Las 15 medidas de Casado para restablecer "la legalidad constitucional" en Cataluña

El PP ha adaptado el programa electoral que presentó en las elecciones del 28-A a la actualidad del momento, en especial a la escalada del desafío independentista, para abrir su propuesta para el 10-N con 15 medidas concretas destinadas a restaurar el orden constitucional y legal en Cataluña. Sin citar de entrada la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la formación de Pablo Casado define varías vías para intervenir o tutelar las competencias de la Generalitat en materia de orden público, prisiones, educación y medios de comunicación, además de plantear medidas legales para prevenir nuevas intentonas secesionistas.

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El texto condensa las reformas legislativas que el Grupo Popular propone en el Congreso en los últimos meses y las iniciativas de aplicación de leyes orgánicas que Casado exige al Ejecutivo para frenar a Quim Torra. El primer paso que el PP incluye en su programa electoral consiste en remitir un requerimiento al presidente de la Generalitat "para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales". Es el requisito previo a la posterior aplicación del 155 (que tiene que ser aprobado por el Senado) si Torra no rectifica.

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Los populares esgrimen la Ley de Seguridad Nacional "para coordinar las fuerzas y cuerpos de seguridad y para evitar injerencias políticas en su actuación". En el PP, insisten en la urgencia de quitar a Torra el control sobre la policía autonómica.

El programa del principal partido de la oposición también defiende la necesidad de que la Administración central recupere las competencias en matera penitenciaria para evitar el trato de favor a los dirigentes independentistas condenados.

Para evitar nuevos retos al orden constitucional, Casado propone reformar la ley del indulto para "prohibirlos en casos de sedición o rebelión" y recuperar la tipificación del referéndum ilegal en el Código Penal. En el PP, insisten en que fue esa tipificación la que obligó en su día a Juan José Ibarretxe a desistir de su plan de convocar una consulta para la secesión del País Vasco y evitarse así una condena de siete años de prisión. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó después esa pena.

El programa del PP incluye otras dos reformas del Código Penal para disuadir a los independentistas de nuevos ataques al orden constitucional: volver a fijar el delito de "rebelión impropia" e introducir el cumplimiento íntegro de las penas para condenados por rebelión y sedición.

Casado propone reformar la ley del indulto para "prohibirlos en casos de sedición o rebelión" y recuperar la tipificación del referéndum ilegal

Los populares también proponen modificar la ley de financiación de los partidos políticos "para que los que tengan dirigentes condenados por rebelión o sedición no puedan recibir fondos públicos que se puedan emplear para fomentar la independencia".

La Ley General Audiovisual es otra normativa que el PP quiere reformar para evitar la propaganda a favor de la secesión desde televisiones y radios públicas. Primero Puigdemont y después Torra han mantenido el control de la corporación de medios de la Generalitat (TV3) al servicio de su causa antes, durante y después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Educación

El Partido Popular apoya la urgencia de reforzar la alta inspección educativa (dependiente del Gobierno) y "sus competencias, medios y plantillas para evitar el adoctrinamiento independentista" en las aulas. También se compromete a activar la ley de acción exterior para evitar la propaganda institucional del independentismo.

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Casado vuelve a prometer una ley de símbolos nacionales "que defienda la convivencia y la neutralidad institucional", con sanciones a las autoridades que incumplan el deber de exhibir la enseña nacional en los edificios oficiales o que no cumplan con la obligación de tener el retrato del Rey en los salones de plenos municipales.

En defensa del español, los dirigentes del PP se comprometen a aprobar "una ley de lenguas para garantizar el derecho a usar el español en todo el territorio nacional, en todas las relaciones con la Administración y en cualquier actividad privada".