Iberdrola pierde 140 millones en un juzgado de Estados Unidos por una obra fallida

El viento se pone en contra de Iberdrola en Estados Unidos, el mercado más importante para el grupo, donde consigue el mayor beneficio operativo. Junto al ‘profit warning’ anunciado por Avangrid, su filial estadounidense, por la falta de viento en el periodo, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán acaba de recibir la notificación de la ejecución de un aval de 140 millones por una obra fallida.

Se trata del proyecto Salem Harbour Footprint, la compañía americana que a finales de 2014 encargó a la eléctrica española la construcción de una central de ciclo combinado por 700 millones de dólares (565 millones de euros). Sin embargo, diferencias sobre el desarrollo del proyecto, que acumuló más de un año de retraso, provocó una guerra judicial entre la contratista e Iberdrola, a la que le fue rescindido el contrato por “incumplimiento”, como adelantó El Confidencial en abril de 2018.

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José María Olmo

La primera decisión del tribunal de arbitraje al que ambas empresas acudieron para solventar su litigio ha sido en contra de la empresa con sede en Bilbao, ya que se ha dictado la ejecución de un aval por 140 millones. La próxima vista tendrá lugar en abril, donde presuntamente se decidirá si Iberdrola tiene además que pagar una penalización de 200 millones de euros o si consigue recuperar los 300 millones que le exige a Footprint. Pero este primer revés es una mala indicación de cómo puede acabar el arbitraje, según reconocen fuentes internas del grupo español.

El proyecto denominado Salem Harbour, situado a 30 kilómetros de Boston (Massachusetts), consistía en el desarrollo de un ciclo combinado de gas de 674 megavatios de potencia instalada. El objetivo era dar energía a casi 300.000 hogares. Estaba siendo desarrollado por Iberinco, la filial de ingeniería de la multinacional española, que el pasado año fue absorbida por la matriz por los numerosos problemas que había tenido en el desarrollo de sus obras para terceros.

Unos problemas que, además del impacto reputacional tras la sanción por corrupción del Banco Mundial, le provocaron pérdidas de más de 400 millones de euros en los últimos años. Esto obligó a Iberdrola a suscribir varias ampliaciones de capital para sacar a la filial de la situación de insolvencia. Galán optó por destituir a toda la cúpula directiva y dejar de realizar proyectos para empresas ajenas al grupo.

La filial, en cuyo consejo estaba Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal hasta el pasado mes de noviembre, tiene otro conflicto en Norteamérica

Desde la compañía española, se califica la postura de Footprint como de “mala fe y sin causa objetiva”, porque la obra de Salem estaba terminada al 98%. Por contra, el contratista estadounidense asegura que Iberinco ha incumplido sus obligaciones, ya que la central debía haber estado terminada a finales de 2016, por lo que se ha visto en la obligación de rescindir el contrato. Burns & McDonnell, con sede en Kansas City, Misuri, ahora supervisará el proyecto después de haber estado ya trabajando en un segundo plano desde diciembre de 2017 ante el conflicto con Iberdrola.

La filial, en cuyo consejo estaba Ignacio López del Hierro hasta el pasado mes de noviembre, tiene otro conflicto en Norteamérica. En concreto, en Canadá, donde la empresa eléctrica se enfrenta a otro arbitraje en Vancouver por dos proyectos de biomasa que suman unos 353 millones de euros.

El proyecto estrella de Alemania

Iberdrola tiene tambien otro arbitraje interpuesto por Offshore Windforce (OWF) por la construcción del parque eólico de Wikinger, uno de sus proyectos marinos más relevantes. En concreto, por la instalación de las cimentaciones de los aerogeneradores a OWF. Durante el proceso de construcción hubo algunas diferencias entre las partes que acabaron en una reclamación contractual mutua, de extensión de plazo y costes por parte de OWF y de penalización por retraso por parte de Iberdrola.

Con fecha 14 de julio de 2018, la española recibió una reclamación arbitral de OWF por importe de 71,54 millones, que han sido provisionados por el alto riesgo de pago, según reconoce Iberdrola.