Siete grandes del Ibex siguen en el foco por conflictos de interés con su auditor externo

Siete grandes empresas del Ibex 35 han vuelto a suspender el examen sobre independencia de su auditor externo, según publica la Fundación Compromiso y Transparencia en su informe sobre 2018, en el que analiza las prácticas de las grandes cotizadas españolas en materia de transparencia y responsabilidad fiscal.

En el quinto punto, referente a auditoría, este grupo de expertos pone en el punto de mira a Banco Santander, Naturgy, ACS, Acciona, Merlin Properties, Banco Sabadell e Indra, quienes, según explica, mantienen todavía la mala práctica de contratar servicios de asesoría fiscal. En sus conclusiones, determina que el incumplimiento de este criterio de prudencia "aumenta los riesgos de conflictos de interés y, lo que es más grave, de elusión fiscal".

Empiezan a tomárselo en serio

Se trata de una cuestión que muchas empresas se están empezando a tomar en serio. El informe subraya que ha aumentado significativamente el número de empresas del Ibex que cumplen el criterio de exclusividad, al no contratar servicios de asesoría fiscal con la misma firma que realiza la auditoría legal de su contabilidad. De 2017 a 2018, las firmas del Ibex que cumplen con este criterio han pasado de ocho a 15, aunque no detalla cuáles. Aun así, hay otras 12 empresas que son completamente opacas en este sentido y no dan ninguna información, con lo que no se puede saber si a su auditor externo además se le contrata servicio de asesoría legal.

Esto quiere decir que un 57% de las empresas del Ibex no cumple, bien por falta de transparencia o por falta de independencia. Aun así, este dato es sensiblemente mejor al de hace un año, cuando hasta el 77% de las compañías suspendían este examen.

El informe, liderado por Javier Martín Cavanna (exdirector de desarrollo corporativo del IESE) y Concepción Sacristán Sánchez (consultora internacional en Centro Interamericano de Administraciones Tributarias), entiende que "si la empresa encargada de realizar la auditoría legal presta también servicios de asesoría fiscal, existe un riesgo importante de que colaboren con la empresa diseñando y promoviendo esquemas de planificación tributaria que se consideren potencialmente agresivos".

El activo papel que han jugado las Big Four asesorando a las grandes empresas para eludir la normativa fiscal “aconseja —como señala John Peterson, responsable de la unidad sobre planificación fiscal agresiva de la OCDE— que nuestras medidas apuntasen no solo a los promotores sino también a los asesores locales y al resto de proveedores de servicios que desempeñan un papel clave en la cadena de suministro global de este tipo de mecanismos".

En el caso de las siete empresas señaladas, las cuatro Big Four están implicadas. Tanto PwC como Deloitte, EY y KPMG son auditoras externas de alguna de estas compañías y además actúan como asesoras legales. Los expertos consultados aseguran que el conflicto de interés es muy fuerte, dado que si una de estas empresas ha diseñado una estrategia fiscal agresiva para su cliente, difícilmente la misma compañía pueda censurar una de estas prácticas cuando se pone el gorro de auditora legal.

Según el informe elaborado por Compromiso y Transparencia, "la buena calidad de las auditorías contribuye al correcto funcionamiento de los mercados, de ahí que los auditores legales desempeñen una función de interés público especialmente importante". La labor del auditor ha estado muy cuestionada en grandes escándalos empresariales como el de Enron (Arthur Andersen terminó en quiebra por su falta de control en el caso) o la salida a bolsa de Bankia (donde la actuación de Deloitte está siendo cuestionada). Otra que también se está viendo señalada es PwC, que fue auditora de Banco Popular durante los 20 años previos a su quiebra, que se saldó con la resolución de la entidad y venta por un euro al Banco Santander, después de que accionistas y bonistas júnior lo perdieran todo. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha abierto varios expedientes al respecto.

TE PUEDE INTERESAR

Hacienda incrementa el control sobre los beneficios que declaran las multinacionales

Juan Cruz Peña

Por ello, el análisis del informe está enfocado a "tratar de evitar los riesgos de conflictos de intereses que pueden afectar al auditor al prestar servicios que requieren emitir juicios de valor que pueden ser contradictorios. También se trata de evitar que un mayor conocimiento interno de la empresa, sus operaciones y flujos financieros, derivado de la realización de la auditoría legal, pueda favorecer el diseño de instrumentos de planificación fiscal agresiva".

Por todo lo anterior, el informe subraya que "el artículo 529, apartado 4.f) de la Ley de Sociedades de Capital confirma la conveniencia de que la comisión de auditoría vele especialmente por la independencia del auditor al requerir a la misma un informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración motivada de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a que hace referencia la letra anterior, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas". Un camino que aún muchas empresas no han empezado a recorrer.