Las subvenciones públicas caen un 20% e inauguran un nuevo ciclo de recortes

La política de ayudas públicas ha tenido un antes y un después en 2023. Si desde la irrupción de la pandemia las subvenciones del conjunto de las administraciones públicas no habían dejado de crecer, hasta alcanzar un máximo histórico de 26.965 millones, el año pasado se rompió la tendencia alcista. El recorte, en concreto, fue del 20,3%. Se trata del primer ajuste de envergadura desde 2011, cuando las políticas de ajuste diseñadas por la Unión Europea, bajo la amenaza de la intervención de los estados, obligaron a una reducción drástica de las ayudas públicas.

Los recortes, de hecho, no han hecho más que comenzar. El Gobierno prevé, en el Plan Presupuestario, que este año el volumen de subvenciones descienda hasta representar el 1,2% del PIB, cuatro décimas menos que en 2023.

El recorte del pasado año, sin embargo, no significa que el sector público haya abandonado la política de subvenciones. Por el contrario, los 21.507 millones de euros que se concedieron en 2023 (que suponen el 1,6% del PIB) representan el doble de la media de las dos últimas décadas en términos absolutos.

Desde 2003, el conjunto de subvenciones se ha movido entre un mínimo de 8.641 millones a un máximo de 12.435 millones justo antes de la aparición del covid, lo que da idea de la expansión que se ha producido en las ayudas públicas. En este caso, porque la propia Comisión Europea dio un giro estratégico a su posición durante la crisis financiera del 2008 y al suspender temporalmente las reglas fiscales, dio carta blanca a los gobiernos para gastar en subvenciones. Esa estrategia continuó tras la puesta en marcha de los fondos Next Generation.

Media histórica

El año pasado, sin embargo, y tras haber quedado atrás la pandemia, tanto la Comisión Europea como distintos organismos multilaterales reclamaron a los gobiernos que revisaran a la baja su política de subvenciones, y eso es, precisamente, lo que ha sucedido. Ahora bien, la inercia es muy fuerte y su cuantía todavía se sitúa muy lejos de su media histórica.

De hecho, si a las subvenciones, que desde el punto de vista de la contabilidad pública se incluyen dentro de los gastos corrientes, se añaden las ayudas a la inversión en capital habría que sumar otros 10.306 millones de euros. Este capítulo, de hecho, no ha dejado de crecer, ni siquiera pese a las recomendaciones de Bruselas. El año pasado, en concreto, las inversiones en capital se incrementaron en nada menos que un 37,2%. Lo singular, en este caso, es su evolución, toda vez que su cuantía prácticamente se ha triplicado desde 2019, inmediatamente antes de la pandemia. Hay que tener en cuenta que entre los años 2021 y 2023, España recibió un total de 37.036 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en tres desembolsos. El Gobierno prevé que este año se reciban 25.600 millones de euros adicionales.

La diferencia entre unas subvenciones y otras radica en que las primeras se conceden a una empresa o a una persona física con la finalidad de influir en los precios, lo que le permite una remuneración suficiente de los factores de producción. Por el contrario, las subvenciones de capital son aquellas que tienen por finalidad la financiación de operaciones específicas con el objetivo de adquirir o construir activos fijos.

Las ayudas públicas no acaban aquí. Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se refieren a las operaciones no financieras del Estado y de las distintas administraciones, pero si se incorporan las ayudas financieras la cifra es muy superior.

Tan sólo en 2012, el año de la intervención del sistema financiero por parte de la autoridad monetaria, las ayudas a las cajas de ahorros y a la banca privada alcanzaron los 46.693 millones de euros. Desde ese año, la cifra ha ido reduciéndose, y en 2023, precisamente, ha sido el primer ejercicio (y el único) en el que la crisis financiera no ha costado ni un euro al contribuyente. Al contrario, y tras reconocerse las pérdidas en el déficit público, el año pasado se produjo una aportación positiva equivalente a 233 millones de euros. Es la única vez desde 2012 en que la crisis financiera no le ha costado dinero al erario público. La factura, en total, han sido 72.038 millones de euros que difícilmente podrá recuperar el Estado.

Recortes generalizados

Lo que se han recortado, fundamentalmente, son las ayudas destinadas al transporte para paliar los altos costes de la energía. Por ejemplo, a los transportistas con derecho a devolución parcial del impuesto de hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional o a la compensación del sistema eléctrico por la reducción de peajes a consumidores intensivos de electricidad. Igualmente, se ha recortado la financiación de la TUR (tarifa de último recurso) en el gas natural o las subvenciones al consumo de gasóleo de productos agrarios. Estas partidas llegaron a suponer 4.249 millones, de los que 3.529 millones fueron las ayudas al consumo de combustible recogidas en un real-decreto ley aprobado un mes después de la invasión de Ucrania por Rusia.

Esto explica, al tratarse de ayudas estatales, que haya sido la administración central quien haya recortado más las subvenciones que las comunidades autónomas. En el primer caso, el ajuste ha sido del 38%, muy lejos del 6% que han recordado los gobiernos regionales.

El fuerte incremento de las subvenciones públicas ha sido generalizado en la Unión Europeo. El último marcador europeo, como lo llama Bruselas, y que se refiere al año 2022, aunque con datos de 2021, indicó que los estados miembros gastaron alrededor de 335 000 millones de euros en concepto de ayudas estatales destinadas a todos los objetivos, a excepción de las ayudas relativas al sector ferroviario y a los servicios de interés económico general. Alrededor del 57% (aproximadamente 191 000 millones de euros) se destinó a empresas gravemente afectadas por la pandemia para que siguieran siendo viables.