SECTOR LEGAL

Una realidad incómoda: cónclave de la abogacía para abordar el registro de jornada

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) celebra pleno el próximo 7 de junio y en la agenda del día está el registro de la jornada, un asunto que preocupa enormemente al sector

Foto: La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega. (EFE)
La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega. (EFE)

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) celebra pleno el próximo 7 de junio y en el orden del día está el polémico registro de jornada, una bomba para las empresas en general y para la abogacía en particular, donde el horario cerrado no existe y los profesionales, especialmente los que trabajan en grandes firmas, están acostumbrados a interminables jornadas de trabajo.

En concreto, a la cita están convocados los 83 decanos de los colegios profesionales que se distribuyen por toda España, los presidentes de los Consejos Autonómicos de los colegios y 11 consejeros electivos. Todos ellos debatirán, entre otras cuestiones, sobre la entrada en vigor del espinoso registro de la jornada y las posibilidades de que el sector 'escape' (legalmente) de esta normativa.

Fue la propia Victoria Ortega, presidenta del CGAE, la que se comprometió personalmente a dar una respuesta institucional a este quebradero de cabeza para las firmas. Como ya publicó El Confidencial, la preocupación es real y no todas tienen totalmente claro cómo actuar. Los abogados que trabajan en despachos pertenecen al régimen laboral especial, lo que en teoría les exime de la aplicación de la nueva ley, pero por ahora hay más dudas que certezas.

El registro obligatorio de la jornada laboral entró en vigor el pasado 12 de mayo. Desde ese día, todas las empresas están obligadas a registrar la jornada diaria de todos sus empleados, incluidos los descansos, y guardar los datos durante un periodo de cuatro años. La normativa prevé que tanto la empresa como los empleados participen en el diseño y puesta a punto del registro para tratar de garantizar que no se producen abusos por ninguna de las dos partes.

En palabras de la ministra del ramo Magdalena Valerio, "nadie" se ha tomado en serio la entrada en vigor del registro. Así lo señaló la titular de la cartera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social un día después de que la normativa fuese efectiva y dos meses después de su aprobación. De no cumplir con este sistema, las compañías se exponen a multas que oscilan entre los 626 y 6.250 euros. Y aunque Valerio ha advertido que la Inspección de Trabajo actuará si es necesario, también aclaró que se dará margen de maniobra a aquellas compañías que demuestren que ya trabajan en la implantación del registro de marras si todavía no lo tienen.

Empresas

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
18 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios