la constructora se niega a pagar los créditos

ACS endosa el AVE España-Francia al Gobierno por el impago de 428 millones

El próximo 31 de marzo, TP Ferro, la concesionaria del AVE que une Barcelona con París, entrará en concurso de acreedores porque la constructora se niega a hacerse cargo de la deuda

Foto: Vista de un tren AVE en la estación de Girona (EFE)
Vista de un tren AVE en la estación de Girona (EFE)

Primero fue el gaseoducto Castor y ahora será TP Ferro, la empresa encargada de gestionar los trenes AVE que unen España con Francia entre las estaciones de Figueras y Perpignan y con los que se pretendía dinamizar el viaje desde Madrid a París por línea férrea. El próximo 31 de marzo, esta sociedad entrará en concurso de acreedores si nadie se hace cargo de un vencimiento de deuda de 428 millones, que ACS se niega a abonar.

La constructora de Florentino Pérez e Eiffage, los dueños al 50% de TP Ferro, ya han comunicado a los bancos que no tienen liquidez para hacer frente a esos 428 millones que en su día le concedieron BBVA, CaixaBank, Caja Madrid (ahora Bankia), Banesto (Santander), ING y Royal Bank of Scotland (RBS). Las entidades financieras llevan más de un año tratando de encontrar una solución, conversaciones de las que han hecho partícipe al Ministerio de Fomento, que fue el que en 2003 otorgó la concesión a ACS y a la empresa gala.

Pero la respuesta de Florentino Pérez ha sido que su compañía sólo tiene compromisos de aportación de dinero hasta el próximo 31 de marzo. A partir de esa fecha, TP Ferro entregará la concesión a España y a Francia para que sean los estados quienes se responsabilicen del más que probable impago poniendo en marcha la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). Por su parte, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha aconsejado a los bancos que lleguen a un acuerdo con ACS y con Eiffage para resolver uno de los proyectos estrella de la época de bonanza y que pretendía unir Madrid con París en diez horas y Barcelona con la capital francesa, en siete.

Junta de accionistas de ACS. (EFE)
Junta de accionistas de ACS. (EFE)

Se trata, en definitiva, de una coyuntura similar a la de las ocho autopistas de peaje que están en concurso de acreedores y que el Gobierno quiere rescatar mediante una quita del 50% de la deuda –5.000 millones– que los bancos extranjeros rechazan. La diferencia es que a las entidades financiadoras les interesa más que se active la RPA que llegar a un acuerdo con los actuales concesionarios porque de partida les exigiría una condonación de los préstamos o la entrada en el capital de TP Ferro mediante el canje de deuda por acciones.

La división entre las partes es tal que ACS e Eiffage ya han reclamado a los dos Gobiernos que las compensen económicamente por el retraso en la puesta en funcionamiento de la línea de alta velocidad, que el 8 de enero de 2013 inauguraron por todo lo alto Felipe VI, Mariano Rajoy, Artur Mas y Ana Pastor. Ante la negativa de ambos estados, TP Ferro presentó una demanda en un tribunal internacional de arbitraje en el que exige una indemnización de 93 millones que crece en 3,6 millones cada mes.

Las dos constructoras explican al juez que la falta de conexión entre ambos países con infraestructuras adyacentes, la no homologación de los trenes y la no interoperabilidad de la línea Barcelona-Figueres han provocado que el tráfico real esté muy por debajo del calculado cuando obtuvieron la concesión. Según los últimos datos oficiales, apenas circulan diez convoyes de pasajeros y 24 de mercancías a la semana, muy lejos de los 80 proyectados en un principio cuando el PP le dio la concesión a ACS.  

Viaje inaugural del servicio internacional de AVE entre España y Francia. (EFE)
Viaje inaugural del servicio internacional de AVE entre España y Francia. (EFE)

Aportación de 150 millones del Estado

Esta ausencia de tráfico “provoca una falta de tesorería”, según documentos internos, ya que los trenes que circulan apenas generan 10 millones de euros de ingresos. En consecuencia, la escasez de caja hace imposible poder pagar los 428 millones que vencen en menos de un mes. A juicio de los abogados de TP Ferro,  las reclamaciones planteadas en el arbitraje “se encuentran fundamentadas y, en consecuencia, el Tribunal Arbitral debiera dictar un laudo favorable, al menos parcialmente”.

 

Es la misma opinión que tenía por la otra reclamación, en este caso por sobrecostes, que ACS e Eiffage presentaron en otro tribunal de arbitraje internacional. Sin embargo, pese a las pretensiones de las dos compañías, este tribunal resolvió el pasado 12 de febrero que las constructoras no tienen derecho a exigir 350 millones de euros más sobre el presupuesto inicial de la obra, que ascendió a 1.200 millones.

Debido al retraso de tres años en la puesta en marcha de la línea férrea entre Barcelona y Figueras que posteriormente empalmaría con Perpignan, España ya compensó a ACS en diciembre de 2009. En aquel momento, el Estado le dio un préstamo participativo de 54,77 millones, le hizo otra aportación de 54,10 millones y le alargó la concesión por tres años, hasta febrero de 2057. Pese a estas ayudas valoradas en más de 150 millones, el Gobierno corre ahora un elevado riesgo de tener que quedarse con los trenes por el abandono del grupo que dirige Florentino Pérez.

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