar las presuntas comisiones de los socios españoles de Odebrecht, es necesario inspeccionar los miles de facturas que se cruzaron estas mercantiles, bajo el paraguas de los consorcios de infraestructuras bajo sospecha, en busca de sobrecostes injustificados. Una labor casi imposible que supondría un despliegue de medios fuera del alcance de la Justicia.

Foto: Reuters.
Foto: Reuters.

Pero el Ministerio Público puede haber encontrado un atajo que lo lleve directamente hasta el núcleo del fraude. Como adelantó este diario, la fiscal que lleva el procedimiento, María Teresa Gálvez, está en conversaciones con uno de los abogados de Odebrecht que se encargaba de lavar el dinero de las comisiones y lo transfería a las cuentas en paraísos fiscales de los dirigentes corruptos. El letrado, Rodrigo Tacla Durán, fue detenido el pasado 18 de noviembre en el hotel Intercontinental de Madrid por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para dar cumplimiento a una orden de busca y captura de Interpol. Tacla ya ha mostrado su voluntad de colaborar con las diligencias de Anticorrupción a cambio de que se paralice su entrega a Brasil y sea juzgado en España. Por lo pronto, ha colaborado con las comisiones rogatorias enviadas a Madrid por Panamá y Ecuador para recabar su testimonio.

Las empresas investigadas

Anticorrupción se está centrando en las obras adjudicadas a las empresas españolas en Ecuador y Panamá. En Brasil, en cambio, estaría investigando las relaciones de Isolux con empresarios implicados en la red de sobornos del escándalo conocido como Lava Jato.

En Quito, capital de Ecuador, Acciona se adjudicó en octubre de 2015 la segunda fase de la primera línea del suburbano de la ciudad. La firma que preside José Manuel Entrecanales se presentó a este concurso de 1.460 millones de euros en una UTE que compartió al 50% con Odebrecht. Sin embargo, el pasado diciembre, ante el acoso judicial que está sufriendo, la firma brasileña renunció a su parte y dejó la totalidad de las obras en manos de la española.

Directivos del gigante brasileño de la construcción admitieron el pasado diciembre ante un tribunal de Nueva York haber pagado comisiones en al menos 12 países, y Ecuador es uno de los que figuran en esa lista. El documento distribuido por la Justicia estadounidense no concreta qué infraestructuras logró Odebrecht a cambio de esos pagos, pero en Ecuador apuntan al metro de Quito.

Por su parte, las pesquisas sobre FCC están relacionadas con el metro de Ciudad de Panamá. La compañía que encabeza Esther Alcocer Koplowitz se llevó en octubre de 2010 la construcción de la primera línea del suburbano de la capital panameña tras presentarse al concurso de la mano de Odebrecht. Las obras, que supusieron una inversión de 1.500 millones de euros al cambio del momento, comenzaron en 2011 y terminaron tres años después.

En junio de 2015, FCC repitió su alianza con Odebrecht para imponerse en la licitación de la línea 2. El consorcio hispano-brasileño logró la mejor puntuación en los apartados técnico y económico. En este caso, el proyecto tiene una dotación de 1.700 millones de euros. Ya está ejecutado el 35% de las obras, que deberán estar concluidas en 2018. Al contrario que en el metro de Quito, Odebrecht no ha abandonado su participación en la infraestructura, pero la Justicia panameña también está sometiéndola a un exhaustivo escrutinio. Los directivos de la multinacional brasileña reconocieron ante el juez de Nueva York que efectuaron pagos en ese otro país por valor de 56 millones de euros para asegurarse la victoria en licitaciones públicas.

Isolux, por su parte, no ha participado con Odebrecht en concursos significativos. Sin embargo, su filial en el sector de la construcción industrial, Tecna, se adjudicó en 2013 la construcción de dos plantas de una refinería a 45 kilómetros de Río de Janeiro por un valor aproximado de 200 millones de dólares. El proyecto fue adjudicado por Petrobras, la compañía petrolífera brasileña de propiedad semipública que aparece en el origen del caso Lava Jato. Presuntamente, Petrobras recurrió al mismo esquema de sobornos de Odebrecht para detraer fondos públicos.

Se da la circunstancia de que, el pasado septiembre, la policía brasileña detuvo al máximo responsable de Isolux en el país, Francisco Corrales, por haber pagado sobornos para conseguir contratos de Petrobras. El dinero habría sido entregado al exministro de Economía Guido Mantega, que utilizó parte de los fondos para financiar la campaña electoral de 2010 que llevó a la presidencia de Brasil a Dilma Rousseff.

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