Nadal quiere imputarles el coste de clausura

Encrucijada nuclear entre las eléctricas y Energía: hay conflicto aunque no cierren

Enresa refleja la posibilidad de triplicar la tasa a las eléctricas para cubrir el desmantelamiento a los 40 años. El problema se resuelve prolongando la vida, pero tendrán que invertir más en seguridad

Foto: El pueblo de Trillo, con las chimeneas de la central nuclear de fondo. (D.B.)
El pueblo de Trillo, con las chimeneas de la central nuclear de fondo. (D.B.)

Las cifras aportadas por Enresa al informe del comité de expertos de Energía, presentado esta misma semana, ponen de manifiesto la magnitud del problema nuclear al que se enfrentan tanto el Gobierno como las eléctricas propietarias de las centrales. Tras un conflictivo cierre en 2017, el de Santa María de Garoña, la pelea nuclear va en aumento.

Para el Gobierno las centrales nucleares son fundamentales en el sistema. Tal y como indica Energía y los propios expertos, su cierre elevaría un 20% el precio de la electricidad y provocaría una subida de las emisiones contaminantes. Sin embargo, las eléctricas (Iberdrola, Endesa y Gas Natural) han mostrado sus reticencias a continuar con su actividad alegando una alta carga impositiva, lo que, según afirman, lleva a que su actividad atómica esté en pérdidas.

Uno de los puntos calientes es la capacidad de Enresa, compañía encargada del desmantelamiento de las centrales y gestión de los residuos radiactivos, para afrontar sus compromisos. La empresa pública tiene que hacer frente a unos costes totales de 8.925 millones de euros si la vida útil se deja en 40 años, según sus propios cálculos. Este coste se eleva hasta los 9.328 millones de euros si las centrales prolongan su vida a 50 años.

Los expertos reflejan en su informe que ampliar la vida de las centrales a 50 años acabaría con el problema del agujero millonario del fondo de Enresa

Para cubrir estos gastos, Enresa se nutre de la tasa nuclear que pagan las eléctricas por la producción atómica y cuyo valor actual es de 6,69 euros/MWh. Ahora mismo, con esta tasa que va a un fondo no da para cubrir todo el desmantelamiento nuclear. Los bajos rendimientos durante esta década y gastos no previstos como la paralización del Almacén Temporal Centralizado (ATC) han generado un déficit de más de 3.000 millones.

Los propios expertos reflejan en su informe (con los datos de Enresa) que ampliar la vida de las centrales a 50 años acabaría con el problema del agujero de la empresa pública. Si se quedan en 40 años, tendrían que multiplicar la tasa incluso por más de tres. Si los tipos de interés no repuntan y los rendimientos siguen a la baja, Enresa estima que la tasa tendría que subirse a casi 20 euros/MWh para cubrir el coste de todo el desmantelamiento. Estos son los diferentes escenarios:

Extracto recogido en el informe del comité de expertos aportado por Enresa.
Extracto recogido en el informe del comité de expertos aportado por Enresa.

Problemas de los 50 años de vida nuclear

No todos los problemas acaban con la extensión de vida. Los propios sabios advierten de que si las centrales siguen produciendo más allá de los 40 años tendrán que invertir sí o sí en medidas de seguridad, ya que se lo pedirá el Consejo de Seguridad Nuclear, como se hizo con Garoña. Esto supondrá un coste añadido a las cargas que ya soportan las eléctricas por su parque nuclear y que según ellas les deja en pérdidas.

Hay una tercera vía que es la propuesta por el Ministerio en enero. Álvaro Nadal pretende crear una ley que obligue a los titulares de las centrales que pretendan cerrar cargar con el coste del desmantelamiento, como ya se hace en otros países. Una medida polémica, ya que en 2012 se crearon impuestos destinados a los residuos nucleares pero se utilizaron para cubrir el agujero negro en que se convirtió el sector eléctrico, lastrado por las primas a las renovables.

Por ello, bien se mantengan abiertas o cierren, las eléctricas tendrán que incurrir en nuevos costes. Esto les pone en una tesitura difícil. Sin embargo, el agujero puede ser mucho mayor para las eléctricas si el ministerio consigue imputarles por ley el coste de desmantelamiento. Por otro lado, el propio Gobierno tiene interés en que se mantengan abiertas las centrales porque sabe que son sistémicas para el sector eléctrico. De ahí que intente protegerse de un cierre masivo con un Real Decreto que impida la clausura si ello genera problemas económicos o medioambientales a España.

Muchos y contrapuestos intereses encima de la mesa en la encrucijada nuclear, que se tendrá que ir sustanciando ya que estamos en el tiempo de descuento antes de que Iberdrola, Endesa y Gas Natural soliciten, o no, los cierres de las centrales que a partir de 2020 llegan a los 40 años, empezando por Almaraz.

Empresas

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
6 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios