La Audiencia admite querellas contra el Popular anteriores a la ampliación de 2016

El caso Banco Popular se complica cada vez más. El instructor de la causa, el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, ha admitido a trámite varias querellas de accionistas de la entidad que adquirieron sus títulos antes de la ampliación de 2016: en el anterior aumento de capital de 2012 o incluso antes. Esto puede complicar notablemente la instrucción, que hasta ahora se centraba en la posible falsedad contable de la operación que acometió Ángel Ron en 2016 y en las posibles irregularidades en la gestión de Emilio Saracho que condujeron a la resolución del banco.

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Eduardo Segovia

En varios autos dictados en las últimas semanas, Andreu acepta que se sumen a la causa inversores cuya participación en el Popular se remonta a la ampliación de 2012 e incluso a 2008. El juez argumenta que "el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal previene que los perjudicados por un delito que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan, o solamente unas o las otras, según les conviniere. En el presente caso, las personas interesadas en personarse en la causa adquirieron acciones del Banco Popular Español SA, pudiendo verse perjudicados por los hechos que son objeto de las presentes diligencias, por lo que procede admitir la personación solicitada".

Esta admisión abre la puerta a que se sumen a la causa miles de perjudicados más, aquellos que invirtieron en el Popular mucho antes de la ampliación de 2.500 millones realizada en 2016. Otra cosa es que tengan más o menos posibilidades de éxito. En el caso de la falsedad contable, las querellas se centran sobre todo en esa operación que realizó Ron, sobre la base de que Saracho reformuló las cuentas de ese ejercicio; es decir, las cifras con que se vendieron las acciones no reflejaban la situación real del banco.

Las bazas de los accionistas antiguos

Ahora bien, demostrar lo mismo respecto de la ampliación de 2012 o incluso de los resultados de Popular desde 2008 va a resultar mucho más complicado. Su baza puede ser el famoso informe de Deloitte, que estimaba un déficit de provisiones del banco de entre 11.800 y 20.600 millones que, lógicamente, no se generó en un solo año. O bien la investigación que ha emprendido la CNMV para determinar si procede imputar los 12.000 millones de pérdidas contabilizadas en 2017 a ejercicios anteriores.

Por otro lado, la Audiencia ha abierto una segunda investigación sobre la actuación de Saracho, centrada en si manipuló el precio de la acción y en si hubo administración desleal (delito que también imputan algunas querellas a Ron, así como el de apropiación indebida por su plan de pensiones). En el caso de que se condenara al último presidente del Popular, se beneficiarían de las posibles indemnizaciones todos los personados en la causa, incluidos los accionistas más antiguos.

Pimco se suma y Ron es embargado

Recientemente, también se ha sumado a la causa penal el principal perjudicado por la resolución del Popular, Pimco (junto a otros grandes fondos), con la intención de estar informado de las actuaciones y de beneficiarse de la posible responsabilidad civil. Asimismo, pretende presionar al Santander para alcanzar un acuerdo extrajudicial que le permita recuperar al menos una parte de las pérdidas sufridas.

Por otro lado, esta semana El Confidencial ha informado de la decisión de Andreu de embargar tres millones de euros que iba a percibir Ron del plan de pensiones que el banco había contratado con Allianz. El expresidente la ha recurrido, porque considera que la aseguradora alemana se extralimitó al informar al juzgado de que iba a efectuar ese pago sin haber sido preguntada.