Enagás lanza un arbitraje contra Perú por la inversión de 500M en el gasoducto de GSP

Enagás lanza un arbitraje contra Perú por los 500 millones que invirtió en Gasoducto del Sur de Perú (GPS) y que aún no ha recuperado. El transportista del sistema gasista español ha agotado los plazos que se había dado y ha elevado un proceso contra el Gobierno de Lima en el Ciadi, corte arbitral del Banco Mundial, según señalan fuentes implicadas en el proceso. Posteriormente, la compañía ha confirmado esta circunstancia a la CNMV.

La compañía presidida por Antonio Llardén, cuyo principal accionista es el Estado español a través de la SEPI, solicitó el pasado mes de diciembre "el inicio de un procedimiento de trato directo previo a un arbitraje internacional con el objeto de alcanzar un acuerdo amistoso en relación a la controversia existente sobre la inversión realizada por la Sociedad en el proyecto del Gasoducto del Sur Peruano, S.A", según explicó a la CNMV.

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Sin embargo, al no resolverse el problema en este periodo, Enagás dará el siguiente paso que tenía previsto, y que pasaba por poner el caso en manos de un tribunal arbitral internacional para que resuelva la controversia. Enagás ha declinado hacer comentarios a El Confidencial sobre esta acción judicial.

Pese a que la compañía ha asegurado durante todo este tiempo que la predisposición del Gobierno peruano era positiva, los continuos problemas internos del ejecutivo suramericano están demorando los plazos. Enagás inició la resolución amistosa con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, este dimitió el 23 de marzo de 2018, tras hacerse públicos una serie de vídeos donde se ve implicado presuntamente en un soborno. Poco antes, este mandatario había salvado una moción de censura tras indultar al expresidente Alberto Fujimori, lo que desató airadas protestas por todo el país.

Para resolver este problema, Enagás se reforzó el pasado año y contrató los servicios de Deloitte, Linklaters, FTI Consulting y Grau

Para resolver este problema, Enagás se reforzó y contrató los servicios de Deloitte, Linklaters, FTI Consulting y Grau, tal y como adelántó El Confidencial.

Enagás vio truncada su aventura en el Gasoducto del Sur de Perú cuando se destapó el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, uno de los socios del proyecto en el que participa el operador del sistema gasista español. Tras descubrirse las actividades ilícitas de la compañía, GSP no fue capaz de lograr el cierre financiero para desarrollar el proyecto y Enagás quedó pillada tras invertir cerca de 500 millones que aún no ha provisionado por recomendación de sus auditores, que siguen considerando que se recuperará el dinero.

"Sobre la base de los análisis e informes periciales realizados por sus asesores externos jurídicos y financieros, la Sociedad considera hoy que recuperaría la inversión realizada en GSP en un plazo estimado de 3 años, y ratifica de esta manera los objetivos de crecimiento del beneficio después de impuestos (BDI) del ejercicio 2018", señala la firma a la CNMV.

Pese a todo, Enagás está a la espera de recuperar esta inversión cuando se relicite el proyecto. No obstante, la paralisis política está alargando los plazos y la compañía no quiere esperar más ni tener que pagar los platos rotos de la red corrupta de Odebrecht.

La discrepancia entre Perú y Enagás

Según explicó a los analistas el presidente del operador gasista, Antonio Llardén, la Administración peruana considera que el reglamento general de hidrocarburos se aplica en este caso con caracter preferente al contrato de concesión.

Ello implicaría que una serie de garantías contempladas en el susodicho contrato se verían disminuidas, lo que podría afectar a la recuperación de su inversión. Sin embargo, cabe destacar que estas garantías sólo será necesario ejecutarlas si el proceso de relicitación queda desierto.

El Gobierno de Perú considera que el reglamento general de hidrocarburos se aplica en este caso con caracter preferente al contrato de concesión

En su día, la gasista sostenía que la Administración Peruana no había avanzado lo suficiente en los trámites necesarios para calcular el Valor Neto Contable de los Bienes de la Concesión (“VCN”), deducidos los gastos incurridos en el proceso de subasta.

Enagás abonó para este proyecto empresarial 213 millones en concepto de garantías financieras como accionista del proyecto más otros 275,3 millones aportados en concepto de capital social.