Iberdrola pone en cuarentena a López del Hierro tras las grabaciones con Villarejo

Las grabaciones de Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, con el comisario José Villarejo le pueden costar muy caras al empresario. Tras ser liquidado su contrato como miembro del consejo asesor de Société Générale en España, Iberdrola, de la que es consejero de dos filiales, ha puesto en revisión la permanencia del lobista por si las conversaciones con el policía actualmente en la cárcel vulneran el código ético y la reputación de la empresa eléctrica. Así lo han confirmado fuentes próximas a las partes, que todavía no han tomado una decisión firme.

Desde mayo de 2012, López del Hierro es consejero de Iberdrola Ingenieria y Construcción, conocida como Iberinco. Esta sociedad se vio envuelta en varios casos de corrupción, especialmente uno relacionado con la puesta en funcionamiento de una planta en Letonia que en su día fue inaugurada por el entonces rey Juan Carlos. La investigación interna llevada a cabo con Iberdrola supuso la destitución de toda la cúpula directiva de la filial por tercera vez en cinco años y, además, la implantación de un código ético muy estricto en la línea con la matriz.

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Aquella guía, llamada 'Programa de cumplimiento ético', desarrollaba una serie de preceptos para tener una “actuación ética y un comportamiento responsable en todos los ámbitos, impulsando una cultura preventiva basada en el principio de tolerancia cero hacia la comisión de actos ilícitos y situaciones de fraude”. Exigía, incluso, “las denuncias internas de potenciales conductas indebidas e infracciones del citado código”.

Un año más tarde, en octubre de 2013, Ignacio Sánchez Galán, presidente de la multinacional energética, lo contrató también para sentarse en el órgano de gobierno de Iberdrola Inmobiliaria, en cuyo consejo López del Hierro era y es todavía el único miembro con carácter independiente y, por tanto, ajeno a la cúpula del grupo eléctrico. Lo mismo ocurre en Iberinco, sociedad en cuyo cargo fue renovado hace poco más de 12 meses para cuatro años más.

Sin embargo, Iberdrola ha puesto en manos de la comisión de cumplimiento que revise si las revelaciones de las conversaciones con Villarejo —en las que el marido de Cospedal le pide, ente otras prácticas, investigar a un hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba, conseguir información privilegiada sobre casos de corrupción que afectaban al Partido Popular, con el fin último de entorpecer a la Justicia, y hacer un dosier sobre Javier Arenas para defenestrarlo en el PP— afectan a la reputación de la multinacional.

El código ético de Iberdrola no dice nada concreto sobre este tipo de actuaciones, sobre reunirse con un comisario, hoy encarcelado, para conseguir información por canales poco transparentes. Sus enunciados son reglas generales sobre qué hacer y no hacer dentro de unos principios y de la ley. Pero sí puntualiza que “ningún administrador, profesional o proveedor de las sociedades del Grupo puede justificar una conducta impropia, ilegal o que contravenga lo establecido en el sistema de gobierno corporativo”, así como "estar inmerso en procedimientos judiciales, penales o administrativos que puedan perjudicar la imagen, la reputación o los intereses del Grupo”.

Cierre de filas con Acebes

Según otras fuentes, la dimisión de Cospedal como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular ha dejado ya casi vista para sentencia la posición de López del Hierro en Iberdrola, pese a que Galán suele proteger a los políticos nombrados de forma personal. De hecho, ha mantenido a Ángel Acebes, el que fuera ministro de Interior, en el consejo de la matriz pese a su imputación en el caso Bankia y la vinculación de su nombre con la caja B del PP.

De hecho, la semana pasada tuvo que declarar en la comisión de investigación del Congreso sobre el dinero negro de su partido, del que fue secretario general hasta 2008, cuando fue sustituido precisamente por Cospedal. Como el resto de implicados, Acebes negó tener nada que ver con los ingresos y los gastos del PP en la época en que las finanzas de su organización estaban gestionadas por Luis Bárcenas, hoy en la cárcel.

El próximo 26 de noviembre tendrá que acudir a juicio por la salida a bolsa de la extinta Caja Madrid, investigación por la que fue imputado por haber sido consejero del banco matriz entre 2011 y 2012.