un proyecto de 1.200 millones de euros

ACS lleva a los tribunales al Gobierno por la quiebra del AVE entre España y Francia

Florentino Pérez le reclama al Estado en un Tribunal de Arbitraje que le compense por las fuertes pérdidas de la concesión férrea que une Barcelona con París

Foto: Intervención del presidente de ACS, Florentino Pérez (EFE)
Intervención del presidente de ACS, Florentino Pérez (EFE)

Florentino Pérez quiere seguir exprimiendo la 'teta' del erario público. Si España ha tenido que hacer frente a los 1.350 millones que ha supuesto el fracaso del gaseoducto del Castor impulsado por ACS, ahora la constructora presidida por Pérez ha demandado al Estado por la quiebra técnica de la concesión de la línea férrea que une España con Francia desde las estaciones de Figueras y Perpignan. Este proyecto, el del AVE Barcelona-París, entró en marcha en 2013 tras una inversión de 1.200 millones.

Fuentes financieras han confirmado que ACS y su socio galo Eiffage –ambos tienen el 50% de la sociedad que explota la concesión– han demandado a los Gobiernos de España y Francia debido a que el escaso número de viajeros que usa la citada línea hace inviable la rentabilidad de las operaciones. En definitiva, la misma queja por la que la propia ACS, Ferrovial, FCC, Sacyr o Isolux reclaman al Estado que se haga cargo de las autopistas en quiebra (5.000 millones de euros) que se extienden por todo el país.

En concreto, Florentino Pérez ha llevado a España a un tribunal de arbitraje por “la falta de conexión de la Sección Internacional con infraestructuras adyacentes realmente operativas, por la falta de homologación de los trenes, por la no interoperabilidad de la línea Barcelona-Figueres y por la prioridad al tráfico nacional sobre el internacional en la línea Barcelona-Figueres, lo que genera retrasos recurrentes en la Sección Internacional”, la que une los trenes procedentes de España con París.

Una situación que provoca, según ACS, “un tráfico real muy por debajo de las previsiones que se hicieron en la oferta del año 2003 y una falta de tesorería en la sociedad”. En consecuencia, la concesionaria no genera dinero suficiente para hacer frente al pago de la deuda, lo que la llevará en apenas unos meses a entrar en concurso de acreedores. De hecho, actualmente la filial de ACS y de Eifagge se encuentra ya endefault técnico”, según la documentación interna en manos de los bancos.

Ana Pastor, saluda al ministro delegado de Transporte de Francia, Frédéric Cuvillier, en la inauguración del servicio. (EFE)
Ana Pastor, saluda al ministro delegado de Transporte de Francia, Frédéric Cuvillier, en la inauguración del servicio. (EFE)

En este procedimiento arbitral, la sociedad ha reclamado inicialmente los daños sufridos por la afectación al tráfico de la Sección Internacional desde el 1 de enero al 30 de junio de 2013, cuantificados en 20,73 millones de euros. Pero además pide 3,6 millones de euros por cada mes desde julio de 2013 puesto que persisten “las circunstancias que impiden la explotación comercial”. O lo que es lo mismo, otros 64,8 millones, que agregados a los anteriores ascienden a 85,5 millones.

Rescate bancario o de los contribuyentes

La situación es tan grave que las dos constructoras han solicitado un rescate financiero a los bancos que le prestaron en su día 423 millones de euros. Ya en 2013, la compañía, que recibió más de 600 millones en subvenciones públicas,  tuvo que tirar de la cuenta de reserva para poder pagar los vencimientos. Sin embargo, su falta de liquidez le impidió reponer esa cuantía, lo que inmediatamente la colocó en situación de impago técnico.

La sociedad que explota la línea Figueras-Perpignan tiene un fondo de maniobra negativo de 382,82 millones debido a que la deuda del proyecto vence en los próximos días y no dispone de caja suficiente para amortizarla. ACS e Eiffage llevan varios meses negociando con BBVA, el banco agente del préstamo, una reestructuración de la deuda, que incluye un aplazamiento de los pagos y una quita.

Fuentes del sector aseguran que, de no mediar una subvención por parte del Estado, la compañía participada por Florentino Pérez irá a liquidación en marzo de 2015. Por lo tanto, serían los contribuyentes los que tendrían que hacerse cargo del coste total del proyecto –1.200 millones– por la reclamación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración. Un nuevo golpe muy duro contra las cuentas del Gobierno.

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