El desmantelamiento de Garoña costará 345 millones y se prolongará durante trece años

El futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña se juega hoy en la mesa del consejo de administración de Nuclenor, propietaria de la planta y participada al 50% por Endesa e Iberdrola. Las diferencias entre ambos socios son ostensibles. Mientras la primera aboga por su reapertura, opción avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear y que requiriría una inversión de 200 a 300 millones de euros, la segunda opta por su clausura definitiva al considerar que “no es viable económicamente, con pérdidas sustanciosas”. En este caso, la última factura de Garoña se elevaría a los 345 millones de euros y el proceso de desmantelamiento se prolongaría durante trece años.

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Estas cifras figuran en el ‘Programa preliminar de las actuaciones a llevar a cabo para el desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña’, informe elaborado en diciembre de 2011 por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). La sociedad estatal, responsable de realizar la clausura definitiva de la planta y por tanto de asumir el coste de los 345 millones de euros, trasladó por aquel entonces el informe al Ministerio de Industria, pero nunca se hizo público. Más de seis años después, El Confidencial lo ha rescatado de los cajones ministeriales gracias a la Ley de Transparencia.

Pese a las negativas de Enresa a facilitar cuánto dinero supondría desmantelar Garoña “porque no hay un proyecto de detalle”, tal y como manifestó un portavoz a ‘El País’ hace dos meses, lo cierto es que el informe de 37 páginas plantea dos escenarios de costes, de 320 y 345 millones de euros, respectivamente. Estas previsiones se basan en las diversas alternativas barajadas para las dos fases en las que se estructura la clausura de Garoña: una primera de gestión del combustible gastado y el posterior desmantelamiento de las infraestructuras.

Desde un primer momento, Enresa se mostraba favorable a la denominada “decisión rápida”: la construcción antes de 2017 de un almacén temporal centralizado (ATC) para la gestión del combustible de Garoña. Esta alternativa supondría un desembolso de 74 millones de euros, sin incluir los costes propios del ATC.

Como alternativa al posible retraso en la construcción del ATC –lo que ha ocurrido finalmente debido a las disputas políticas en torno al cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) –, la sociedad plantea la instalación de un almacén temporal individualizado (ATI) en la propia central nuclear, con un coste estimado de 100 millones. Hace un año y medio, el BOE publicaba la declaración de impacto ambiental del ATI de Garoña.

Enresa incluso planteaba por aquel entonces enviar los residuos nucleares a Francia o Reino Unido para su reproceso y posterior retorno a España. La factura de este sistema superaría los 500 millones de euros, sin incluir “los costes y necesidades para la gestión ulterior de los residuos de alta y media actividad que deberían retornar, así como del plutonio y el uranio resultantes del reproceso”. Esta fase concluiría más allá de 2030.

Siete años de desmontaje y limpieza

Una vez evacuados los residuos nucleares de Garoña, se procedería al desmantelamiento efectivo de la central nuclear inaugurada en 1971. Esta fase consiste en el desmontaje de los edificios, su posterior descontaminación y la restauración final del emplazamiento “para garantizar que los suelos y edificios que van a ser liberados cumplan los criterios establecidos de actividad residual”.

Enresa plantea en este punto dos alternativas. El desmantelamiento inmediato tendría un coste superior a los 245 millones de euros y se prolongaría durante siete años, “de los cuales las actividades de desmontaje y descontaminación ocuparán un total de cinco años y las de restauración del emplazamiento los dos años restantes”. Esta opción es la preferida por Enresa, tal y como se recoge en el apartado 9 del informe, referido al análisis económico de las alternativas.

La opción desechada, denominada diferida, contemplaba “dos fases de desmantelamiento (de cinco años de duración) separadas por un periodo de 25 años de latencia”. Enresa cifraba en 2011 el coste de esta alternativa en 330 millones de euros, “teniendo en cuenta un coste anual durante el periodo de latencia de 3,5 millones”.

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Además de cifras económicas, el informe al que ha tenido acceso El Confidencial está plagado de análisis físicos y nucleares en relación a los residuos nucleares de Garoña. Por ejemplo, en la página 10, se recoge que “de acuerdo con la información proporcionada por Nuclenor, el inventario de combustible gastado a la fecha de la parada definitiva de la central [6 de julio de 2013] constará de 2.505 elementos de combustible gastado, de los que 14 han sido declarados dañados, tres barras de combustible irradiado sueltas y una más, montada en el esqueleto del correspondiente elemento de combustible”.

Por último, Enresa cifra en más de 7.200 las toneladas de residuos radiactivos generados por la central nuclear de Santa María de Garoña durante el proceso de desmantelamiento. Casi la mitad de esta cantidad se corresponde con los residuos de muy baja actividad.