Iberdrola, Endesa y Gas Natural reclaman 775 millones a Extremadura por la ecotasa

La amenaza de la ecotasa (impuesto autonómico medioambiental) que se cierne sobre Extremadura sigue aumentando. Como una bola de nieve desbocada, la cuantía reclamada como compensación por Iberdrola y Endesa, principales operadores de la central nuclear de Almaraz, se incrementa con el paso del tiempo.

Las dos principales firmas eléctricas detallan en sus cuentas el montante a cobrar si se reconoce judicialmente la anulación de este tributo en 700 millones de euros a cierre de 2017, a los que habría que añadir otros cerca de 75 millones solicitados por Gas Natural Fenosa, accionista minoritario de la central nuclear.

La compañía dirigida por Ignacio Sánchez Galán considera un activo contingente (de factible cobro) por valor de 450 millones de euros (388 de principal más 60,4 de intereses) por el periodo 2010-2017, y se encuentra a falta del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Por su parte, la empresa que preside Borja Prado solicita en total 249 millones de euros (217 del gravamen más 32 de intereses).

Las eléctricas ya cuentan con sentencias a su favor por esta causa en el periodo 2006-2009. El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de este tributo en 2015 por un recurso planteado por Gas Natural Fenosa.

Con este dictamen, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura estimaron las reclamaciones de las compañías para los ejercicios anteriores a 2010 con sentencias firmes, en que además se desestimaron los recursos de casación que interpuso la Junta de Extremadura.

Iberdrola ya recogió en 2015 un impacto positivo por este concepto de 53 millones de euros correspondiente a los años 2006-2009. En total, la Junta de Extremadura ha pagado a los dueños de Almaraz 127 millones de euros por este concepto.

El Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura estimaron las reclamaciones de las eléctricas para los ejercicios anteriores a 2010

Sin embargo, el TSJE acordó plantear nueva cuestión de inconstitucionalidad en el procedimiento interpuesto contra la liquidación del ejercicio 2012 de Iberdrola Generación Nuclear, con lo que este tribunal está emitiendo providencias para mantener la suspensión de los procesos a partir de 2010 hasta que el TC se pronuncie otra vez.

La nueva cuestión de inconstitucionalidad elevada al alto tribunal es clave en la resolución de este conflicto. Para las eléctricas, el asunto es similar, de ahí que los auditores de las mismas pongan esos 700 millones como activos de posible cobro. Sin embargo, fuentes del Gobierno de Extremadura señalan a este periódico que "las sentencias a favor de las eléctricas eran antes de que se cambiara la ley para cumplir con lo que pidió a Extremadura el Tribunal Constitucional".

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Amenaza para las arcas extremeñas

De confirmarse un nuevo fallo judicial favorable a los propietarios de Almaraz, la Junta de Extremadura se vería ante un agujero millonario que cubrir con recursos salidos del erario público. El problema está muy presente en la política regional. La Asamblea autonómica debatió sobre esta reclamación a finales de 2017.

La consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, advierte de la gravedad de este asunto y la preocupación de su Gobierno, pero confía en la constitucionalidad de la ley que estudia el alto tribunal. La dirigente autonómica advierte de que el tributo en cuestión no está dirigido solo a las eléctricas sino que se trata de un gravamen medioambiental que pagan otras compañías como Telefónica.

La máxima responsable de las finanzas advierte que Extremadura está actualmente con un déficit de 56 millones, por lo que una sentencia en contra por esta causa supondría un antes y un después, y su magnitud trascendería la propia Extremadura, ya que afectaría a España en su conjunto.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, señaló ante la Asamblea el pasado 30 de noviembre que "no se quedarían de brazos cruzados" si finalmente el Constitucional da la razón a las eléctricas. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico prefiere no enseñar sus cartas en caso de que tenga que pagar.

La oposición regional del Partido Popular sostiene que desde que el presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra creó esta ley en 1996, ellos ya advirtieron de que la ecotasa acabarían pagándola los consumidores extremeños y reclaman una solución más allá de esperar al fallo del Constitucional. En este sentido, desde el PP muestran el diario de sesiones de 1997 en el que se debatió esta ley y cómo ya entonces su portavoz, Carlos Floriano, advirtió de que podría acarrear "problemas de constitucionalidad".

La consejera de Hacienda señala que Extremadura tiene un déficit de 56 M, por lo que una sentencia en contra supondría un antes y un después en la región

Una fuente del PSOE de Extremadura explica que este impuesto era la única forma de hacer que los extremeños se beneficiaran de tener que convivir con una central nuclear en la región.

El resto de grupos políticos se mostró dividido en el último debate en el que se abordó el tema. Mientras Podemos le pedía a Vara una "actitud más reivindicativa", Ciudadanos señalaba que las arcas públicas de la región se verían "seriamente afectadas".