El PSOE plantea abolir la prostitución y ya no denunciará los Acuerdos con la Santa Sede

No a la prostitución. El PSOE quiere acabar con ella. No regularla, sino abolirla. Y considera que la gestación subrogada bien prohibida está. Más aún: que ha de actuarse contra las agencias que facilitan un contrato ilegal en España. Y respecto a otro tema también sensible, como las relaciones con la Iglesia, hay cambios: ya no está en mente del partido denunciar los Acuerdos con la Santa Sede de 1979.

Son algunas de las iniciativas que figuran en el programa electoral del PSOE para las generales del 28-A, dado a conocer en su integridad este lunes [aquí en PDF], a 14 días de la cita con las urnas y ya arrancada la campaña oficial. Los socialistas dedican un capítulo íntegro a recoger sus propuestas sobre feminismo e igualdad de trato, uno de los asuntos en los que se siente más fuerte, y otro epígrafe lo destina al laicismo. Algunas ya estaban por escrito en su oferta de 2016 [aquí en PDF], pero en otros aspectos, como en lo relativo a los delitos de violencia sexual o los 'vientres de alquiler', sí se incorporan a sus páginas, como respuesta a la evolución de la opinión pública y como réplica a las contrapropuestas de otras formaciones. Ciudadanos, por ejemplo, quiere que se regule la gestación subrogada, aunque no de forma lucrativa. Pero no siempre el programa da un paso más ambicioso, a veces se queda algo más corto.

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El PSOE se propone trabajar para "abolir la prostitución y erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecer la dignidad de las mujeres, garantizar alternativas y terminar con las redes y las mafias que se lucran con la esclavitud". Para el partido de Pedro Sánchez, la prostitución no deja de ser "uno de los rostros más crueles de la feminización de la pobreza, así como una de las peores formas de violencia contra las mujeres". Por eso reclama su abolición. ¿Cómo? Por dos vías. Uno, "introduciendo una figura jurídica que permita sancionar penalmente a quienes contribuyeran o se beneficiaran de la prostitución ajena, lo que contribuirá a desmantelar la industria de la prostitución". Y dos, "sancionando la demanda y compra de prostitución".

El partida propone una nueva figura penal para castigar a los que contribuyan o se beneficien de la prostitución ajena y sancionar a los clientes

En España, el Código Penal sí castiga con penas de prisión el proxenetismo. Lo que propone el PSOE es introducir un nuevo delito que ayude a perseguir de manera más eficaz esta práctica. Y además también quiere multar a los clientes de prostitución. En el programa de 2016, la redacción era más concreta que la actual, pues hablaba de insertar de nuevo en el Código Penal "la figura de la tercería locativa (el que alquila habitaciones) en los términos del Convenio de Naciones Unidas", y de penalizar "todo tipo de proxenetismo lucrativo", mediara o no consentimiento de la persona prostituida. Fuentes de Ferraz indicaban que la redacción de 2019 "no pretende dar un paso atrás respecto a 2016". "No hay rebaja, ni se diluye nada. Al ser una formulación más abierta, se pretende actuar contra todo tipo de explotación sexual, con más margen para perseguir todo tipo de actividades, no solo la tercería locativa", aducen las mismas fuentes, que han seguido de cerca la plasmación por escrito de este epígrafe.

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Debate ya zanjado en 2017

Los socialistas retoman así su idea, ya puesta sobre la mesa durante el Gobierno de Sánchez, de sacar adelante una ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la prostitución, una norma que "contemplará mecanismos adecuados para la prevención y persecución de la trata, evitará la publicidad de servicios de contenido sexual y reforzará los servicios y programas de protección social y recuperación integral de las personas que han sido explotadas, con atención específica a menores". El Ejecutivo socialista promoverá igualmente la persecución de la trata en foros internacionales.

En el programa de 2016 sí se hacía una referencia expresa a la denuncia de los Acuerdos de 1979, igual que en la resolución congresual de 2017

La oferta electoral socialista de 2019 incluye un apartado específico sobre la gestación subrogada, que no estaba en 2016. La posición del partido es clara, puesto que este debate ya lo zanjó el 39º Congreso Federal, en 2017: la posición es la del rechazo rotundo a esta práctica (a diferencia de Cs), y es lo que se lleva al documento del 28-A. Se recuerda que la maternidad por sustitución está prohibida por la ley de 2006, de conformidad con las recomendaciones del Parlamento Europeo (punto 114 del informe de 2014), donde se condena esta técnica por ser contraria a "la dignidad humana de las mujeres, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima".

Así, el PSOE "rechaza la gestación por sustitución o gestación subrogada, eufemismo de vientres de alquiler, porque socava los derechos de las mujeres, en especial de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas". Además, subraya que "se actuará frente a las agencias que ofrecen cada año a cientos de familias españolas esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país". Pero no concreta cómo.

También es nuevo el apartado dedicado a los delitos sexuales. En línea con lo que ha venido defendiendo el Gobierno, plantea dar un tratamiento adecuado a la ausencia de consentimiento. Es decir, que si una mujer no dice que sí, todo lo demás es no. La falta de permiso de la víctima será "clave" en este tipo de ilícitos. Se suprimirá el delito de abuso sexual, que "no transmite adecuadamente el carácter coactivo inherente a todo comportamiento sexual que se impone a otra persona, sustituyéndolo por una tipificación más clara y específica para cada caso".

Violencia machista

El documento plantea proseguir con la batalla contra la violencia de género (991 mujeres asesinadas desde 2003), desplegando todas las medidas contenidas en el pacto de Estado y trasponiendo el Convenio de Estambul al ordenamiento jurídico español. También se dotarán "suficientemente" las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y asistencia de las víctimas, se incorporará al currículum educativo una formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y prevención de la violencia machista, o se avanzará en la protección de los menores víctimas de esta lacra. Este apartado es importante para el PSOE (muy reivindicado por Sánchez en sus mítines), dado el cuestionamiento introducido por Vox de la ley integral de 2004 y la confusión con la violencia doméstica.

El documento actual también aparca la reforma del artículo 135 de la Constitución, pero sí habla de blindar en la Carta Magna las pensiones

En materia de laicidad, el PSOE promoverá una Ley sobre Libertad de Conciencia, fomentará el estudio de la incidencia de la intolerancia religiosa o impulsará la creación de cementerios no confesionales. Pero desaparece una medida estrella sí reflejada en 2016: la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. El Gobierno de Sánchez no ha dado ningún paso en este sentido en estos diez meses y ahora se evapora de la oferta programática, y eso que ha sido una de las demandas más populares entre la militancia socialista, y que quedó recogida en su última resolución política congresual.

Tampoco se dice nada sobre la reclamación a la Iglesia de los bienes inmatriculados durante décadas. La vicepresidenta, Carmen Calvo, trató este asunto con el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y este reconoció que pudo haber algún "exceso" o algún "error". Las dos partes pactaron crear una comisión para estudiar el censo y purgar aquellas apropiaciones indebidas, pero de momento no hay resultados. Tampoco se ha avanzado en el pago del IBI de los lugares no de culto, asunto en el que está de acuerdo incluso el papa Francisco, y sin embargo esa cuestión se obvia. El Ejecutivo ha intentado mimar sus relaciones con la Iglesia, precisamente en un momento delicado, pues necesita que mantenga su buena disposición para poder exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pero hay un motivo electoral evidente: los socialistas no quieren introducir nada que pueda herir la susceptibilidad de los católicos. El mantra de Sánchez es la moderación.

Otro elemento que ha desaparecido del programa actual es la modificación del artículo 135 de la Constitución. José Luis Rodríguez Zapatero promovió su cambio urgente en el verano de 2011 para introducir la estabilidad financiera y el pago de la deuda. En 2016, el documento proponía "incorporar las condiciones de salvaguarda de la estabilidad social del Estado que figura en su actual texto con el fin de que, con criterios de sostenibilidad, aseguren en la distribución del gasto público un nivel adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones sociales". Ahora esa medida no está.

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Ingreso mínimo vital de hasta 858 €/mes

Sin embargo, el manifiesto electoral de 2019 sí subraya que si se aborda una reforma de la Carta Magna, los socialistas se comprometen a "blindar en la Constitución el carácter público de nuestro sistema de pensiones y su revalorización anual en base al aumento del coste de la vida", una proclama que Sánchez reiteró este lunes en un acto con mayores en Leganés (Madrid). El PSOE también promete proteger constitucionalmente el sistema público de servicios sociales como "cuarto pilar del Estado del bienestar". Y en la Ley Fundamental de 1978 se garantizarán, prosigue, derechos sociales básicos de las personas, como la protección de la salud o el derecho a un ingreso mínimo vital ante situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento de una vida digna.

¿Qué más puntos llamativos y novedades incluye el programa de 2019?

• Se calcula, precisamente, el ingreso mínimo vital. Se trata de una prestación de carácter no contributivo, que asegure un nivel básico de renta ante posibles contingencias para evitar que cualquier persona u hogar caiga en situaciones de desprotección. También busca invertir en la infancia, buscando erradicar la pobreza más severa. El PSOE plantea ir avanzando progresivamente hasta alcanzar al final de la legislatura, en los casos de pobreza más extrema, un mínimo de 580 euros al mes (con un hijo a cargo) y los 858 euros al mes (con tres personas a cargo).
• Apuesta firme por la transición ecológica, que afecta a todos los sectores productivos.

Se incluye la puesta en marcha de un plan para prevenir el suicidio o una ley de alcohol y menores, para retrasar la edad de inicio de consumo

• Eliminación de "los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012". "Elaboraremos un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, compatibilizando el crecimiento económico con la dignificación de las condiciones laborales. El nuevo Estatuto deberá estar acorde con los retos tecnológicos, sociales y ecológicos de este siglo", para garantizar la recuperación de derechos, el "avance en la democracia y la participación de las trabajadoras" en las empresas, la formación continua en la vida laboral y el fortalecimiento de la negociación colectiva y el diálogo social.
• Prohibición de la educación segregada por sexos en los centros sostenidos con fondos públicos.

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• Una asignatura de valores éticos, constitucionales, democráticos, cívicos y universales, con carácter obligatorio para todo el alumnado, tanto en educación primaria como secundaria. "Los centros escolares públicos se ajustarán a los principios constitucionales propios del Estado laico".
• Abrir el debate en el Congreso sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a los chavales de 16 y 17 años.
• Un plan para la prevención integral del suicidio y el abordaje de la conducta suicida.
• Aprobar una ley de alcohol y menores, con los objetivos de "retrasar la edad de inicio en el consumo y modificar la baja percepción del riesgo". El PSOE propone contar con la participación de comunidades, ayuntamientos y asociaciones juveniles.
• Ampliar la financiación de audífonos de forma escalonada, priorizando a los colectivos más vulnerables".
• Ilegalización de las asociaciones y fundaciones que "públicamente inciten directa o indirectamente al odio o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo". Nuevo aviso a la Fundación Francisco Franco.

• También se excluirá "de todo tipo de subvención o ayuda pública", dice el PSOE, "a cualquier organización que ensalce o defienda la dictadura o la figura del dictador Franco, el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las víctimas". Y se reformará "la legislación sobre títulos nobiliarios con el fin de suprimir aquellos títulos que representen la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura".
• Asimismo, los socialistas desean promover una modificación integral de la Ley de Memoria Histórica. Dar un paso adelante, y no ir atrás, como piden Vox y el PP. El PSOE quiere que el Estado asuma la exhumación de las fosas comunes, se declaren nulas las sentencias de los tribunales franquistas, se cambie el régimen legal del Valle de los Caídos, se reconozca a las personas que sufrieron las incautaciones de bienes y las sentencias de la Ley de Responsabilidades Políticas, se multe la no retirada de símbolos de la dictadura o se blinde la consignación dedicada a la memoria histórica en los Presupuestos.
• Aplicación "efectiva" de la Ley de Partidos para "ilegalizar los partidos racistas, xenófobos y los que promuevan la discriminación, el odio y la violencia".

El programa del 28-A, que ha sido coordinado por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, no incorpora una memoria económica. Fuentes de la cúpula señalan a este periódico que "las propuestas de ingresos y gastos son prácticamente iguales a las del proyecto de Presupuestos de 2019, que permitían incluso reducir más el déficit público". "Se anuncia el compromiso de retomar inmediatamente esos PGE, obviamente teniendo en cuenta los datos más recientes del cuadro macroeconómico. Todos los viernes sociales se han aprobado con suficiente cobertura, ya que ha habido un importante incremento de ingresos fiscales. Las subidas de salarios y del salario mínimo ayudan", explican.