Pedro Sánchez se opone a indemnizar a Florentino por la quiebra del AVE a Francia

Por primera vez en mucho tiempo, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy están de acuerdo en algo. Al menos virtualmente. Así se desprende de la interpelación que un portavoz del PSOE ha hecho al Gobierno mediante una pregunta a la Mesa del Congreso de los Diputados en la que inquiere oficialmente al Ejecutivo del PP sobre si tiene previsto rescatar a TP Ferro, la empresa que gestiona el AVE que une España con Francia. Una compañía, propiedad de ACS y la gala Eiffage, que quebró en 2016 con un agujero inicial de 428 millones y cuyos dueños reclaman una compensación millonaria a ambos países.

La cuestión la ha planteado formalmente José Zaragoza Alonso, diputado por Barcelona del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso con el siguiente enunciado: “¿Piensa el Gobierno rescatar la empresa del Túnel del Pertús cuya deuda se aproxima a los 600 millones de euros?”. Un requerimiento al que el PP tendrá que responder por escrito y que lleva un mensaje implícito para recordar la compensación de 1.300 millones que Rajoy abonó a la constructora española por el fallido gasoducto del Castor. Un dispendio cargado contra el erario público, que después ha repercutido en la factura del gas.

Fuentes próximas al PSOE explican que con esta pregunta a la Mesa del Congreso quieren enfatizar su oposición frontal a que el Estado indemnice a ACS, que por el contrario ha planteado tres arbitrajes internacionales contra el Reino de España y contra Francia para que le compensen por 500 millones de euros. Un pleito por una obra que concedió en 2004 el Gobierno dirigido por José María Aznar y que, curiosamente, refinanció en 2009 José Luis Rodríguez Zapatero cuando le dio a Florentino Pérez una ayuda de 128 millones de euros por los retrasos en la entrada en funcionamiento del AVE entre Figueras y Perpiñán.

El proyecto para unir España y Francia mediante el tren de alta velocidad fue promovido por Aznar poco antes de perder la Moncloa en abril de 2004. La construcción fue financiada con un préstamo de 400 millones de euros aportado por BBVA, Santander, Bankia, Caixabank e ING y una subvención de 636,22 millones con cargo a los fondos públicos de la Unión Europea. En total, una obra que fue inaugurada en 2013 por el propio Rajoy y por el actual Rey de España, con un presupuesto de 1.036,22 millones.

Las dos constructoras solicitaron a través de un tribunal de arbitraje una compensación de 93 millones por el menor tráfico de trenes

Ante las quejas de Florentino Pérez por las dificultades de la entrada en funcionamiento del AVE, Zapatero, con la mediación de Alfredo Pérez Rubalcaba, íntimo amigo del constructor, salió al rescate con los citados 128 millones y con la extensión de la concesión por tres años más -hasta 2057- para beneficiar a ACS y a Eiffage. Pero como esas ayudas no fueron suficientes, con España en plena crisis económica, las dos constructoras presentaron varias demandas judiciales contra España y Francia en las que les solicitaron a través de un tribunal de arbitraje una compensación de 93 millones por el menor tráfico de trenes respecto a lo previsto y 350 millones por sobrecostes. Un juez de Suiza sentenció que ambas empresas no tenían derecho a esas cantidades, por lo que falló a favor de los dos gobiernos.

No contento con eso, el también presidente del Real Madrid presentó una tercera demanda adicional poco después de que en abril de 2015 TP Ferro entrase en preconcurso de acreedores, situación que, ante la falta de acuerdo con los fondos dueños de la deuda (428 millones vendidos por los bancos originales), desembocó finalmente en la suspensión de pagos en julio de 2015. Por si no fuera suficiente, TP Ferro solicitó después 100 millones de ayudas a fondo perdido para tratar de evitar la disolución de la sociedad y el alargamiento de la concesión por 25 años más, hasta 2082, requerimiento al que se negó Ana Pastor, la anterior ministra de Fomento.

La carta de la RPA

ACS y los 'hedge funds' que han comprado la deuda reclaman al Estado a través de una nueva demanda que se haga cargo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración o RPA, una garantía que Aznar incluyó en el origen de la concesión para que las constructoras se cubrieran ante cualquier imprevisto. A diferencia de lo que ocurrió con el Castor, el Gobierno, ahora en minoría, no está por la labor de indemnizar a Florentino Pérez, por lo que ha decidido emprender medidas legales contra la constructora.

Fuentes próximas a las conversaciones indican que el presidente del Real Madrid y los acreedores tienen una carta ganadora, la ejecución de la RPA, como ocurre con las autopistas de peaje. Motivo por el cual el PSOE quiere presionar a Rajoy para que pelee en los tribunales de arbitraje la defensa de los derechos del Estado. Sobre todo tras conocerse que el presidente del Gobireno y el de ACS cenaron juntos para acordar una 'contraopa' por Abertis, la compañía catalana de autopistas que el líder del PP ha convertido en cuestión de Estado para que no acabe en manos italianas.