ACS irá a los tribunales para no devolver 210 M que cobró del proyecto fallido Castor

Florentino Pérez se defenderá en los tribunales para evitar un nuevo roto por el caso Castor. Escal UGS, sociedad controlada en un 66,7% por el Grupo ACS, va a recurrir ante la Audiencia Nacional en los próximos días contra la reciente resolución de la CNMC que le obliga a devolver 209,7 millones de euros por la retribución financiera que recibió en 2014, 2016 y 2017 por el almacén gasista fallido en las costas de Castellón.

Según destaca la compañía, "en línea con la opinión de sus abogados externos, el grupo considera que tiene derecho legal al cobro de las cantidades reclamadas por la CNMC, que ya fueron cobradas en su día, con independencia de que el mecanismo que se utilizó por la Administración se haya considerado actualmente que no era el adecuado".

Según explica el grupo constructor, "el 24 de octubre de 2018, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia notificó a Escal UGS el acuerdo de inicio del procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones definitivas de las actividades reguladas del sector del gas natural con relación a los pagos efectuados a Escal UGS con cargo a la liquidación de 2014 (reflejada en la liquidación del ejercicio 2016), relativos al almacenamiento subterráneo Castor por la retribución financiera percibida por dicha sociedad".

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EFE

"Escal UGS presentó alegaciones en contra de la procedencia de la revisión. Con fecha 7 de febrero se recibió propuesta de resolución en la que no atiende las alegaciones y mantiene la revisión de los acuerdos que dieron lugar a diferentes pagos a favor de Escal UGS, con ocasión de las liquidaciones definitivas de 2016 y 2017. Con fecha 8 de julio de 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha notificado a Escal UGS la resolución de fecha 5 de julio en la que declara la nulidad de pleno derecho de las liquidaciones de 2014, 2016 y 2017, en lo relativo al reconocimiento a Escal de los importes en concepto de retribución financiera establecida en el artículo 4.3 del Real Decreto-ley 13/2014", prosigue la multinacional del también presidente del Real Madrid.

El almacén de gas Castor que construyó Escal UGS en las costas de Vinaroz (Castellón) es un proyecto fallido que tuvo que ser paralizado después de que aumentaran los terremotos en la zona cuando se empezó a inyectar gas en el mismo. Pese a ello, el Grupo ACS cobró más de 1.300 millones de euros, dado que una cláusula del contrato con la Administración contemplaba el pago pese a que no se llevara a puerto. El proyecto fue asumido por Enagás como gestor del sistema gasista, quien titulizó el activo con una emisión de bonos con los bancos (Santander, CaixaBank y Bankia), que cobraban mes a mes de la factura de gas de los consumidores.

El Tribunal Constitucional decidió a finales de 2017 declarar inconstitucional la forma de pago para indemnizar por la paralización del proyecto Castor

Sin embargo, a finales de 2017 el Tribunal Constitucional decidió que la forma en que se había articulado el pago del proyecto, a través de un real decreto, no era la adecuada, ya que no estaba justificada la medida de urgencia. De haberlo hecho por ley, necesitaba el plácet del Congreso, algo que hubiera tenido un alto coste político para el Gobierno de Rajoy.

Al declarar su inconstitucionalidad, la CNMC, encargada de retribuir con los pagos en la factura del gas, suspendió el proceso. Además, ahora, con el respaldo del Consejo de Estado, ha decidido pedir las cantidades que se pagaron previas a 2017. En total, casi 400 millones. 200 millones de Escal UGS y otros 200 de Santander, Bankia y CaixaBank. También se incluye una reclamación de más de 30 millones de euros a Enagás.

Al margen de lo anterior, ACS recoge en su memoria semestral que "en diciembre de 2014 el Ministerio Fiscal interpuso demanda por un presunto delito contra el medioambiente y los recursos naturales como consecuencia de los microsismos detectados en la zona del almacenamiento de gas Castor. Dicha demanda se encuentra en una fase inicial de instrucción en la que el juzgado no ha dictado a la fecha ninguna resolución. Los administradores del grupo, en base a la situación del procedimiento indicado anteriormente y la opinión de sus asesores legales, consideran que el desenlace de los mismos no producirá un efecto significativo adverso en los estados financieros consolidados de los ejercicios en los que se resuelvan".