GUERRA CIVIL EN LA CASA SOCIALISTA

Los críticos en el comité de garantías amenazan con informe aun si no se convoca

Tres de los cinco miembros del árbitro interno piden a la presidenta del órgano que les reúna antes del comité federal, pero si no lo hace ellos emitirán su "opinión" sobre la crisis abierta

Foto: Pedro Sánchez, a su llegada este 29 de septiembre a la sede federal, en Ferraz. (EFE)
Pedro Sánchez, a su llegada este 29 de septiembre a la sede federal, en Ferraz. (EFE)

Con el PSOE bloqueado y partido en dos, sí hay un órgano legitimado para mediar en el conflicto y emitir un dictamen que "arroje luz" sobre la hoja de ruta a seguir tras la dimisión de la mayoría de la ejecutiva de Pedro Sánchez. Es la comisión federal de ética y garantías, recuerdan los críticos. Un árbitro interno que preside la vasca Isabel Celaá, cercana al secretario general, y que sin embargo no se ha reunido ni hay previsión de que lo haga. Los díscolos mueven ficha: tres de los miembros del órgano exigen a Celáa que les cite en sesión extraordinaria en menos de 24 horas porque, si no lo hace, emitirán su "opinión" sobre la gravísima interna que atraviesa el PSOE

La petición, a la que tuvo acceso El Confidencial, se registró a las 14.14 horas de este 29 de septiembre en Ferraz, y la firman tres de los cinco miembros de la comisión de garantías: la consejera andaluza María Jesús Montero, la eurodiputada aragonesa Inés Ayala y el abogado madrileño Wilfredo Jurado (muy cercano al decapitado líder del PSM Tomás Gómez). Son los tres vocales del órgano, pero ellos no pueden convocar por sí mismos ninguna reunión, como recordaba esta mañana la cúpula federal en un comunicado: según las normas internas, que los firmantes reconocen, la comisión solo se puede convocar por su secretario —en este caso, el madrileño Félix Bolaños, sanchista— a instancias de su presidenta, Celaá [lee aquí la nota de Ferraz en PDF]. 

Montero, Jurado y Ayala solicitan a la presidenta de la comisión la convocatoria de esa cita "en un plazo no superior a 24 horas", "habida cuenta" de los "gravísimos acontecimientos expresados públicamente", con la renuncia de 17 integrantes de la ejecutiva, y las "dudas sobre la interpretación de los estatutos", cuestiones que generan "una gran alarma entre la militancia y en la opinión pública", que afectan "gravemente al funcionamiento ordinario del partido y a su imagen pública". Los firmantes se apoyan además en el requerimiento de la reunión formalizado esta mañana la presidenta del comité federal, Verónica Pérez, secretaria provincial del PSOE sevillano y mano derecha de Susana Díaz. 

Los críticos en el comité de garantías amenazan con informe aun si no se convoca

"Nula a todos los efectos"

Los tres vocales informan a Celaá que si esa reunión no se produce en el plazo pedido y en el "ejercicio de las obligaciones ineludibles" que señalan los estatutos, ellos procederán a "la emisión de opinión fundada en Derecho, acerca de las cuestiones planteadas por la presidenta del comité federal", sin perjuicio, reconocen, de que se ratifique ese informe cuando la comisión de ética y garantías sea "formalmente convocada". 

Esta mañana ya advertía Ferraz de que la convocatoria unilateral, "en exceso de competencias e incumpliendo la normativa que rige el trabajo" del tribunal interno "debe ser considerada nula a todos los efectos". En este caso los firmantes hablan de emitir su "opinión", pero no de un informe normalizado. La cúpula también subrayaba que la comisión "tiene libertad, autoridad e independencia para el ejercicio de sus funciones", y no puede ser convocada ni por el comité federal ni por la ejecutiva federal

Isabel Celaá, el pasado 15 de enero en Vitoria. (EFE)
Isabel Celaá, el pasado 15 de enero en Vitoria. (EFE)

Montero, Jurado y Ayala se quejan de que no han podido obtener respuesta a la "petición de convocatoria extraordinaria por el cauce normal", el mail, ni tampoco Celaá ha contestado a las llamadas telefónicas. También lamentan que la dirigente, a través de Ferraz, se haya pronunciado en contra de una cita exprés, pese a la "urgencia que merece la situación y en todo caso, antes de las reuniones convocadas para el próximo sábado 1 de octubre [el comité federal], reuniones que precisamente han provocado la controversia jurídica sobre la que se nos ha solicitado pronunciamiento entre otras". Así que a la vista de que se han agotado "todos los medios razonables" para cumplir con sus obligaciones, los firmantes creen verse "impedidos" como miembros de la comisión para ejercitar sus obligaciones

Los tres firmantes consideran que deben cumplir sus "obligaciones" ante el conflicto existente, y más tras la petición formulada por Verónica Pérez

"Nunca hemos tenido un problema entre nosotros, todo lo contrario, queremos mucho a Isabel y hemos trabajado bien este tiempo, pero sorprende que no nos haya cogido el teléfono. Pero estamos obligados a actuar, a hacer algo y buscar una solución", advertía, en declaraciones a este periódico, uno de los miembros de la comisión, que rechaza que se hable de una correlación de fuerzas de 3-2 a favor de los críticos, puesto que en el seno del órgano se suele buscar el consenso y resoluciones que satisfagan a todos sus miembros. 

La posibilidad de la recusación a algún integrante de la comisión "no está prevista en el reglamento", pero la presidenta sí puede acudir a su voto de calidad en caso de empate. 

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