De Andorra a Panamá: Prats y Roselló, directivos de BPA, gestionaron una 'offshore'

De paraíso fiscal a paraíso fiscal. Pero con 8.500 kilómetros de por medio. Es el camino que hicieron Joan Pau Miquel Prats y Santiago Rosselló, directivos de Banca Privada de Andorra (BPA), para vincular sus nombres a una sociedad 'offshore' creada por el bufete panameño Mossack Fonseca.

[Especial los papeles de Panamá: destapamos a Mossack Fonseca, la gran trama de las sociedades 'offshore']

Miquel Prats ingresó en la carcel el 16 de marzo de hace un año, mientras ejercía como consejero ejecutivo de BPA y delegado de su filial española, Banco Madrid. Una jueza andorrana decretó prisión preventiva tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de su colaboración con el blanqueo de dinero de clientes procedente del crimen organizado. De los cárteles de la droga mexicanos hasta el chino Gao Ping, pasando por la mafia rusa. El director financiero de BPA, Santiago Rosselló, está acusado por la Audiencia Nacional de haber sido parte de esta misma trama.

Los documentos internos del despacho panameño Mossack Fonseca, que El Confidencial y La Sexta están desvelando en exclusiva para España en el marco de una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el 'Suddeütsche Zeitung', unen ahora a los banqueros andorranos con sociedades opacas afincadas en Panamá.

'Offshore' para el nuevo banquero

Un año después de ser nombrado director general y miembro del consejo de administración de BPA, en diciembre de 1995, Miquel Prats recibió los poderes de Obatra Inc., sociedad creada en ese mismo periodo y con una dirección de referencia en Andorra la Vella. El poder era compartido, en un principio, con Michel Valle, también directivo del banco andorrano. La sociedad expedía acciones al portador, un tipo de participación que hace prácticamente imposible rastrear a los verdaderos dueños de la compañía. Pero la participación de Prats en Obatra la confirma una carta firmada por él mismo. Es un documento con el que, en 1999, asegura ser dueño del certificado de acciones número 3.

El único cambio que registra la sociedad es en 2002. El ya citado poder se sustituye por uno nuevo en el que, junto a Miquel Prats, aparece Santiago Rosselló, ambos con números de DNI y pasaporte. Dos años después, en 2004, se disolvió la sociedad.

De perfil menor que Prats, Rosselló, según la investigación del caso BPA, "se ocupaba personalmente de la gestión y control de las cuentas bancarias de la organización investigada". Es identificado como el nexo del banco con varias organizaciones criminales que lo utilizaban para blanquear dinero. Viajó al menos en dos ocasiones a Rusia para, presuntamente, reunirse con representantes de la mafia en 2011 y en 2013, manteniendo sus vínculos sobre todo con la red de Andrei Petrov.

Blanqueo en el paraíso

Tanto Andorra como Panamá eran considerados paraísos fiscales por España cuando Prats y Rosselló aparecen vinculados a las sociedades panameñas. Ambos países dejaron de estar en esa lista negra durante el último Gobierno socialista, en el año 2011. Pero los directivos del banco andorrano no son los primeros residentes del país pirenaico que aparecen en los papeles. Jordi Cinca, ministro de Economía del principado, salió ante los medios nada más estallar el escándalo para explicar su relación con una sociedad panameña.

Tampoco es la primera vez que las investigaciones por blanqueo de capitales y el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca cruzan sus caminos. Hasta el punto de que el despacho, según consta en sus archivos internos, contrató una agencia de comunicación para limpiar la imagen del bufete, eliminando cualquier registro negativo en internet que contuviera cualquiera de estas palabras clave: lavado de dinero, lavado de activos, evasión fiscal, fraude fiscal, delito, tráfico de armas, 'money laundering', 'tax evasion', 'tax fraud', 'dirty money', 'scandal', escándalo.

Mossack Fonseca, en respuesta a las preguntas realizadas por los medios que han accedido a los más de 11 millones de documentos de la filtración, ha dejado claro que siempre ha respetado las normas internacionales antiblanqueo. Tan solo un mes antes de la publicación, la fiscalía brasileña ya metía el dedo en la llaga con la orden de detención para cinco empleados del despacho, supuestamente implicados en el escándalo de corrupción Lava Jato (lavadero de coches, en español). En su auto, el ministerio público definía el despacho panameño como "un gran blanqueador de dinero".

Los papeles de Panamá han arrojado nueva luz sobre este tipo de conductas. Hasta el punto de que este martes las autoridades norteamericanas han decidido actuar. La fiscalía de Nueva York ha asegurado, en una carta al ICIJ, que las tramas destapadas por los documentos son "relevantes" para investigaciones criminales.

Algo parecido ha ocurrido en Argentina, donde se empezará a investigar el supuesto blanqueo a través de empresas en Panamá por parte de un empresario cercano a la familia Kirchner, o en España, donde la Agencia Tributaria y la Fiscalía de la Audiencia Nacional han pedido a El Confidencial y La Sexta que faciliten la documentación sobre los casos publicados.