El otro fraude que contamina la industria de la carne (al margen del maltrato animal)
Los operarios de Uvesa o Avícola de Lleida no tienen vacaciones ni indemnización por despido, cobran un 40% menos de lo fijado por convenio y se juegan su puesto de trabajo si protestan
No tienen vacaciones ni permisos remunerados, trabajan entre 10 y 12 horas al día en mataderos, cobran hasta un 40% menos de lo fijado por convenio y se juegan su puesto de trabajo si protestan. Y todo sin derecho a indemnización por despido ni representación sindical alguna dentro de la empresa. Así es el otro fraude que contamina las industrias cárnicas, al margen del maltrato animal.
Las empresas cárnicas que echan mano de "falsos autónomos" están en el foco de los inspectores de trabajo, quienes abrieron expediente para dar de alta en el régimen general de la Seguridad Social (SS) a unos 5.000 trabajadores en 52 compañías, todas ellas vinculadas a la cooperativa catalana Servicarne. El problema es que hasta 700 trabajadores han sido dados de baja justo después del alta, o así lo denuncia CCOO tras calificar ese movimiento como fraude.
"Es un acto de rebeldía por parte de las empresas en un sector con altos niveles de subcontratación, condiciones precarias y explotación laboral", enumera Vicente Canet, responsable del sector agroalimentario en CCOO. La industria alimentaria española factura 96.400 millones de euros al año, está compuesta por más de 28.000 empresas y tiene un peso del 3% en el PIB. No obstante, solo seis de cada 100 contratos son indefinidos, según los datos aportados por el sindicato a este periódico.
Si nos centramos en el sector cárnico, la externalización de la actividad principal a través de subcontratas, empresas multiservicios y "falsas cooperativas" que tiran de mano de obra barata con una flexibilidad sin límites es el pan de cada día. Los representantes de los trabajadores estiman que el 26,6% de los trabajadores es falso autónomo. Se trata de un colectivo vulnerable, compuesto por inmigrantes en su mayoría y con miedo a represalias. Saben que su principal vía de ingresos está en juego y muchos creen que más vale pájaro en mano que ciento volando.
Mileuristas sin protección social
Aun así, los salarios que perciben pueden ser hasta un 40% más bajos que lo marcado en el convenio colectivo estatal de industrias cárnicas, que oscila entre los 14.735,7 euros brutos anuales de un peón y los 23.469,1 euros de un técnico titulado superior. Al importe resultante hay que restarle la cuota obligatoria de cooperativa (50 euros), la ropa o material de trabajo (unos 35 euros mensuales), la cobertura de accidentes (20 euros al mes) y el seguro de autónomo (275 euros). Tampoco existen para ellos los pluses de nocturnidad o penosidad o los planes de formación.
¿En qué empresas se han producido las bajas inmediatamente posteriores a las altas en el régimen general de la Seguridad Social? El sindicato señala a Uvesa, segunda productora de pollo con sede en Tudela (Navarra) y con ventas en supermercados como Mercadona o DIA, o a Avícola de Lleida, del grupo Vall Companys. Sus marcas son Bon Pollo y Torrent, con grandes clientes como McDonald's o KFC.
Hay otras muchas compañías expedientadas por Inspección de Trabajo, como Cárnicas Cinco Villas (Zaragoza), Frimancha (Ciudad Real) o Cárnicas Frivall (Cuenca), todas ellas vinculadas a la cooperativa Servicarne. Desde Uvesa, justifican ante este diario que fue la propia Tesorería General de la SS la que suspendió de oficio las altas en el régimen general de forma inmediata.
"Nadie ha puesto en duda el funcionamiento de nuestra cooperativa en 40 años", defiende Servicarne
"Uvesa no ha recibido aún ninguna comunicación oficial de la Seguridad Social ni ninguna justificación del porqué de dichas actuaciones", zanjan fuentes de la empresa, tras dejar claro que las inspecciones de los últimos 15 años en los que lleva colaborando con Servicarne "no han puesto impedimento a la actividad ni a las condiciones de la misma". La productora de pollo está abierta a la negociación con los sindicatos, pues considera que es la mejor vía para "resolver conflictos".
Este periódico también se ha puesto en contacto con Avícola de Lleida, pero no ha recibido respuesta. Por su parte, la cooperativa que en teoría cede mano de obra barata y tiene 5.000 socios trabajadores (Servicarne) defiende que "ninguna sentencia" ha puesto en duda su funcionamiento en sus más de 40 años de antigüedad. "Nuestras jornadas y sueldos se equiparan a los de régimen general, con una media de 1.800 euros mensuales. Exigimos legalidad y transparencia a las empresas con las que trabajamos", argumenta tras desmentir que el coste de equipos de trabajo recaiga en los bolsillos de los trabajadores.
Servicarne aprovecha el comunicado para desvincularse de las empresas que aparecieron en el programa de 'Salvados' (La Sexta), cuyas imágenes muestran un caso de maltrato animal en la granja porcina Hermanos Carrasco (Murcia). A raíz de ese reportaje, el dueño de El Pozo dejó de trabajar con ese proveedor para "ampliar los estándares de calidad" en bienestar animal. Queda por ver si las industrias cárnicas deciden mejorar sus estándares en la no menos importante materia laboral.
Campofrío rescindió el contrato con Servicarne en la planta de Torrente (Valencia), "único centro donde operaba la cooperativa con un volumen de actividad mínimo", explica la compañía tras ser consultada por El Confidencial. ¿Qué ha pasado con los socios trabajadores que prestaban servicio allí? "Han podido optar por trabajar directamente para Campofrío o bien a través de otra entidad (...) en línea con nuestro compromiso de protección del empleo y las condiciones de trabajo".
Según el sindicato, el fraude de los 'falsos autónomos' en la industria cárnica supone pérdidas de hasta 60 millones de euros para las arcas de la Seguridad Social. Por eso exige al Ministerio de Empleo que retire la licencia administrativa a las "falsas cooperativas cárnicas" a través de una modificación de la Ley 27/1999 y apela a la responsabilidad social de las grandes empresas del sector, a las que pide que no externalicen su actividad principal para erradicar este tipo de situaciones.
No tienen vacaciones ni permisos remunerados, trabajan entre 10 y 12 horas al día en mataderos, cobran hasta un 40% menos de lo fijado por convenio y se juegan su puesto de trabajo si protestan. Y todo sin derecho a indemnización por despido ni representación sindical alguna dentro de la empresa. Así es el otro fraude que contamina las industrias cárnicas, al margen del maltrato animal.
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