El Supremo obliga al Gobierno a devolver 18 millones de gastos del almacén de gas Castor
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Aún debe resolver recursos de 2016, 2017 y 2018

El Supremo obliga al Gobierno a devolver 18 millones de gastos del almacén de gas Castor

El alto tribunal estima una demanda de la patronal catalana Cecot contra los pagos realizados por el sistema gasista a Enagás Transporte en concepto mantenimiento y operación de la planta en 2015

placeholder Foto: Foto de recurso de una planta de gas. (Reuters)
Foto de recurso de una planta de gas. (Reuters)

Los usuarios de gas están de enhorabuena. El Tribunal Supremo ha estimado un recursos de la patronal catalana Cecot por la que obliga al Gobierno a devolver casi 18 millones de euros de gastos pagados a Enagás Transporte en concepto de operación y mantenimiento de la planta de almacenamiento de gas Castor en 2014 y 2015, después de que esta ya hubiera sido paralizada por los terremotos que se produjeron años antes en las costas de Castellón donde se encuentra ubicada.

La sentencia de la Sala Contencioso-Administrativa del alto tribunal anula estos pagos que se realizaban con cargo al sistema gasista (pago de peajes a través de la factura del gas) una vez que el Tribunal Constitucional anulara el Real Decreto-ley 13/2014 el año pasado. El fallo judicial, al que ha tenido acceso El Confidencial, considera que los preceptos de la Orden que articulaba el pago de casi 18 millones de euros para los trabajos de mantenimiento y operatividad de la planta "han quedado privadas de todo respaldo y deben, por tanto, ser declaradas nulas" una vez que el real decreto del que parte la Orden IET/2445/2014 fue considerado inconstitucional.

A lo anterior añade que se "declare la obligación de la Administración General del Estado de adoptar las medidas procedentes para obtener el reintegro de las cantidades pagadas".

Esta decisión se limita al año 2015, pero la patronal Cecot realizó sendas denuncias por los años 2016, 2017 y 2018, con lo que esperan que los fallos sean en el mismo sentido que el anunciado este jueves.

La situación del almacén de gas Castor dio un giro de 180 grados en 2017, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la forma de resarcir a la compañía constructora y operadora del almacén de gas, Escal UGS, participada mayoritariamente por el Grupo ACS que preside Florentino Pérez. Tras la resolución judicial, la CNMC decidió suspender los pagos vía factura del gas de 80 millones que cada año se realizaba a los bancos que se quedaron con el derecho de cobro de la indemnización. Esta reconocía poder recibir 1.350 millones de euros a UGS Escal, que primeró se la vendió a Enagás y posteriormente la gasista le transmitió este derecho de cobro a Santander, Bankia y Caixabank.

Ahora además se empiezan a cuestionar los pagos ya realizados antes de 2018, año en que se dejó de abonar esta indemnización. La patronal Cecot solicitaba la devolución de los pagos hechos como representante de diversas empresas, muchas de las cuales soportan un importante coste de gas para el desarrollo de sus negocios.

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