SENTENCIA

Botín gana otro asalto clave por Popular: el juez no ve enriquecimiento injusto

Un juzgado de Madrid da la razón a Santander en la primera demanda por enriquecimiento injusto, una vía que de ser admitida supondría un golpe para las cuentas de la entidad

Foto: Ana Botín, presidenta de Santander. (EFE)
Ana Botín, presidenta de Santander. (EFE)

El caso Banco Popular se ha convertido en una de las mayores batallas judiciales de los últimos tiempos. Hay múltiples frentes y demandantes, e incluso varios objetivos (Santander, JUR, BCE y el Reino de España, entre otros). La guerra comenzó del lado de los reclamantes, aunque en las últimas semanas ha dado un giro a favor de Santander, con varios fallos importantes. El último, hace dos días.

Así, la entidad presidida por Ana Botín se ha impuesto esta semana en una sentencia clave, la primera demanda por enriquecimiento injusto con la compra de Popular. Este proceso era importante no tanto por el importe reclamado —50.000 euros— sino porque esta demanda es la punta de lanza de otras de cientos de millones que están por llegar. La sentencia es recurrible, y desde el despacho de la demandante, Fieldfisher Jausas, señalan que van a seguir peleando con esta y nuevas demandas, y con nuevas pruebas conocidas en los últimos meses.

El fallo en cuestión es del pasado lunes 20, por parte del Juzgado de primera instancia número 84 de Madrid: "El eventual enriquecimiento de la demandada encontraría amparo legal en la normativa aplicada" por la resolución del Popular ordenada por la Junta Única de Resolución (JUR) europea el 7 de junio de 2017, según la sentencia. Es decir, como fue una decisión tomada en Europa y ajena a Santander, el potencial enriquecimiento no sería injusto.

A ello, el juzgado añade que "el empobrecimiento de la demandante derivaría, en todo caso, de la aplicación del mecanismo de resolución [...] y la parte demandante no prueba que la operación de compra por parte de Banco Santander le haya supuesto un perjuicio superior al que hubiera soportado de no producirse aquella operación".

Alegaciones

En su escrito, los demandantes alegaban que "Banco Popular era una entidad solvente, que se vio afectada por un proceso de resolución por un problema de liquidez, que el proceso de resolución concluyó con la venta de la entidad a Santander a un precio irrisorio, que ha generado un descomunal enriquecimiento al banco, equivalente al empobrecimiento de 305.000 familias y empresas", según el escrito del juez.

De hecho, aportaron un informe pericial que determinaba que Santander pagó 6.500 millones de menos.

De cara al recurso contra la sentencia y a las nuevas demandas, los perjudicados prevén usar el informe pericial del caso Popular, elaborado por dos inspectores del Banco de España, y las plusvalías de casi 500 millones que ha tenido la sociedad a la que se traspasó el ladrillo del banco en la venta a Blackstone.

Hay muchos ojos pendientes de esta vía para reclamar por Banco Popular, incluidos grandes inversores como el chileno Luksic, que perdió más de 100 millones en la resolución de 2017.

Santander ya compensó a parte de los afectados por las pérdidas en Popular, a través del bono fidelización. Pero solo a los que invirtieron en la ampliación de capital de 2016 y con una serie de condiciones. Tanto en el sector financiero como en el jurídico, se da por hecho que el banco tiene controlado el potencial golpe que pueda encajar por esta operación. Pero varios bufetes están intentando abrir vías tanto contra la resolución (en Luxemburgo) como contra la ampliación de 2012, entre las que se incluyen las de enriquecimiento injusto. Un riesgo que podría hacer que la compra de Popular dejara de ser rentable para Santander.

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