El coste de la deuda crece con fuerza y equivale ya a la inversión pública

La economía española vuelve a las andadas. La subida en vertical de los tipos de interés y, en paralelo, las restricciones presupuestarias provocarán este año que el Estado (incluyendo todas las administraciones públicas) gastará casi tanto en pagar el servicio de la deuda como en inversión pública. O lo que es lo mismo, en formación bruta de capital fijo.

Los datos aparecen en la primera comunicación que ha enviado el Gobierno a Bruselas para dar cuenta de sus previsiones presupuestarias para este año, y, en concreto, estiman que este año el Estado gastará 39.078 millones de euros en financiar el endeudamiento, lo que representa un incremento del 8,6% respecto del año pasado. La cifra es ligeramente inferior a lo que destinará este año en inversión pública: 39.924 millones de euros. Esto supone, según la comunicación remitida a la Comisión Europea, un recorte del 8%. En total, 3.462 millones menos.

De esta manera, se rompe la tendencia de los últimos años, en los que el abaratamiento del precio del dinero significó un ahorro importante al Tesoro Público en gastos financieros. Desde que el Banco Central Europeo (BCE) dio un giro de 180 grados a su estrategia monetaria, sin embargo, ha sucedido todo lo contrario. Este año el Estado pagará 7.269 millones de euros más en intereses de la deuda que en 2022, pero si se compara con el año 2020 el resultado es que la factura ha aumentado en 13.958 millones de euros. Esta cantidad, por ejemplo, supone más de la tercera parte de lo que el Estado recauda por el impuesto de sociedades, que grava los beneficios de las empresas. En términos de PIB, el gasto en intereses de la deuda representará este año el 2,5%.

La evolución del gasto en inversión pública es muy distinta. Tras el espectacular incremento que se produjo en los años anteriores a 2010 (incluyendo el Plan E desplegado en tiempos de Rodríguez Zapatero) a partir del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de crédito se produjo un recorte drástico que se manifiesta en una comparación incontestable. En 2006, se alcanzó, incorporando la inversión privada, un histórico 30% del PIB, más propio de países en desarrollo o de naciones que salen de un conflicto armado o de una catástrofe natural, pero en 2022 había caído nada menos que once puntos, hasta el 19% del Producto Interior Bruto.

Servicio de la deuda

Una parte relevante de ese descenso se debe achacar a la inversión pública, que si en 2010, según datos del Banco de España, llegó a representar el 4,6% del PIB, este año bajará hasta el 2,6%, cerca de la mitad. Es decir, apenas una décima más de lo que se destinará a financiar el servicio de la deuda pública.

Ya el año pasado se produjo un severo ajuste en la inversión pública. El subsector Estado, en concreto, destinó un 16,6% menos en formación bruta de capital fijo, hasta los 7.068 millones de euros. Un reciente informe de la AIReF pone literatura y números a lo que está sucediendo con la inversión pública. Según el órgano que evalúa la política macroeconómica y presupuestaria de las distintas administraciones públicas, la inversión pública únicamente muestra niveles superiores a los del año 2019 en el caso de los productos de la propiedad intelectual.

En cambio, sostiene, la inversión en material de transporte ha caído un 25% respecto del nivel de ese año, inmediatamente antes de la pandemia, mientras que la inversión en recursos biológicos cultivados es un 13,4% inferior, fruto de la persistente sequía y del aumento de los precios de insumos de la agricultura. La inversión en construcción, marcada por el comportamiento de la inversión en vivienda, se mantuvo un 4,5% por debajo de los niveles medios del año 2019, mientras que la inversión en otra maquinaria y bienes de equipo se mantiene estancada, ya que en 2023 habría revertido parcialmente la mejora experimentada en los años 2021 y 2022.

El análisis de la AIReF, sin embargo, no distingue entre inversión pública y privada, aunque a partir de su propia metodología estima que a finales de 2023 el nivel de la inversión privada en términos reales sería un 8% inferior al registrado en 2019, mientras que la pública se encontraría más de un 30% por encima de la de ese año. En todo caso, matiza, la inversión pública se encontraría todavía muy lejos de los máximos observados durante el año 2009, en pleno Plan E de impulso a la actividad constructora para estimular la demanda interna.

Un reciente estudio de la Fundación BBVA mira más atrás y, según sus estimaciones, en 2022 las inversiones públicas todavía se situaban un 6% por debajo de su nivel en 1995 y eran un 55% inferiores en términos reales a las del máximo de 2009, en plena burbuja.

Tan relevantes son los datos más recientes, sin embargo, como la trayectoria. Y en el caso del coste de la deuda las cifras que maneja Funcas muestran que en lo que va de siglo el año que exigió más recursos para financiar el endeudamiento fue 2013, cuando el Tesoro tuvo que pagar 36.677 millones. La posterior política de tipos de interés cero, pese al incremento de la deuda pública, permitió rebajar la factura hasta un mínimo de 25.120 millones en 2020, pero a partir de ahí cambiaron las tornas por un doble efecto.

Rebajar la factura

Por un lado, por el aumento de la deuda pública en circulación, hasta cerrar el año pasado en el 107% del PIB, y, por otro, por el encarecimiento del precio del dinero. Los niveles de coste del servicio de la deuda en relación al PIB, en todo caso, se mantienen hoy todavía lejos de los registros de los años 90, cuando los elevados tipos de interés, con un endeudamiento sensiblemente inferior, llevaron la carga financiera hasta representar el 4% del PIB, cerca del doble que ahora.

La rentabilidad media que llegó a pagar el Tesoro por sus emisiones (todos los plazos) se situó en un mínimo del 1,64% en 2021, pero en marzo de este año ya se alcanza el 2,11%. La diferencia todavía es relativamente pequeña debido a que el Estado se financia en plazos más largos, pero a medida que se vayan amortizando los títulos emitidos en los años con tipos de interés más bajos la factura irá incrementándose de forma relevante. Ese efecto comenzará a ser una realidad de forma significativa a partir de la próxima década debido a que la principal fuente de financiación del Tesoro son las obligaciones a 10 años y hasta esa fecha no se irán amortizando.