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La transformación del sector público: 92.000 millones más de gasto corriente en tres años
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Desde 2019 hasta 2022

La transformación del sector público: 92.000 millones más de gasto corriente en tres años

El sector público ha crecido intensamente en los tres últimos años. El grueso de los recursos se ha ido a las pensiones, la sanidad y las subvenciones. La herencia son 26.000 millones de déficit

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
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La crisis económica provocada por la pandemia y por la invasión de Ucrania ha ocasionado una intensa transformación del sector público en España. Las dificultades sociales aceleraron los planes del Gobierno de dar un salto en el tamaño del sector público, tanto a nivel de ingresos como de gastos. Los datos de 2022, recién publicados por la Intervención General del Estado (IGAE), muestran hasta qué punto esta transición se ha consolidado. El gasto corriente ejecutado durante el año pasado por el conjunto de Administraciones Públicas ascendió a 582.000 millones de euros. Esto supone la consolidación de un gasto corriente que es 92.000 millones superior al del año 2019, lo que supone un crecimiento del 19%.

Si se compara con el montante del PIB, España pasó de tener un peso del gasto corriente del 39% a casi el 44%. Un salto de casi cinco puntos porcentuales que se ha consolidado en apenas tres años. Este crecimiento del gasto público ha acelerado la recuperación económica, de hecho, casi el 46% de los puestos de trabajo creados desde 2019 son públicos. También ha mejorado la renta de algunas familias (principalmente las de los jubilados y las clases más populares).

Pero, el coste para España también está siendo alto: una deuda pública consolidada por encima del 110% del PIB y un déficit que se sitúa casi en el 5% del PIB. De hecho, en 2018 España casi cerró el déficit primario (el saldo antes del pago de los intereses de la deuda) y en 2022 ascendió al 2,4% del PIB. Esto es, un déficit primario que ha aumentado en 1,6 puntos del PIB (se ha multiplicado por quince). Esto significa que España sigue trayendo al presente crecimiento futuro, ya que en algún momento tendrá que reducir su déficit con ajustes fiscales que frenarán la creación de empleo y el avance económico de ese momento.

Foto: Escaparate de una carnicería en Madrid. (Getty/Eduardo Parra)

Para este análisis se utiliza el gasto corriente para evitar el efecto distorsionador de las inversiones, cuyo comportamiento es más volátil y que están afectadas por la llegada de fondos europeos. Este crecimiento del gasto es un camino de no retorno para España. Al menos durante las próximas décadas, ya que el gasto en pensiones ha sido la partida que más porcentaje se ha comido de estos 92.000 millones de gasto extra y seguirá aumentando rápidamente hasta los años cincuenta.

El gasto corriente de la Seguridad Social aumentó en 28.100 millones desde 2019 hasta 2022. Esto es, un 31% de todo el nuevo gasto. La mayor parte se ha destinado a pensiones, pero también la Administración Central financia una parte del aumento del gasto en pensiones por las clases pasivas. En total, las transferencias sociales han aumentado en 32.000 millones de euros, más de un tercio del nuevo gasto. Esta cuantía no incluye los 15.000 millones que costará la revalorización de las pensiones con el IPC en 2023, y que seguirá engordando el gasto corriente.

Una de las principales transformaciones ha sido la contratación de trabajadores públicos, ya que se han incorporado 266.000 trabajadores desde el año 2019, según los registros de la EPA. Casi la mitad del empleo creado desde que comenzó la pandemia es público. Esto explica que el gasto en remuneración de asalariados haya aumentado en 19.000 millones de euros, un 14% más que en 2019. Solo la Administración Central ha destruido empleo en este periodo, lo que explica que algunos servicios públicos estatales estén saturados.

"Una de las principales transformaciones ha sido la contratación de trabajadores públicos: se han incorporado 266.000 desde el año 2019

Las comunidades autónomas han creado el 86% de todo el empleo público nuevo, ya que son las administraciones encargadas de los servicios públicos más exigidos durante la pandemia: sanidad y educación. De hecho, las comunidades autónomas son el sector de la administración pública que más ha elevado el gasto, con 28.200 millones adicionales.

Durante la pandemia, el Gobierno blindó los presupuestos autonómicos frente a la caída de los ingresos públicos para asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales. Sin embargo, en 2022 ya comenzó la retirada de esta financiación de extraordinaria y su déficit se disparó hasta los 15.000 millones de euros, niveles que no se veían desde el año 2015.

La creación de empleo de las comunidades autónomas las deja en una situación financiera vulnerable, ya que no tienen los recursos necesarios para soportar este gasto. Sus ingresos han crecido en 31.000 millones desde 2019, pero es que han disparado el gasto en más de 40.000 millones. La mayor parte (14.000 millones), es el aumento del gasto en trabajadores públicos, y otros 7.000 millones adicionales se han destinado a la compra de bienes intermedios.

Las CCAA están abocadas a apretarse el cinturón durante los próximos años si no consiguen un nuevo sistema de financiación que aumente sus recursos. Y eso implica ajustes en sanidad y educación.

Las administraciones públicas no solo han apuntalado los servicios públicos contratando a más trabajadores; también han contratado a empresas privadas para que se encarguen de ello. Es lo que se conoce como la externalización de servicios públicos, que ocurre, por ejemplo, cuando una comunidad autónoma contrata a una empresa para que gestione un hospital público.

Foto: Sede del Banco de España. (EFE/Mariscal)

Este gasto figura en el apartado de compra de bienes intermedios, partida que se ha disparado un 21% desde el año 2019. En números absolutos, el crecimiento es de casi 14.000 millones de euros. La mitad de este gasto lo han ejecutado las comunidades autónomas, reforzando la atención sanitaria y educativa con la contratación de empresas. Una cuarta parte le corresponde a las corporaciones locales y el resto, a la Administración Central y la Seguridad Social.

El gasto en subvenciones también ha crecido rápidamente en el último año, aunque buena parte de este presupuesto se ha ido en ayudas a paliar los efectos de la crisis energética. El gasto en subvenciones a la compra de productos aumentó en 11.500 millones, lo que supone casi el triple que en el año 2019. La mayor parte de estos fondos se destinó al descuento en el gasoil y la gasolina, que costó casi 6.000 millones de euros. Además, el gasto en subvenciones a la producción aumentó en 3.000 millones. Este es el gasto corriente más fácil de eliminar, ya que basta con dejar de prorrogar la ayuda, como ha ocurrido con la de los carburantes.

Todo este aumento del gasto público ha introducido una gran presión sobre las cuentas públicas. No solo porque el déficit público esté todavía cerca del 5% del PIB (el doble que en 2018), también porque el envejecimiento de la población obliga a elevar el gasto público en sanidad, dependencia y pensiones. Todo un rompecabezas que heredará el próximo gobierno y que tendrá que elegir entre subidas de impuestos o recortes del gasto.

La crisis económica provocada por la pandemia y por la invasión de Ucrania ha ocasionado una intensa transformación del sector público en España. Las dificultades sociales aceleraron los planes del Gobierno de dar un salto en el tamaño del sector público, tanto a nivel de ingresos como de gastos. Los datos de 2022, recién publicados por la Intervención General del Estado (IGAE), muestran hasta qué punto esta transición se ha consolidado. El gasto corriente ejecutado durante el año pasado por el conjunto de Administraciones Públicas ascendió a 582.000 millones de euros. Esto supone la consolidación de un gasto corriente que es 92.000 millones superior al del año 2019, lo que supone un crecimiento del 19%.

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