La CNMV teme ser castigada con pérdida de competencias por la crisis de Abertis

Las diferencias de criterio entre el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, a cuenta de la batalla de ofertas por Abertis puede tener consecuencias para el supervisor. La cúpula del supervisor teme un castigo en forma de pérdida de competencias en favor de un nuevo organismo llamado Autoridad de Protección del Ahorrador e Inversor Financiero, cuyas responsabilidades aún no se han definido, según fuentes conocedoras de la situación.

El sentir que recorre parte de la CNMV es que esta autoridad asuma algunos poderes relevantes con la excusa del funcionamiento del supervisor en casos como las preferentes, los sellos, la salida a bolsa de Bankia o el hundimiento del Popular. Sin embargo, de manera oficial, el equipo de Albella descarta que puedan existir cambios a raíz de los meses de tensión institucional vividos con motivo de la batalla corporativa por Abertis.

Como se recordará, Nadal pretendió convertir la opa de la italiana Atlantia sobre Abertis en una cuestión de Estado y buscar una oferta competidora (que le proporcionó Florentino Pérez) para que siguiera en manos españolas. La CNMV se interpuso en en estos planes al aprobar la oferta de la empresa de la familia Benetton, pese a que el Ejecutivo le había enviado dos requerimientos alertando de que no cumplía el requisito de contar con el preceptivo permiso gubernamental al tratarse de una empresa con intereses estratégicos como Hispasat.

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La tesis opuesta entre el titular de Energía y Albella se mantuvo en el tiempo, con encuentros para puestas en común, hasta la aprobación de la contraopa de Hochtief (la filial alemana a través de la que vehiculó su oferta ACS), ya que se esperaba que Atlantia mejorase su propuesta inicial hasta un nivel difícil de igualar por la oferta competidora. Finalmente, el 'biscotto' entre los Benetton y Pérez para lanzar una oferta conjunta y repartirse el control de Abertis evitó que la sangre llegase al río, pero ha dejado cicatrices en los participantes en la batalla.

Y una consecuencia de esas cicatrices tiene muchas probabilidades de ser, según las fuentes consultadas, una pérdida de competencias de la CNMV como castigo a su comportamiento díscolo. La ocasión la pintan calva: la creación de la citada Autoridad de Protección del Ahorrador e Inversor Financiero, una de las exigencias del pacto de legislatura firmado por el PP con Ciudadanos. Se trata de un organismo que en teoría unificará los servicios de reclamaciones y de protección de los inversores de los tres supervisores financieros, el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros.

Oportunidad con la creación de la nueva agencia

Este organismo no tiene unas competencias claras porque el concepto "protección de los inversores" puede englobar casi cualquier competencia de Albella. Si hasta ahora se esperaba que aglutinara solo las cuestiones relacionadas con quejas y reclamaciones, tras la guerra de Abertis en la sede de la CNMV se temen que sus poderes engorden mucho más. Y que asuma atribuciones hasta ahora exclusivas de la 'policía de la bolsa', un asunto que debe resolver el ministerio de Economía y no el equipo de Nadal. El propio presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, dijo ayer que las aseguradoras no saben con qué poderes va a contar y que este asunto les preocupa.

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Además, en esta jugada el PP cuenta con el apoyo del PSOE, imprescindible para que salga adelante la nueva arquitectura de los supervisores independientes (que también contempla la división de la actual CNMC). Los responsables económicos socialistas, encabezados por Pedro Saura, pretenden, por ejemplo, que las resoluciones de la nueva autoridad sean vinculantes, que esta pueda poner multas o incluso que tenga capacidad para resarcir a los damnificados.

La excusa es bien sencilla: la inoperancia de la CNMV en los grandes escándalos surgidos en la crisis financiera, como las preferentes (donde no prohibió la comercialización entre clientes particulares), la salida a bolsa de Bankia, la ampliación de capital del Popular y su hundimiento en bolsa (aquí no prohibió las posiciones bajistas) o incluso los de Fórum Filatélico y Afinsa (donde no tenía competencias). El argumento, por tanto, es que el supervisor no es eficaz para evitar casos como estos y se necesita un organismo nuevo que sí lo sea... y que le arrebate buena parte de sus competencias.