Extremadura trata de enderezar el proyecto minero clave para impulsar el coche eléctrico

La compañía australiana Infinity Lithium, propietaria junto con Sacyr del proyecto de explotación minera y tratamiento industrial de San José Valdeflores (Cáceres), ha asegurado al mercado australiano que "la Junta de Extremadura estará a disposición de la 'joint venture' para colaborar, aclarar y acompañar a las compañías a través del procedimiento administrativo del proceso de permisos". En esta línea, sostiene que la Administración autonómica ha aclarado además su "deseo de simplificar y monitorear los proyectos hasta su implementación".

Tras este comunicado, la compañía lanzó otro con el que retiraba la suspensión voluntaria de cotización en la bolsa de Australia, que había levantado dos días antes. La firma decidió parar la cotización después de que la semana anterior se generara una fuerte alarma, tras difundirse que la propia Administración regional había anulado los permisos a la empresa de la mina y cancelara la solicitud para su explotación. Según destacaban los medios locales, un dictamen de la Comisión Jurídica de Extremadura avalaba la denuncia de una asociación ecologista relativa a la falta de información pública. El problema partía de que el proceso de concesión de la explotación no habría cumplido con los requisitos de publicidad exigidos por la ley (se dieron 30 días de plazo en lugar de 45).

Sin embargo, la empresa australiana aseguraba este mismo martes a sus inversores que el Gobierno autonómico ha cometido un error administrativo, asegura que "mantiene los derechos preferenciales" y añade que la propia Junta extremeña ha reconocido su error y está trabajando con la empresa para "corregir el defecto administrativo histórico y seguir adelante". Sin embargo, la celeridad en el procedimiento es clave, con lo que retrotraer procesos administrativos de 2016 puede provocar que el proyecto se caiga.

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Pese a los mensajes de calma tras la alarma suscitada de la semana pasada, que ponían el fin definitivo de este proyecto 20% minero y 80% industrial pero aún en proceso de tramitación administrativa, el propio consorcio de Infinity Lithium y Sacyr muestra cautela: "La empresa es consciente de los riesgos asociados con la concesión de la licencia de minería y no puede garantizar que las solicitudes actuales o adicionales finalmente se otorguen, en su totalidad o en parte".

Con este proyecto, más allá del interés de la empresa, España se juega buena parte de sus posibilidades para el desarrollo futuro del vehículo eléctrico en territorio nacional, apuntan fuentes del sector implicadas en la implantación de la nueva movilidad sin emisiones. Sobre el mismo, está puesta la mirada también de Bruselas, que pretende desarrollar la movilidad eléctrica, y la batería de litio es una pieza clave.

No en vano, los responsables del consorcio que pretende explotar la mina de litio y producir posteriormente hidróxido de litio aseguran que se trata del segundo enclave con mayores posibilidades en Europa. Con este material se fabrican las baterías de los coches eléctricos. En este sentido, tratan de poner en valor el potencial del mismo y subrayan que en este mes de junio tienen prevista la visita de la European Battey Alliance, una formación creada por la Comisión Europea junto con el Banco Europeo de Inversión (BEI) y algunos de los fabricantes más destacados como Volkswagen. El consorcio minero, 75% de la empresa australiana y 25% de Sacyr, asegura que tiene conversaciones avanzadas con diversas empresas para suministrar su producto.

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C. S.

Pese a ello, la explotación no es del agrado de una buena parte de la población local. Contra el proyecto se ha creado la plataforma ambientalista Salvemos la Montaña. Los detractores dudan del potencial del proyecto y temen los riesgos para el medioambiente. De hecho, ningún partido lo ha apoyado explícitamente. Fuentes al tanto del proyecto creen que la preocupación de la Junta es por cumplir con todos los trámites legales y a partir de ahí decidir. Los promotores aseguran que realizarán una inversión inicial de 300 millones de euros que generará 1.000 puestos de trabajo en la región entre directos, indirectos e inducidos.

La controversia se produce en la misma semana en que la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, se encuentra de visita oficial en China, donde trata de apoyar al sector automovilístico y concretamente al desarrollo del vehículo eléctrico. Compañías de China, potencia mundial en este tipo de movilidad, tienen alianzas con diversas empresas españolas como Seat o Gestamp. La propia responsable del Gobierno instó a los fabricantes chinos a que pongan una fábrica de baterías en España.

El desarrollo del vehículo eléctrico se trata de un tema crucial para la industria automovilística española. Actualmente, el 11% del PIB nacional procede de los ensambladores de coches. España es el segundo mayor fabricante de coches de Europa. Sin embargo, los expertos creen que el país se está quedando atrás en el futuro del sector automovilístico. España es una potencia en motores de combustión convencional (diésel y gasolina), pero ante las restricciones que se están levantando, de la adaptación dependerá el futuro de una parte importante de la economía española y su industria.