Bruselas defiende que la liquidación de Popolare y Veneto cumple las normas

Primero fue Monte dei Paschi di Siena. Luego, el Banco Popular. Y ahora ha llegado el turno de Popolare di Vincenza (BPVI) y Veneto Banca. Tres recetas para tres casos distintos en los que tan solo el Popular ha seguido el guión que, desde 2013, se escribió para los grandes bancos de la eurozona que están al borde del abismo. La Comisión Europea insiste en que la liquidación de estas dos últimas entidades y la decisión del Gobierno italiano de inyectar dinero público “cumple completamente” con lo que marca la legislación europea. Hasta donde ésta llega. El motivo: no son consideradas sistémicas, como sí lo era el Popular, por lo que su liquidación queda en manos de Roma.

El plan, sellado este fin de semana por las autoridades italianas y la Comisión Europea, ha sido muy cuestionado. Por una parte, por los que creen que responde a motivos políticos más que económicos. Por otra, por los que creen que existe un agravio comparativo con el reciente caso del Popular. Y por último, por los que lamentan que tras años poniendo en marcha la Unión Bancaria de la eurozona para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero y evitar que más dinero de los contribuyentes acabe en agujeros bancarios, se ha consentido que Italia ponga 17.000 millones en juego en la liquidación de los dos bancos del Véneto. ¿Por qué?

La letra pequeña

Los pilares de la Unión Bancaria han sido concebidos para, al menos por el momento, lidiar principalmente con los bancos sistémicos, aquellos cuya caída podría poner en riesgo el sistema financiero en su conjunto. Popular y Monte dei Paschi entran en esta categoría, Popolare y Veneto no. Una vez que el BCE anunció el viernes noche que ambas entidades estaban “en quiebra o cerca de la quiebra”, la Junta Única de Resolución explicó que no iba a intervenir, ya que la operación no era “de interés público”. Uno de los argumentos que los críticos analizan ahora con lupa.

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Esto supone que los mecanismos europeos rechazaron emprender una resolución de ambas entidades, como se hizo en el caso del Popular, y dejaron la gestión de su liquidación a las autoridades italianas, bajo sus propias normas nacionales de insolvencia. Esta cuestión es clave, ya que las leyes de insolvencia no están armonizadas a nivel europeo, lo que abre la puerta a que las capitales eviten resoluciones dolorosas de bancos medianos o pequeños. Apoyándose en éstas, Roma decidió evitar la liquidación de los bancos -que hubiera supuesto la imposición de pérdidas mucho mayores- y optó por la venta de los activos “buenos” a Intesa San Paolo.

Dos liquidaciones a costa del contribuyente

Intesa, como hizo Santander con el Popular, pagó un euro por ambas entidades. Pero aquí se acaban las similitudes. Intensa era la única entidad interesada, exigió que la operación le fuera neutra en términos de capital, por lo que Roma ha inyectado 4.800 millones de euros al comprador. Una ayuda de Estado a la que Bruselas ha dado su visto bueno, al entender que Popolare y Veneto estaban en tan malas condiciones que ningún comprador hubiera querido hacerse cargo siquiera de parte de sus activos sin este respaldo. Además, el Gobierno italiano pone sobre la mesa 12.000 millones de euros en garantías, aunque fuentes consultadas estiman que no serán necesarias más de un cuarto.

Intensa era la única entidad interesada, exigió que la operación le fuera neutra en términos de capital, por lo que Roma ha inyectado 4.800 millones

Tras analizar el caso, la Comisión Europea consideró que debía dar su visto bueno a esta intervención pública, debido al fuerte impacto económico que podría tener en la región del Véneto la caída sin red de ambos bancos. A cambio, Bruselas obliga a Intensa a cerrar un 60 % de las filiales de los bancos y a eliminar un 40 % de los empleos de las entidades. Una medida con la que busca asegurarse de que ambas entidades desaparecen no solo legalmente, sino también de facto. Y, de paso, tratar de evitar distorsiones en el mercado.

…frente a la del Popular

En el caso de los dos bancos del Véneto, los accionistas y tenedores de deuda subordinada junior asumirán pérdidas, pero no los titulares de deuda senior, que son muy numerosos Además, el Gobierno italiano ha decidido que compensará a aquellos minoristas que compraron bonos junior, por un total de 200 millones de euros, ya que considera que hubo ventas fraudulentas generalizadas. En cambio, la resolución del Popular se hizo sin que se inyectara “ni un euro” de ayudas públicas, como insiste el ministro español, Luis de Guindos, que también se ha desentendido de posibles compensaciones a los titulares de subordinada.

¿Una decisión política?

Las críticas a la operación, concebida unos meses antes de unas elecciones generales en Italia que se espere que se convoquen en otoño, no se han hecho esperar. “Este episodio confirma un patrón en la gestión de los sectores bancarios durante los últimos años: las autoridades dan una patada para delante y a menudo dejan que las consideraciones políticas sobrepasen a las cuestiones económicas”, asegura Silvia Merler, analista del think tank Bruegel.

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Para el eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, la operación sienta un “peligroso precedente” y es “inexplicable”. “La decisión del rescate en Italia es puramente política y no se basa en los nuevos marcos legales, esto tendrá consecuencias negativas para la credibilidad de la Unión Bancaria”, ha asegurado. Urtasun añadió que exigirán una comparecencia de la presidenta del Mecanismo Europeo de Supervisión (MUS), Danièle Nouy, y de la directora ejecutiva de la JUR, Elke Koning.

A su paso por la Eurocámara hace apenas una semana, Nouy tuvo que hacer frente a una lluvia de preguntas y críticas de los diputados europeos, ante los que se escudó en su deber de confidencialidad para no aclarar parte de los claroscuros que aún rodean la operación que puso al Popular en manos del Santander, literalmente, de la noche a la mañana.