El PP propone que las autoridades estén obligadas a retirar los "símbolos excluyentes"

La primera proposición de ley presentada por el Grupo Popular desde que Pablo Casado fue elegido presidente del PP invita a las Cortes a regular "la defensa de la convivencia social, la neutralidad y los símbolos nacionales". En concreto, plantea medidas como la de conferir a las autoridades la obligación de evitar que "simbolos partidistas e excluyentes" como los lazos amarillos de los independentistas catalanes invadan las instituciones o espacios públicos que deben ser neutrales.

"Son las autoridades, no los ciudadanos quienes tienen que velar por la neutralidad en los espacios públicos" es el principio esgrimido por el PP para plasmar en su proyecto legislativo la solución al problema planteado en Cataluña con la invasión de las instituciones autonómicas y locales, plazas, calles, playas y monumentos de símbolos no oficiales como las banderas "esteladas" o los famosos churros en color amarillo.

En el Grupo Popular hacen hincapié en que la reglamentación propuesta es fruto y respuesta al olvido de algunos dirigentes políticos de que están obligados a respetar el la neutralidad en el ámbito público, de que una vez que llegan a un cargo representan los intereses generales y a todos los ciudadanos y no están para hacer propaganda o promocionar símbolos no oficiales excluyentes u ofensivos para una parte de la sociedad. Son los mismos argumentos ya establecidos por el Tribunal Supremo y por el Defensor del Pueblo.

El secretario general del Grupo Popular, José Antono Bermúdez de Castro, presentó la proposición de ley que de entrar en vigor obligaría a toda autoridad pública de cualquier aministración, funcionarios incluidos a impedir o subsanar el uso de ese tipo de símbolos fuera el ámbito privado. Como ejemplo puso la visita de Quim Torra a La Moncloa con su lazo amarillo en la solapa. Como emblema de la causa separatista en contra del orden constitucional, el presidente de la Generalitat tendría que haber prescindido de exhibir la insignia.

La iniciativa registrada en el Congreso aplica el régimen sancionador de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que incluye la posibilidad de dejar sin sueldo o sin cargo durante años en casos de infracción grave por reiteración en el incumplimiento del citado principo de neutralidad en los espacios públicos. A los funcionarios y empleados de todas las administraciones se les aplicaría el Estatuto de la Función Pública, mientras que los parlamentarios quedarían al margen de esa nueva normativa.