Ferraz pide a las bases que no se concentren el sábado para evitar que crezca la tensión

Ferraz reacciona para que el comité federal de este sábado no se convierta en un circo. Pide a sus militantes que no se concentren a las puertas de la sede federal, lo que habría aumentado exponencialmente la tensión, especial y previsiblemente contra los barones, a los que la propia dirección federal ha jugado, según los críticos, a escorar a la derecha. Pero al tiempo consigue que la comisión federal de ética y garantías no se pronuncie sobre la caída de Pedro Sánchez. El órgano de control interno solo se reunirá después del comité, y lo hará para ordenar el proceso de recogida de avales del congreso extraordinario, el propósito principal que tiene el secretario general. Ese y no la constitución de una gestora, como quieren sus rivales.

La "comisión ejecutiva federal en funciones" —así se autodenomina ahora la ejecutiva de Pedro Sánchez tras la renuncia de 17 de sus miembros, que con las tres bajas que ya había, suman la mitad más uno de los 38 miembros originales de la dirección— lanzó este viernes un breve comunicado en el que traslada a sus militantes y simpatizantes un "mensaje de serenidad ante las difíciles circunstancias de excepcionalidad que vive el partido".

La cúpula de Sánchez estima que "ahora más que nunca", es necesario que los socialistas sean vistos como un "referente de solidez y prudencia", cualidades que las bases, añade, han mostrado "de forma ejemplar en los útlimos días". "Por eso, apelando a la responsabilidad que siempre han demostrado, desde este ejecutiva en funciones se quiere realizar una llamada a la calma a toda la militancia, para evitar cualquier tipo de concentración frente a nuestras sedes y locales, de forma que la serenidad presida, también ahora, nuestro comportamiento".

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Por último, la dirección de Sánchez traslada a sus bases un mensaje de "serenidad, tranquilidad y confianza", con la "seguridad" de que "entre todos" lograrán "resolver democráticamente las diferencias que han desembocado en esta situación", la de una guerra a muerte entre oficialistas y críticos, sin precedentes en la historia reciente del PSOE.

Lucha entre 'dos comités'

Así, Ferraz desactiva el desembarco en masa de afiliados y simpatizantes. Nada ficticio, porque el PSC de Terrassa (Barcelona) había fletado un bus hasta Madrid para "defender" a Pedro Sánchez. En Valencia, ayer, también hubo militantes a las puertas de la sede del PSPV que respaldaron al secretario general y pidieron la dimisión de su líder autonómico y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por haber firmado la dimisión de la ejecutiva.

Pero ese mensaje de distensión casa mal a su vez con otro gesto político de mayor calado. La comisión federal de ética y garantías se reunirá, sí, pero lo hará mañana y una vez acabado el comité federal. La presidenta del órgano, la vasca Isabel Celaá, sanchista, ha convocado la cita. Pero no con el fin de dictaminar quién tiene el poder en el PSOE después de la dimisión de la mayoría de los miembros de la ejecutiva federal —Ferraz entiende que está en funciones y que su obligación es conducir al partido hasta el cónclave extraordinario y pilotar esa transición, los críticos insisten en que esa cúpula se ha extinguido—, sino para poner en marcha el congreso extraordinario, que comienza con la fijación del número de avales necesarios para los candidatos que quieran competir. Ese órgano es el que vela por la limpieza del proceso. La convocatoria se hace en virtud del artículo 16. 3 del reglamento federal de congresos, según especificaban en el cuartel general socialista.

Sánchez quiere que salga adelante el congreso y que hable la militancia. De hecho, su ejecutiva elevó al comité la propuesta de calendario: consulta a las bases para que elijan líder el 23 de octubre, cónclave con delegados el 12 y 13 de noviembre. El sector crítico luchará lo posible para frenarle sus planes: pretende que mañana se constituya una gestora que tome las riendas del PSOE de forma interina hasta el siguiente congreso, en el que podrán votar los militantes. Cónclave aún sin fecha porque subrayan que antes debe resolverse la gobernabilidad de España. Posición que ayer fijó de forma solemne el comité director del PSOE andaluz, la federación más poderosa y que tiene al frente a Susana Díaz, cabeza de los barones contrarios a Sánchez.

El árbitro interno tiene previsto reunirse para ordenar el proceso congresual, no dirimir sobre el conflicto. Page advierte de que es básico que dictamine ya

Para los rivales del (aún) secretario general, es capital que el árbitro interno dictamine. Y lo haga con urgencia. De hecho, el presidente manchego, Emiliano García-Page, reclamó desde Toledo que haya la "mínima sensibilidad democrática como para que hoy se permita reunir" a este órgano, porque es "absolutamente indispensable". "Toda mi opinión, decisión y mi voluntad hacia mañana depende de que la comisión de garantías cumpla con el trabajo que le encomendamos democráticamente todos los militantes". Una advertencia clara. Cualquier gesto de distensión tiene que venir compañado de ese informe previo. Y si no lo hay, el choque será total. Page, uno de los 17 miembros de la ejecutiva que el miércoles presentó su dimisión entiende que el árbitro interno ha de emitir su juicio porque se ha originado "un conflicto que tiene clara raíz jurídica y que hay problemas de interpretación".

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El presidente manchego, también para despejar dudas y contrarrestar el mensaje de Sánchez de que sus críticos patrocinan la abstención, subrayó que él está de acuerdo con el no a Mariano Rajoy. Recordó que ha pasado toda su vida "intentando desalojar democráticamente al PP". "Lo he hecho en Toledo, en Castilla-La Mancha, soy un firme defensor de un planteamiento claro de no a Rajoy y no a seguir perdiendo frente a Rajoy elección tras elección y cada vez por más, desde ese planteamiento, creo que verdaderamente le tiene que importar a la militancia y a la sociedad en su conjunto".

Diferencias de interpretación

No hacen la misma lectura Ferraz y los críticos de lo que está pasando. La cúpula se agarra a que los estatutos señalan, en su artículo 36. o), que cuando se produce la vacante de la mitad más uno de los miembros de la ejecutiva federal, deberá convocarse congreso extraordinario. Los adversarios del líder señalan que la interpretación asumida en el partido (y puesta en práctica siempre) es que cuando dimiten la mayoría de los miembros de una dirección, esta se considera disuelta y se nombra interinamente una gestora. El precedente más inmediato es lo que ocurrió en 2000, cuando dimitió Joaquín Almunia como secretario general y por acuerdo del comité se constituyó una "comisión política" que presidió el andaluz Manuel Chaves. En el equipo de Sánchez señalan que la situación no es trasplantable, pues no habido ni dimisión del jefe ni hay pacto, y por tanto está aplicando escrupulosamente los estatutos.

Los críticos tienen mayoría dentro de la comisión de garantías (un 3-2) a su favor, pero no tienen en sus manos el poder de convocarla. Según su reglamento, quien cita a sus cinco miembros es el secretario (en este caso, el madrileño Félix Bolaños, sanchista) a instancias de la presidencia (Isabel Celaá). Por eso ayer los tres vocales alineados con los barones —María Jesús Montero, Wilfredo Jurado e Inés Ayala— solicitaron a Celaá la reunión urgente del órgano para abordar la situación de excepcionalidad. Si ese encuentro no se producía, ellos tres expresarían su "opinión" a través de un informe que, sin embargo, carecerá de validez jurídica para que el comité federal pueda aprobarlo en su reunión de mañana.