negocia tirar de la manta para evitar su extradición

El 'contable' de Odebrecht cazado en Madrid pagaba los sobornos desde Pontevedra

El cerebro del caso de corrupción que sacude toda América, Rodrigo Tacla Durán, utilizó una oficina de Pontevedra para domiciliar una empresa 'offshore' por la que pasaron 17 millones en sobornos

Foto: El abogado hispano-brasileño Rodrigo Tacla Durán.
El abogado hispano-brasileño Rodrigo Tacla Durán.

El contable del mayor caso de corrupción de la historia de América está en Madrid a la espera de que la Justicia española se pronuncie sobre su futuro. Rodrigo Tacla Durán, un abogado de 43 años con doble nacionalidad hispano-brasileña, fue detenido el pasado 18 de noviembre por la Guardia Civil en un hotel de lujo de la capital para dar cumplimiento a una orden de busca y captura de Interpol. Se le acusa de ser el cerebro de la trama de blanqueo de capitales que habría urdido el gigante de la construcción brasileño Odebrecht para pagar sobornos a políticos de 12 países durante al menos 15 años, entre 2001 y 2016, por un importe que ascendió a 744 millones de euros. Como ha podido comprobar este periódico, una parte de los fondos se movió gracias a una sociedad registrada en Pontevedra.

El tribunal de Curitiba que instruye desde 2014 la llamada operación Lava Jato imputa a Tacla los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y asociación criminal, pero, casi cuatro meses después de su detención, el letrado sigue aún en España. La lentitud con la que avanza el proceso no es casual. Fuentes jurídicas han revelado a El Confidencial que el abogado se ha ofrecido a tirar de la manta para evitar su entrega a las autoridades brasileñas, y ya está en conversaciones con la Fiscalía para tratar de alcanzar un acuerdo que podría afectar a compañías españolas. Entre los proyectos que están bajo sospecha por las comisiones que pagaba Odebrecht a cambio de adjudicaciones públicas, hay varios en los que también participaron grandes constructoras y concesionarias nacionales, como el metro de Panamá, el Gasoducto Sur de Perú y el metro de Quito (Ecuador).

Pasaporte de Rodrigo Tacla. (EC)
Pasaporte de Rodrigo Tacla. (EC)

Las mismas fuentes aseguran a este diario que, en paralelo a la negociación con el Ministerio Público, la defensa de Tacla también ha desplegado una batería de recursos para tratar de frenar su extradición, apelando a que posee la nacionalidad española. Aunque el Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de enero la continuidad del proceso, tras subrayar su participación destacada en el caso Lava Jato y calificarlo de 'cerebro financiero' de la red corrupta, Tacla ha conseguido por ahora ralentizar su expediente con la oferta de un acuerdo de colaboración y la interposición de acciones judiciales. Ya utilizó una artimaña para aterrizar en Madrid sin ser detectado en los controles del aeropuerto de Barajas: cambió el orden de sus apellidos en el pasaporte para que no saltaran las alarmas por la orden de detención de Interpol. Finalmente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dio con él y terminó en prisión provisional.

No era la primera vez que este abogado utilizaba España como refugio. Su presunta trayectoria delictiva encierra otra conexión con territorio nacional de un escándalo que ya ha provocado la detención del expresidente brasileño Lula Da Silva y la imputación de otras 259 personas, solo en ese país. Según los investigadores, el papel de este letrado consistía en lavar el dinero que destinaba Odebrecht al pago de comisiones y, posteriormente, transferirlo a las cuentas que tenían en Suiza, Andorra, Panamá y el Caribe los políticos comprados por la constructora. Para mover los fondos sin ser descubierto, habría utilizado presuntamente 11 sociedades tapadera entre las que destaca la mercantil Vivosant Corporation. Solo esta última firma recibió entre el 14 y el 28 de septiembre de 2010 nueve transferencias bancarias por valor de 12 millones de euros. El dinero, que llegó a una cuenta de Vivosant Corporation alojada en una entidad de Singapur, Bank Pictet & Cie, salió de Constructora Internacional del Sur, una de las filiales que utilizó masivamente Odebrecht para canalizar la salida de sobornos de la contabilidad de la compañía.

Número 13 de la calle Manuel Quiroga de la ciudad de Pontevedra.
Número 13 de la calle Manuel Quiroga de la ciudad de Pontevedra.

Según ha podido saber ahora El Confidencial, Vivosant Corporation habría estado moviendo las comisiones de la multinacional brasileña desde una oficina situada en el número 13 de la calle Manuel Quiroga de la ciudad de Pontevedra. Tacla contactó con el Centro de Negocios que tiene su sede en ese mismo domicilio para contratar una residencia virtual para su compañía 'offshore'. La empresa fue creada en 2010. Hasta 2012, el 100% de las acciones estaba en poder de otra compañía instrumental del abogado, Gvtel Corporation SL. Sin embargo, Tacla pasó a controlar directamente el total de las participaciones a partir de ese momento y se mantuvo como administrador único de la firma. Oficialmente, Vivosant Corporation siempre se ha dedicado a la “recogida, tratamiento y eliminación de residuos”, y apenas ha llegado a acumular activos por valor de 57.000 euros, según sus cuentas de 2013, las últimas que presentó.

Pero la Justicia brasileña ubica esta empresa con sede en Pontevedra en el epicentro de una red de sobornos que llegó a mover 744 millones de euros y reportó a Odebrecht unos beneficios de 1.700 millones, según reconocieron directivos de la compañía el pasado diciembre ante el tribunal del Distrito Este de Nueva York, tras llegar a otro acuerdo judicial que obliga a la constructora a afrontar una multa de 2.450 millones de euros a Estados Unidos, Suiza y Brasil, la mayor sanción de la historia. Solo por las cuentas de Vivosant Corporation pasaron comisiones ilegales por valor de 17 millones de euros.

La presencia de Tacla en España tampoco ha pasado desapercibida para las autoridades de otros países afectados igualmente por el caso Odebrecht. La Fiscalía de Ecuador solicitó asistencia el pasado 4 enero al Ministerio Público español para tomar declaración al abogado sobre los sobornos pagados por la compañía brasileña en ese país. Del acuerdo de Nueva York se desprende que Odebrecht pagó a las autoridades de Quito un total de 31,8 millones de euros entre 2007 y 2016, pero el nombre de los políticos implicados no ha trascendido. Ecuador confía en que Tacla despeje esa incógnita. Otros países están celebrando reuniones para colaborar en la investigación y también confían en contar con el testimonio del abogado. Mientras tanto, el bufete que gestionaba el acusado en Sao Paulo sigue funcionando.

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