La reforma de las pensiones que Bruselas nunca quiso va en la dirección que siempre temió

La Comisión Europea ha constatado esta semana, en el Aging Report, un informe sobre el impacto del envejecimiento de la población que se publica cada tres años, el descarrilamiento del déficit que provocará la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá, exministro de Seguridad Social. Esta medida nunca gustó en la dirección general de Economía y Finanzas del Ejecutivo comunitario, donde consideraban que la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy era un ejemplo. Pero el Gobierno utilizó el argumento del acuerdo en el Pacto de Toledo, la necesidad de responder a una exigencia, la de revalorizar las pensiones indexándolas al IPC, que contaba con un amplio apoyo político. Y la Comisión, a regañadientes y sospechando ya lo que pasaría, cedió. Ahora tocará sentarse a la mesa y ver cómo se resuelve este descuadre. Y en un ajuste de cuentas hay pocas armas más afiladas que un "te lo dije".

Pero los vientos políticos han soplado en otras direcciones y así esta propuesta acabó incluida en el Plan de Recuperación español en el que se recogen todos los hitos y objetivos que el Gobierno debe cumplir para recibir los fondos europeos que se acordaron durante el coronavirus. Pasó de ser una línea roja para la Comisión Europea a una exigencia para recibir uno de los desembolsos, un signo de los tiempos de la Bruselas post-troika, en la que el Ejecutivo comunitario ha pasado de ser el guardián de las esencias de las reglas y la estabilidad fiscal, a tener un papel mucho más acomodaticio a las necesidades de los Estados miembros. Se acabó la era de "los hombres de negro", las capitales están a los mandos, una herencia de las lecciones aprendidas por el despotismo y de los excesos de la época de la austeridad.

Pero incluso aunque los métodos hayan cambiado, la desconfianza ha seguido ahí. La Comisión Europea nunca terminó de creerse que la reforma de las pensiones de Escrivá sería sostenible, siempre hubo la certeza de que iba a haber un déficit y que las cuentas no cuadrarían. La negociación fue dura, la Comisión dejó claro su punto de vista sobre las cuentas que hacía el ministerio de Escrivá. De hecho, se cubrió las espaldas: en el documento de trabajo que el Ejecutivo comunitario publicó analizando el Plan de Recuperación español, sus dudas quedaron claramente reflejadas, y subrayaron la importancia de medidas que compensaran el impacto fiscal de la reforma. "En caso de que las medidas compensatorias y complementarias no fueran suficientes para cumplir las REP (recomendaciones específicas por país) relacionadas con la sostenibilidad fiscal, el impacto presupuestario global del aumento del gasto en pensiones tendría que amortiguarse todavía más mediante ajustes presupuestarios proporcionales en el futuro", señalaba el texto.

La sospecha de que esta reforma acabaría dando dolores de cabeza nunca ha abandonado la dirección general de Economía y Finanzas del Ejecutivo comunitario. Declan Costello, director general adjunto, hombre clave de los rescates y ahora del despliegue de los fondos de recuperación, sabía que las cuentas no cuadraban. Él es de la vieja escuela, pero tiene que responder a la sensibilidad política de la Comisión, y en Bruselas ahora la relación con las capitales ha cambiado por completo. Ya no se impone, sino que se acompaña a los Gobiernos nacionales, incluso cuando estos van por caminos que en la capital comunitaria se sabe que son conflictivos. Costello podía tener sus ideas, sus 'excels', pero si Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno hasta que se ha marchado al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y pieza clave en la relación entre Moncloa y Bruselas, levantaba el teléfono; Paolo Gentiloni, comisario de Economía, y Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión, respondían y escuchaban a alguien a la que conocen y respetan. Y contra eso poco se puede hacer.

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La oposición no es ni puede ser frontal a la indexación de las pensiones. Irlanda es el único país europeo que no tiene ningún tipo de indexación, pero España ha entrado de lleno en el grupo de los que tienen una conexión automática y total entre los precios y las pensiones, junto con Bélgica, Grecia, Italia, Luxemburgo y Eslovaquia. Políticamente, la Comisión no puede negar ese paso, pero durante las difíciles negociaciones que se desarrollaron durante meses antes de cerrar un acuerdo en marzo de 2023, Costello y los técnicos de la Comisión sí intentaron evitar un modelo que se alejara demasiado de las cuentas que hacía el Ejecutivo comunitario. Y fueron muchos los que no quedaron satisfechos con la reforma, sabiendo que se había dado una patada hacia delante y que habría que afrontar el problema más pronto que tarde.

Las fuentes consultadas apuntan a que los datos recogidos en este documento llevarán efectivamente a un mayor ajuste fiscal, empezando por los 12.000 millones de euros recogidos en la cláusula de salvaguardia del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en 2025 por el desvío de 0,8 puntos que recoge el informe respecto al objetivo establecido. Se trata de un gasto que, teniendo en cuenta los nuevos ingresos, no debía superar el 13,3% del PIB, y que teniendo en cuenta el aumento de la contribución de las cotizaciones calculada por la Autoridad Fiscal Independiente (AiRef) se encontrará ocho décimas por encima, es decir, casi 12.000 millones.

Se trata de un gasto que, teniendo en cuenta los nuevos ingresos, no debía superar el 13,3% del PIB

Además, la Comisión Europea recogerá este nuevo escenario en la trayectoria técnica de gasto neto primario que elaborará en junio en el marco de las nuevas reglas fiscales, cuya aplicación comenzará a partir de enero de 2025. Esa trayectoria marca el ajuste que el Gobierno debe hacer para dejar el déficit por debajo del 3% y la deuda en una pendiente descendiente creíble durante el periodo de ajuste de cuatro años, extensible a siete en caso de que se comprometan reformas e inversiones estratégicas.

Esa "trayectoria técnica" servirá de base para una negociación entre los técnicos comunitarios y el Gobierno para elaborar un plan de consolidación fiscal durante el periodo y que tendrá que tomar como referencia los cálculos presentados en junio. En esta negociación se da cierto margen al Estado miembro para que adapte el plan a sus necesidades y sus exigencias particulares. Pero el Gobierno de España llega a esa negociación en la que el capital político y la confianza mutua es importante precisamente después de que, tras intentar que la Comisión le dé margen para la reforma que querían, esta haya arrojado unos datos que preocupan y mucho en la capital comunitaria, y también llega a esa negociación clave para el ajuste fiscal sin una figura que también fue clave para que Bruselas tragara con esta reforma: Nadia Calviño, con todas sus conexiones personales y su capacidad de leer, entender y hablar en el idioma de la Comisión.