El sector público dispara sus depósitos en 12.000 millones en 2023 y roza niveles récord

El déficit público no impide que las administraciones públicas acumulen colchones de liquidez en los bancos. La diferencia respecto a años anteriores es que esta vez los bancos sí están pagando por los depósitos a las instituciones públicas, igual que a las empresas, aunque no lo hagan a las familias, salvo algunas excepciones.

Entre enero y agosto, según datos del Banco de España, las administraciones públicas incrementaron su volumen de depósitos bancarios en casi 12.000 millones, hasta los 82.500 millones. Se trata de la segunda cifra más alta de la historia, solo por detrás de los 89.772 millones de noviembre de 2021.

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Las posiciones en la banca de las administraciones públicas tienen un componente volátil y estacional por el cobro de impuestos y transferencias, y por algunos gastos periódicos, pero que no evita que se vean tendencias de aumentos o reducciones. Por ejemplo, tras el confinamiento, hubo una senda al alza hasta el máximo mencionado, para luego reducirse durante 2022 y volver a aumentar este año.

El incremento de este año, de 11.800 millones, supone un 17% más que los 70.700 millones de diciembre. A diferencia de lo que ocurría en 2021, cuando los depósitos aumentaban y los bancos no pagaban por el pasivo, sino que incluso repercutían un coste, ahora sí hay una remuneración por estos depósitos.

Según fuentes financieras, estos depósitos pueden llegar a pagarse por encima del 2%, e incluso más del 3% en algunos casos, aunque siempre depende del volumen de negocio y de la relación con la Administración pública. Hay que tener en cuenta que el grueso de estos depósitos proviene de los ayuntamientos, que tienen restricciones para gastar sus colchones de superávit.

Por eso se produce la paradoja de que las administraciones públicas vayan a cerrar el año con un déficit público superior al 4%, según la última previsión de la AIReF, y, sin embargo, haya un incremento de los depósitos. Este aumento también se producía durante finales de 2021, en plena oleada de contagios ómicron, con el colapso de la sanidad y la reducción de la actividad económica.

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Carlos Rodríguez Lucía Puerto

La Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 establece una regla de gasto según la cual este no puede aumentar por encima de una ratio prefijada que depende de la estimación del crecimiento de la economía española durante los tres ejercicios siguientes. Así, hay momentos en los que la recaudación aumenta más que el límite de gasto, con lo que los ayuntamientos no pueden ni incrementar su gasto público ni amortizar deuda.

Esta regla provocó enfrentamientos entre el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ideólogo de la misma, y la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena. Pero también fue un arma arrojadiza contra el Gobierno de Pedro Sánchez por parte de ayuntamientos y comunidades del PP durante la pandemia.