tiene más de 500 millones comprometidos

Enagás negocia con Perú (asesorado por Deloitte y Linklaters) antes de ir a arbitraje

La compañía cuyo máximo accionista es el Estado a través de la SEPI abre la puerta a emprender acciones legales contra la administración peruana si persisten las discrepancias sobre GSP

Foto: Logo de la sede de Enagás en Madrid. (Reuters)
Logo de la sede de Enagás en Madrid. (Reuters)

Enagás ya no espera más. "La compañía solicita al Estado Peruano el inicio de un procedimiento de trato directo previo a un arbitraje internacional con el objeto de alcanzar un acuerdo amistoso en relación a la controversia existente sobre la inversión realizada por la Sociedad en el proyecto del Gasoducto del Sur Peruano, S.A", según explica a la CNMV.

Enagás no está dispuesta a pagar los platos rotos del escándalo provocado por la corrupción de Odebrecht en Perú. Según fuentes próximas al operador de gas, la compañía ha contratado los servicios de Deloitte, Linklaters, FTI Consulting y Grau para hacer valer sus derechos en el proceso de salida de Gasoducto del Sur de Perú (GSP), donde tiene comprometidos cerca de 500 millones de euros y tuvo que salir tras destaparse la trama de sobornos de la constructora brasileña, su socia en el proyecto.

El principal objetivo de Enagás al iniciar el trato directo es recuperar su inversión y lleva adelante esta acción por entender que así es como mejor puede defenderse. No obstante, en una nueva liciatación, la empresa podría estar interesada en estar en el proyecto si se dan las condiciones adecuadas, apuntan fuentes conocedoras del proceso. De momento, la empresa mantiene sus objetivos de crecimiento de beneficio al entender que recuperará la inversión. Es decir, que por ahora no provisiona estos 500 millones de euros.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal (d), junto al presidente de ENAGAS, Antonio Llardén. (EFE)
El ministro de Energía, Álvaro Nadal (d), junto al presidente de ENAGAS, Antonio Llardén. (EFE)

La compañía informó en sus resultados del tercer trimestre que sigue dando pasos para abandonar GSP de forma satisfactoria, es decir, con todo el capital invertido bajo el brazo, tal y como aseguró la propia Enagás hace ya meses. Sin embargo, la compañía ha encontrado este escollo en el camino. Según explicó a los analistas el presidente del operador gasista, Antonio Llardén, y señala ahora a la CNMV, la Administración peruana considera que el reglamento general de hidrocarburos se aplica en este caso con caracter preferente al contrato de concesión.

Ello implicaría que una serie de garantías contempladas en el susodicho contrato se verían disminuidas, lo que podría afectar a la recuperación de su inversión. Sin embargo, cabe destacar que estas garantías sólo será necesario ejecutarlas si el proceso de relicitación queda desierto.

En cualquier caso, GSP ya ha formulado al Gobierno de Perú, que ha sido renovado durante este verano, expresa reserva para solucionar este asunto. Enagás señaló que mantenía un buen diálogo y relación con las autoridades para desatascar este fiasco pero que si finalmente no viera satisfechos adecuadamente sus derechos podría instar las acciones legales que para defensa de los mismos reconoce el contrato de concesión. Dicho de otro modo, si el operador gasista, cuyo máximo accionista es el Estado español, ve comprometida su inversión, no le quedaría otro remedio que acudir a un arbitraje internacional.

Por eso ahora, Enagás sostiene que la Administración Peruana no ha avanzado lo suficiente en los trámites necesarios para calcular el Valor Neto Contable de los Bienes de la Concesión (“VCN”), deducidos los gastos incurridos en el proceso de subasta.

Estas acciones las emprende como Enagás y sin contar con los socios de GSP. Estos socios (Enagás, Odebrecht y Montero y Graña) hicieron la entrega del activo a la Administración, que mantiene la idea de relicitar el proceso pero no avanza en el proceso. Con la subasta Enagás espera recuperar el capital que aporten los inversores que decidan embarcarse en GSP y servirían para pagar a la firma presidida por Antonio Llardén los 213 millones que ya ha abonado la compañía en concepto de garantías financieras como accionista del proyecto, ya que los bancos salieron espantados tras destaparse el escándalo de Odebrecht más otros 275,3 millones aportados en concepto de capital social.

Ahora hay seis meses antes de ir a CIADI o Unicitral, los dos tribunales de arbitraje internacional que contempla el Acuerdo suscrito entre Perú y España

El problema vendría en caso de quedarse el concurso desierto. En ese escenario, el contrato de concesión reconoce que el Estado peruano garantiza el 72,25% del mismo, lo que llevó a la 'utility' española a informar publicamente que podría recuperar la inversión. El problema ahora es que ese nivel de garantía quedaría en el aire de persistir la postura del nuevo Gobierno peruano, que dice que el reglamento de hidrocarburos prevalece sobre lo firmado previamente en el contrato de concesión. Ahora hay seis meses antes de ir a CIADI o Unicitral, los dos tribunales de arbitraje internacional que contempla el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre la República del Perú y el Reino de España (“APPRI Perú-España”).

Enagás se mantiene a la espera de resolver esta discrepancia que según sus servicios legales no tiene base jurídica. En el tercer trimestre del año, y en base a la prouesta de Antonio Llardén al consejo de Administración, es cuando Enagás se ha dotado, a parte de sus propios servicios internos, para salvaguardar sus intereses en este asunto de la asesoría jurídica experta como es Linklaters, que es su asesor de cabecera y Grau, firma peruana que sirve para asesorarles en el país donde si hizo la inversión. Además está Deloitte, big four distinta de su auditor que es Ernst&Young. Esta firma es la que supervisa el proceso y da detalle al consejo de administración y quien señaló que todo este proceso no tiene impacto en las cuentas de la compañía a cierre de septiembre de 2017. Por úlitmo, FTI Consulting asesora como experta en cuestiones de energía.

Enagás ganó en los nueve primeros meses del año 375,7 millones de euros, un 18,4% más que el año anterior, gracias a que en este periodo ya consolida su participación en la chilena GNL Quintero. Eliminado esta participación, el beneficio después de impuestos crece un 1,6%. La compañía ha experimentado una demanda de gas del 9,3% impulsado por la mayor demanda para generación de electricidad y el repunte de la industria. Pese a ello, los ingresos han disminuido un 1,2%, sin contar su participación chilena, y el ebitda ha retrocedido un 0,6%.

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