También entregará 821M. a los ayuntamientos

Hacienda ignora el primer informe de la Abogacía para dar 4.700 millones a las CCAA

La Abogacía afirmó que la actualización de las entregas a cuenta suponía "introducir nuevas directrices políticas" por su "fuerte relevancia financiera", un argumento que ahora ignora Hacienda

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (Efe).
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (Efe).

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas correspondientes al sistema de financiación autonómica de 2019. Después de muchas idas y venidas, el Ministerio de Hacienda ha encontrado finalmente la "solución" para desbloquear estas entregas por la vía del real decreto-ley, ha explicado la ministra, María Jesús Montero. "Ni el Gobierno ni este Ministerio han cambiado de criterio", ha explicado, "el motivo por el que no podíamos hacerlo es que se entendía que condicionaba la actuación del gobierno entrante". Como el próximo gobierno no empezará a funcionar hasta finales de año, la ministra interpreta que su decisión de actualizar las cuentas no estará condicionando al futuro ejecutivo, de modo que no hay impedimento para realizarlo.

Sin embargo, Hacienda no está contemplando un punto relevante que sí figuraba en el primer informe de la Abogacía del Estado: un gobierno en funciones no puede "introducir directrices políticas". "El gobierno en funciones ha de continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya". El Ministerio ha argumentado que su decisión no condiciona al futuro gobierno, pero ha ignorado la primera de las prohibiciones, la de introducir nuevas directrices políticas.

En agosto, la Abogacía no tenía ninguna duda de que actualizar las entregas a cuenta suponía introducir nuevas directrices políticas: "Un gobierno en funciones al modificar el importe de las entregas a las comunidades autónomas establece nuevas orientaciones políticas", señalaba el informe. Y la Abogacía reconocía, citando una sentencia del Tribunal Supremo, que "la Ley prohíbe al gobierno en funciones utilizar los principales instrumentos de orientación política". La propia ministra lo reconoció en numerosas ocasiones. Un ejemplo es esta entrevista en la Cadena Ser (minuto 0:40): "La Abogacía del Estado nos ha trasladado que evidentemente son tareas que no pertenecen al ámbito ordinario". ¿Si antes lo prohibía, por qué no ahora?

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La ministra también se ha apoyado en el criterio de urgencia para aprobar las entregas a cuenta. "Hemos monitorizado los planes de tesorería de las comunidades autónomas y a fecha de hoy nos encontramos con que alguna puede tener dificultades de pago ya en noviembre, se puede decarar, por tanto, la urgencia", ha explicado Montero. Esta urgencia de tesorería ya fue advertida por las propias comunidades antes del verano, pero entonces fue ignorada y ahora ha sido atendida.

Si la urgencia es de tesorería, Hacienda podría haber optado por conceder préstamos a traves del FLA en vez de entrar en la financiación

Si la urgencia es de tesorería y no de financiación, el Ministerio de Hacienda podría haber optado por conceder préstamos a traves del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), como se ha hecho durante años, y así garantizar pago de los servicios públicos sin abordar la actualización de las entregas a cuenta. De este modo, no habría condicionado la acción del futuro gobierno, que podría haber abordado la actualización de las entregas en diciembre. La diferencia es muy significativa, porque un préstamo no altera el saldo de déficit del Estado, pero las entregas a cuenta sí lo modifican. De ahí que condicione el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto, lo que podría obligar a aprobar un acuerdo de no disponibilidad para el Estado en 2020.

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También el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) ha mostrado sus dudas sobre la decisión. En su opinión es "contradictorio" el "cambio de criterio" del Ministerio y ha solicitado que publique los informes de la Abogacía del Estado: el primero en el que negaba la posibilidad y el segundo con el que la ha autorizado. Gestha ha solicitado a Hacienda que publique estos informes en su página web "en beneficio de la transparencia y la neutralidad de las instituciones administrativas".

Con estos argumentos, el Ministerio ha desbloqueado ahora 4.682 millones de euros a las comunidades autónomas y otros 821 a los ayuntamientos con los que cumple con las entregas a cuenta recogidas en el sistema de financiación autonómica. No es un dinero que regala a las administraciones, sino que les corresponde por ley. En total, las comunidades percibirán este año 102.800 millones de euros correspondientes al sistema de financiación, un 7,15% más que en el ejercicio precedente y una cifra histórica. Por su parte, las corporaciones locales percibirán un total de 18.879 millones de euros.

Hacienda también ha informado a las comunidades autónomas de la estimacion sobre la liquidación del sistema de financiación de 2018 que se realizará el próximo año. Esta información supone una gran ayuda a las regiones para que puedan prever cuáles serán sus recursos en 2020 y así puedan elaborar sus presupuestos. En concreto, las regiones percibirán 10.955 millones correspondientes a esta liquidación. Esta decisión del Ministerio, facilita a las comunidades la elaboración de sus presupuestos, ya que había alguna región, como Madrid, que había anunciado que no elaboraría sus cuentas hasta no obtener más certidumbre sobre sus ingresos futuros.

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