El Gobierno desactiva al prior y estira la exhumación de Franco como arma del 10-N

—Os pillará trabajando.

Era 27 de junio de 2018. Pedro Sánchez no llevaba ni un mes en el Gobierno y ya había lanzado su promesa más icónica. La exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Más de 40 años después de su muerte. Su Ejecutivo llegaría más lejos que los anteriores, ejecutaría su apuesta. Y lo haría de manera "inmediata". Antes incluso de que acabara aquel julio. Pillaría trabajando a los periodistas, les dijo en el patio del Congreso. Antes de que se marcharan de vacaciones.

El mismo Pedro Sánchez, con el tiempo, aprendió que no había sido buena idea adelantar una fecha, que había pecado de voluntarista, que no había calibrado la resistencia numantina de los Franco. Aprendió que era mejor no precisar plazos porque todos se echaban abajo por el empeño de la familia (y la obstinación del prior de la abadía del Valle de los Caídos, el benedictino Santiago Cantera) en paralizar la exhumación a toda costa. Pero no lo consiguió. El Gobierno socialista se llevó su trofeo de manos del Tribunal Supremo, un aval completo y sin tacha a sus planes, en plena precampaña. Y ahora que tiene esa victoria en la mochila, sabe que le puede ayudar a remontar unas encuestas de perspectivas sombrías, con un PSOE estancado en el mejor de los casos o directamente a la baja, y no va a renunciar a esa arma. Sánchez desenterrará al dictador antes del 25 de octubre y lo sacará de Cuelgamuros para conducirlo al panteón familiar en el cementerio municipal de Mingorrubio-El Pardo, donde yace su esposa, Carmen Polo. Pero antes quiere estirar la tensión informativa, porque se reserva para dentro de unos días el anuncio definitivo de la fecha de salida de la tumba de Estado. El Ejecutivo alimenta una burbuja que cree que, sobre todo, puede empujar a la movilización de su electorado, y que, por añadidura, supondrá cerrar un "capítulo oscuro" de la historia reciente de España.

Desde la Moncloa se guardó con sigilo la estrategia, aunque es cierto que se estuvo trabajando el jueves hasta tarde y no se sabía si se llegaría a tiempo

La Moncloa y Ferraz, tras la rotunda sentencia del Supremo, fueron tejiendo con el máximo celo la estrategia. Nada de adelantar el dato más codiciado, la fecha de la exhumación. Nada de filtraciones. Ni tan siquiera la víspera del Consejo de Ministros de este viernes querían, desde el entorno del presidente, confirmar que el tercer y último acuerdo, el que permitirá definitivamente la salida del dictador del mausoleo que él mismo mandó construir con el esfuerzo de numerosos presos políticos republicanos, iba a salir del horno en esta reunión semanal del Gabinete. Fuentes del Ejecutivo señalan, no obstante, que se estuvo trabajando en el texto durante toda la tarde y buena parte de la noche, después de los últimos autos dictados por el TS, y no se tenía la seguridad de llegar a tiempo, y de ahí el sigilo.

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Solo muy pocas horas antes de la comparecencia de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, fuentes gubernamentales confirmaron que el presidente había llevado en mano este asunto para su deliberación y aprobación. Pero, contra pronóstico, no se adoptó una fecha cerrada para la exhumación, traslado y reinhumación de los restos de Franco, sino un plazo que se extendía desde este viernes 11 hasta el 25 de octubre. En un máximo de dos semanas, pues, la operación estará completada, si bien fuentes del Ejecutivo confirmaban que no se apurarán los plazos y la ejecución técnica tendrá lugar entre el sábado 19 (ahora se ve pronto el viernes 18) y el martes 22 de octubre. Del día y hora concretos se informará a la familia y a los medios con 48 horas de antelación. La llama informativa de la exhumación seguirá viva y habrá otro hito más en este proceso que se ha alargado 16 meses dentro de unos días, cuando Calvo confirme al presidente que todo el dispositivo esté listo y se cierre la fecha definitiva. Pero la imagen del féretro de Franco abandonando la basílica casi 44 años después de su entierro en el Valle de los Caídos será la que dé la vuelta al mundo, la que permanecerá aún bien fresca en la mente de los votantes para el 10-N.

El religioso Cantera se compromete a respetar la "legalidad", no llevar el conflicto al "extremo" y no oponer resistencia física a la acción del Ejecutivo

El Gobierno se guardó esa operación en dos pasos hasta el final, pero también una medida clave: el cierre inmediato del recinto de Cuelgamuros. Tras el Consejo de Ministros, el Ejecutivo comunicó a Patrimonio Nacional, organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia y titular del Valle de los Caídos, que procediera a la clausura del complejo a partir de las 18 horas de este viernes, cuando finalizaba el horario de visitas al conjunto arquitectónico. Una vez recibida la orden, se monitorizó desde la Moncloa el flujo de turistas y curiosos por si ocurría algún incidente, pero no lo hubo. Cuando reabra sus puertas al público, la pesada losa de granito que cubría el cuerpo del dictador, a pocos metros de los columbarios donde reposan los restos de las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil (casi 34.000), ya no estará allí. Franco ya habrá viajado hasta su nuevo destino, el cementerio municipal de Mingorrubio-El Pardo, a unos 60 kilómetros, al oeste de la capital, en una sepultura ubicada en una cripta que es Patrimonio del Estado.

La orden de cierre del Valle de los Caídos neutralizaba, 'de facto', al prior de la basílica. Lo dejaba sin capacidad de reacción. Si es que aún le quedara alguna. El Supremo levantó el jueves todas las medidas de suspensión cautelar que pesaban sobre los acuerdos de exhumación del Consejo de Ministros de febrero y marzo de 2019 y subrayaba que el Gobierno podía entrar en el templo sin problemas. La sentencia era "título legítimo bastante" para acceder al interior. Y recalcaba que todos los españoles están sujetos a la ley y al cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes, como es el caso. Los Franco han acudido ya al Tribunal Constitucional y le han pedido que, como medida cautelarísima, paralice la salida de su abuelo de la abadía. Se prevé que los magistrados resuelvan a comienzos de la próxima semana, pero sería muy excepcional que congelaran la ejecución de la sentencia del TS.

Poco después, la web especializada en información religiosa 'Vida Nueva' informó de que Cantera se rendía: la comunidad benedictina no se opondrá a la exhumación, no se resistirá físicamente, no se atrincherará ni bloqueará la entrada al templo, "no va a realizar nada que se salga del marco de la legalidad", no llevará el conflicto con el Estado "al extremo", aunque no renuncie a recurrir la medida hasta el final. Así, el último escollo, que no era tal porque el Ejecutivo contaba con el plácet del Supremo, se evaporaba. Cantera se había quedado solo dentro de la Iglesia, pues ni el Vaticano, su último superior jerárquico, ni la Conferencia Episcopal Española ni la Archidiócesis de Madrid le apoyaban en su cruzada a favor de la permanencia del dictador en Cuelgamuros. Ahora, el Gobierno, en palabras de Calvo, va además "pertrechado" de una sentencia categórica de la "cúspide judicial" del país. Y los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— están "alineados" en esta cuestión.

En estos días, la veintena de monjes benedictinos podrán seguir haciendo su vida normal, con sus horas de culto y sin interferencias. Ellos disponen de una comunicación directa con la basílica sin tener que salir al exterior.

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La "dimensión histórica"

En marzo, cuando el Gobierno decidió la primera fecha de la exhumación, que luego sería suspendida por el Supremo, escogió un día concreto para la operación, el lunes 10 de junio. Esta vez, Sánchez no ha seguido la misma pauta. Calvo restó este viernes importancia al hecho de que ahora se opte por una horquilla de días: la noticia es de tal "dimensión histórica" que los demás detalles palidecen. Lo "importante", dijo, es que para el 25 de octubre Franco ya no estará en Cuelgamuros, ya no podrá ser enaltecido.

El helicóptero es el medio preferido por la Guardia Civil y el que cuenta con el visto bueno del sanedrín operativo, pero no hay tomada una decisión aún

La vicepresidenta, que ha pilotado todo este proceso junto con el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, explicó que si ahora se da un plazo más dilatado es porque quedan cuestiones "instrumentales" por resolver. Unos "días" para cerrar el Valle de los Caídos y amarrar bien las condiciones de seguridad —al estar ya clausurado se evita, en principio, altercados—, desplegar el dispositivo, preparar las obras. Le queda decidir aún si el cuerpo viajará hasta Mingorrubio por carretera o bien por helicóptero. En este punto, Calvo insistió en que se optará por la fórmula más "segura" y la que cree menos "incomodidad" a los ciudadanos, sin descartar los medios aéreos, que son los preferidos por la Guardia Civil y los que, para el instituto armado, no presentan desventajas, ya que hay espacio suficiente para despegar y aterrizar, sin causar daños materiales, tanto en Cuelgamuros como en El Pardo. También gusta al sanedrín operativo de la Moncloa. Cuando se pula esta parte del operativo y todo esté listo, el presidente dará el último OK y fijará día y hora. El Gobierno no prevé agotar sus propios plazos: la ejecución se llevará a cabo entre el sábado 19 y el martes 22 de octubre.

La número dos negaba así un cálculo estratégico: no hay más "interés" que el de llevar a término una sentencia del TS en condiciones de "seguridad, eficacia y respeto debido a los restos humanos". Se había adoptado, pues, la solución más "razonable". Fuentes gubernamentales apuntaron a este diario que, al no poner un día desde el principio, se dispone de un colchón de seguridad por si los preparativos se complicaran. En esa hipótesis, quizá se lleven los trabajos al 24 o 25.

Dentro de unos días, la Moncloa convocará a los medios para ofrecer más datos sobre el dispositivo, aunque ya adelantó algunos. Primero, que el procedimiento de la exhumación, de unas tres horas, será un acto estrictamente privado, que podrá contar con la presencia de los familiares del dictador, si estos quieren. Ellos también podrán celebrar una ceremonia religiosa en Mingorrubio. En todo momento (salida de los restos, traslado y enterramiento en la cripta de El Pardo) permanecerá la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en su condición de notaria mayor del Reino, además de los operarios encargados de los trabajos, cargos de la Moncloa —quizá el propio Félix Bolaños, encargado de toda la coordinación logística— y las autoridades mortuorias competentes —entre ellas, un forense, por si el cuerpo estuviera en mal estado—. El coste rondará los 11.000 euros, como figura en el presupuesto firmado con la empresa funeraria adjudicataria cuyo nombre se desconoce aún.

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Una carpa en el interior del templo

No habrá imágenes ni audios del instante de la exhumación en la basílica. Ni siquiera los familiares podrán tomar fotos en el interior porque el responsable del operativo es el Gobierno. Además, se instalará una carpa o biombo dentro del templo para garantizar que nadie capta fotos. Los medios sí podrían aguardar en la explanada y en las zonas públicas del Valle de los Caídos que se habiliten para facilitar el "derecho a la información" de los ciudadanos acerca de un acontecimiento que, reconoció la vicepresidenta, no solo tiene interés dentro de España, sino en todo el mundo, pues supondrá acabar con la tumba de Estado del único dictador fascista europeo que todavía disponía de ella. Se trata "cerrar con dignidad lo que no era digno". Concluir un capítulo de nuestra historia con "satisfacción extraordinaria" para el Ejecutivo. Hacer de Cuelgamuros un lugar que "se circunscriba a la paz, al perdón y a la justicia de las víctimas de la atroz contienda" que padeció España.

El equipo de campaña considera que con Franco y con la sentencia del 'procés', que se conocerá previsiblemente el lunes, arranca "otra campaña"

"La exhumación del dictador es una gran victoria de la democracia española", dijo Sánchez desde su mitin en Valladolid. "Acordémonos de que había algunos que decían que eso no iba a ser posible, pero al final la democracia española cumple siempre sus compromisos". La frase evocaba otra que habían escuchado los periodistas por boca de un alto mando del Gobierno: "He estado en otros Consejos de Ministros en los que se decía que esto no se podía hacer, que era imposible". Se podía intuir que aquellas palabras iban por José Luis Rodríguez Zapatero, que aprobó la Ley de Memoria Histórica, pero no se atrevió a sacar al dictador de su mausoleo.

Franco entró en campaña gracias al Supremo y seguirá deslizándose hasta el 10-N por decisión de Sánchez. En el círculo del presidente no ocultaban la euforia —la propia Calvo y su compañera de Gabinete María Jesús Montero, que la acompañó en la comparecencia, estaban exultantes—, como tampoco disimulaban que esta planificación en dos tiempos ayuda a mantener el pulso informativo unos cuantos días más. La cúpula socialista cree que la exhumación de Franco reagrupa a los suyos, toca la fibra sensible de sus votantes —como por cierto alimenta a Vox, que este viernes intentó, sin éxito, paralizar la ejecución ante la Junta Electoral Central— y moviliza a sus bases. Este es, de hecho, uno de los hitos señalados en el camino hacia el 10-N por Ferraz y la Moncloa. El lunes vendrá otro, con la sentencia del 'procés'. Comenzará así "otra campaña" para el PSOE, el momento en el que la cúpula confía en dejar atrás los pronósticos sombríos de las encuestas para comenzar la ansiada remontada.