también ha llevado al gobierno a un arbitraje

Del Valle demanda al Santander en EEUU para que revele los papeles del Popular

El inversor mexicano que forzó la salida de Ángel Ron ha iniciado una ofensiva en la que ha demandado al Santander ante un juez de Nueva York para que revele documentos secretos

Foto: El exconsejero mexicano del Popular, Antonio dle Valle. (EFE)
El exconsejero mexicano del Popular, Antonio dle Valle. (EFE)

Nuevo giro judicial en el 'caso Banco Popular'. El mexicano Antonio del Valle, el consejero que inició la revuelta en el consejo para destituir a Ángel Ron como presidente en diciembre de 2016, ha lanzado una ofensiva por dos vías novedosas: ha demandado al Banco Santander en un juzgado de Nueva York para reclamarle los documentos secretos de la compra del Popular, y ha llevado al Gobierno español a un arbitraje internacional por violar el Tratado de Protección de Inversiones entre nuestro país y México. En agosto del año pasado ya se sumó a la legión de accionistas del banco que recurrieron su resolución ante el Tribunal General de la UE.

Del Valle tiene el problema de que no puede reclamar al Popular ni a su consejo puesto que él formaba parte del mismo. Por tanto, solo puede ir contra las autoridades que decidieron resolverlo (la JUR en europa y el FROB en España, dependiente del Gobierno) y contra su comprador, el Santander. En este último caso, ha solicitado al tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York una figura de derecho estadounidense llamada 'discovery' (revelación) de varias categorías de documentos en poder de la entidad que preside Ana Botín y que considera relevantes para la resolución del Popular.

Una ley de EEUU permite que sus tribunales ordenen la revelación de pruebas para ayudar a procedimientos en el extranjero. En este caso, Del Valle y otros socios compatriotas suyos que aglutinaban el 4% del Popular —compraron la participación en 2013 por unos 450 millones— se escudan en que el Santander no solo opera en ese país, sino que vendió a inversores norteamericanos acciones de la ampliación realizada en junio para acometer la adquisición del banco intervenido.

Los principales responsables de Santander Consumer USA en el parqué de Wall Street. (EFE)
Los principales responsables de Santander Consumer USA en el parqué de Wall Street. (EFE)

Entre la documentación solicitada, se encuentran las valoraciones realizadas por la entidad durante la subasta de Saracho y en la organizada por la JUR, así como las encargadas por este organismo (el informe de Deloitte, del que aún no se conoce la versión íntegra), las peticiones de liquidez de emergencia realizadas por el banco antes de su caída y la respuesta del Banco de España, las comunicaciones entre el Santander y el Gobierno o el análisis de la JUR de las medidas privadas disponibles para evitar la resolución (ampliación de capital o venta del banco, que había fracasado).

Lleva a España a un arbitraje internacional

En cuanto al arbitraje, Del Valle y sus socios se lo comunicaron al Ejecutivo en febrero, según el diario Expansión. Aquí los inversores denuncian el Tratado de Protección de Inversiones recíproco entre España y México, que, entre otras cosas, protege a los inversores de ese país de un "trato arbitrario e injusto", les garantiza un marco legal estable, transparente y seguro, y les blinda contra la expropiación ilegal. Los representantes legales del magnate sostienen que todos estos preceptos del convenio fueron violados en el caso del Popular.

Estos abogados acusan directamente al Gobierno español de que "a través de una combinación de acciones y omisiones, causó la destrucción del Popular y de las inversiones de nuestros clientes" porque sostienen, aferrándose al informe de la JUR también publicado parcialmente, que el banco era solvente hasta el final y que tuvo que ser resuelto exclusivamente por la crisis de liquidez.

Echa la culpa al Gobierno

En concreto, acusan al Ejecutivo de Mariano Rajoy de retirar miles de millones de depósitos de organismos públicos desde 2016, de agravar la crisis de liquidez con sus comentarios de que no iba a ayudar al Popular, de no dar tranquilidad a los clientes a diferencia de su actuación tras el referéndum catalán y de rechazar las peticiones de liquidez de emergencia (es responsabilidad del Banco de España, pero a efectos del Tratado es parte del Gobierno).

Respecto al FROB, dependiente de Economía, consideran que solo consideró el escenario de la venta del banco sin contemplar alternativas y que ignoró las posibles soluciones internas como la ampliación de capital, en la que su cliente estaba dispuesto a invertir 1.000 millones, o la venta de activos como TotalBank o WiZink.

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