La última cruzada de Nadal: cargar más a las eléctricas el coste de cierre de las nucleares

Álvaro Nadal pretende hacer cambios con respecto a la asunción de responsabilidad en el cierre de las centrales nucleares. El ministro de Energía está planteando más implicación por parte de las eléctricas en el proceso de desmantelamiento de aquellas plantas que vayan a cerrarse. Fuentes cercanas al Ejecutivo explican que el Gobierno trata de encontrar habilitación legal para cargar en mayor medida a las titulares de las centrales (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) el coste económico y técnico del cierre que hasta ahora asume Enresa, la compañía pública adscrita al Ministerio de Energía encargada del proceso de clausura de las plantas.

Fuentes próximas al Gobierno sostienen que esta es una de las medidas importantes que tiene entre manos el titular de Energía, y desde otros grupos parlamentarios confirman que el ministro ya les ha trasladado la cuestión. Según explican, los ingresos que hacen las centrales nucleares a Enresa para la gestión de los residuos y el desmantelamiento de la planta tras el fin de su vida no alcanzan a cubrir los costes globales del cierre, por lo que Nadal pretende cargar más a las propietarias con los costes de la clausura y más apoyo desde el punto de vista técnico.

Según explica Enresa en su página web, "para la cobertura de los costes que se generan en la gestión de los residuos radiactivos procedentes de las centrales nucleares y de su desmantelamiento se crea una tasa sobre el kilovatio hora nuclear generado". La cuestión no es baladí. Tal y como explican fuentes implicadas en la negociación política, las centrales nucleares no están internalizando todos los costes que genera su actividad. La tesis es que su operativa no incluye en toda su dimensión el coste que generan los residuos y su desmantelamiento.

Como ya publicó El Confidencial, el coste del cierre de Garoña, cuya clausura fue decretada el pasado 1 de agosto de 2017, se eleva hasta los 345 millones de euros y se prolongará entre 13 y 16 años. Este coste es para una central de 466 megavatios, mucho más pequeña que las aún abiertas, que superan todas los 1.000 MW. Como se explicó tras el cierre de la planta burgalesa, después de unos trámites que corren a cargo del titular de la central, Enresa asume la titularidad de la misma y se hace cargo del desmantelamiento de la central.

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Este nuevo coste para las grandes eléctricas llega en un momento crítico, cuando aún está en el aire la prolongación más allá de los 40 años de las siete centrales que aún quedan abiertas y que cumplen la cuarentena en los próximos años. Precisamente, sobre el impacto de cierre o prolongación está a punto de dar sus conclusiones el grupo de expertos que nombró el Gobierno a mediados del pasado año.

El Ministerio de Energía justificó recientemente la urgencia de regular el cierre de centrales en España por razones económicas o medioambientales ante el temor a una petición masiva de cierre de centrales que pueda provocar problemas de competencia o de calidad del aire. Iberdrola intentó vender sus centrales nucleares en 2017, según publicó Bloomberg, y su propio presidente, Ignacio Sánchez Galán, transmitió que todo el parque nuclear estaba en pérdidas. También Endesa, el otro gran propietario de centrales, afirma que la diversa carga impositiva que se ha ido añadiendo ha llevado a pérdidas a esta tecnología.

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Ahora la cuestión está en cómo encontrar el instrumento legislativo que permita implementar esta reforma. La negativa del PSOE a apoyar al Gobierno en el recorte al sector eléctrico y gasístico que quería introducir en las enmiendas del Senado a la Ley de Medidas Urgentes contra la Sequía está bloqueando las expectativas de Nadal de sacar adelante sus reformas energéticas. Sin embargo, el propio ministro señaló este lunes que hay que ver "qué instrumento parlamentario se puede utilizar". El ministerio de Energía no ha dado respuesta sobre esta reforma que afecta a las nucleares.

De lograr que las eléctricas asuman más costes por los cierres de las centrales, Endesa e Iberdrola serían las más perjudicadas, ya que son las principales propietarias de Almaraz, Ascó, Almaraz II, Cofrentes, Ascó II, Vandellós II y Trillo, aunque en esta última también participa minoritariamente Hidroeléctrica Cantábrico (EDP).