El otro obstáculo de los jóvenes para ahorrar: pagan el doble de impuestos que los jubilados

Hace 20 años, la riqueza de los mayores de 75 años era similar a la de los menores de 35 años, entre 100.000 y 150.000 euros por hogar de media. Sin embargo, en estos 20 años se ha producido un gran crecimiento de la desigualdad generacional, hasta el punto de que en 2020 la riqueza acumulada por los mayores de 75 años multiplica casi por seis la de los jóvenes. Los datos de la Encuesta financiera a las familias del Banco de España son elocuentes: la riqueza de los mayores ha crecido un 145% en este periodo, pero la de los jóvenes se ha desplomado un 37%.

Hay muchos factores que explican el crecimiento de la brecha generacional, y uno de los más importantes está en la orientación de la política fiscal en España, cuya prioridad es redistribuir desde los trabajadores hacia los mayores. La actualización del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones sociales, que publica Fedea, cuantifica esta causa del ensanchamiento de la desigualdad que ha experimentado el país.

La carga de impuestos y cotizaciones que soportan los hogares jóvenes multiplica por dos la de los mayores y lo hace en términos absolutos, incluso aunque su renta total sea inferior. En el año 2021, el pago de impuestos de los hogares encabezados por un joven de entre 17 y 30 años ascendió al 38,5% de sus ingresos. Esto es, casi cuatro de cada 10 euros de ingresos se fueron a pagar impuestos y cotizaciones sociales.

En total, cada hogar pagó 16.300 euros, mientras que los hogares cuyo cabeza tenía entre 65 y 85 años tuvieron una carga fiscal de 8.600 euros. Esto es, para una renta muy similar, unos 40.000 euros brutos por hogar, los mayores de 65 años contribuyen la mitad. La principal diferencia entre ambos reside en las cotizaciones sociales que soportan los trabajadores y que no pagan los pensionistas. En 2021 todavía no había entrado en vigor la subida de cotizaciones para cuadrar el déficit de las pensiones (MEI), por lo que esta brecha de contribución previsiblemente sea incluso superior en la actualidad.

La acumulación de estas diferencias en la renta es uno de los motivos que explican que la brecha de riqueza se siga ampliando año tras año. Los jóvenes que no pueden acceder a la compra de una vivienda tampoco se pueden beneficiar de las subidas de precios, lo que implica que cada vez se queden más atrás. En 2020, apenas uno de cada tres hogares formados por jóvenes de menos de 35 años tenía su vivienda en propiedad, lo que contrasta con el 83% de los mayores de 75 años. Esto es, la tasa de propietarios es más del doble entre los mayores que entre los jóvenes.

En total, la carga de impuestos y cotizaciones sociales detrae un 38,5% de los ingresos de mercado de los jóvenes menores de 30 años. Una cifra que es similar a la del resto de adultos en edad de trabajar, aunque su situación sea más delicada. Los hogares de 30 a 40 años pagan casi un 40% y los de 40 a 50 años, un 39%. Se imputan a los hogares tanto las cotizaciones a cargo del empleador como el reparto de los impuestos sobre los beneficios de las sociedades.

Es normal que los trabajadores en activo paguen más impuestos por el efecto de las cotizaciones sociales, pero los jóvenes también soportan impuestos más altos en los impuestos indirectos, dado que consumen casi la totalidad de sus ingresos. Por ejemplo, el tipo efectivo que soportan en el IVA sobre su renta es del 7,3%, el más alto de todos los grupos de edad. Por el contrario, el tipo que soportan los mayores de 65 años baja al 6,2%, un punto menos. En este caso, el consumo es determinante para los jóvenes, porque el hecho de no tener capacidad de ahorro provoca que su factura fiscal sea más abultada.

Sin ayudas

El estudio publicado el lunes por Fedea, y elaborado por Julio López Laborda, Carmen Marín y Jorge Onrubia, es una de las mejores estadísticas a nivel europeo sobre la redistribución de la renta de la intervención pública. Además de los impuestos, los investigadores cuantifican el impacto de las rentas públicas con una conclusión evidente: la mayor parte de la recaudación se destina al pago de prestaciones, monetarias y en especie, a la población mayor de 65 años. Aquí es donde está el segundo problema para los jóvenes, sobre todo los situados en las clases más populares: pagan muchos impuestos, pero reciben pocas prestaciones públicas.

En concreto, su renta apenas se ve incrementada en un 26% por las prestaciones públicas. De esta cuantía, algo más de la mitad procede de prestaciones en especie a través de la educación pública y la otra mitad, apenas un 11,5% de su renta, son transferencias monetarias de cualquier tipo, desde ayudas públicas a las rentas bajas hasta subsidios y prestaciones de desempleo.

Las prestaciones públicas suponen casi la totalidad de la renta de los mayores de 85 años; exactamente, el 98% de sus ingresos anuales. Y en el caso de los hogares de entre 65 y 85 años, el porcentaje baja hasta el 78%. Estos hogares cuentan con importantes ingresos procedentes de rentas de la propiedad, porque poseen activos inmobiliarios o financieros que rentabilizan a través de su alquiler o del retorno de mercado. En muchos casos son rentas que les pagan los jóvenes por alquileres de viviendas.

El efecto neto de la intervención pública para los jóvenes es que pierden algo más del 12% de sus ingresos. Esto supone unos 5.300 euros por hogar al año. Este diseño de la política económica complica que los jóvenes puedan tener capacidad de ahorro. Al contrario, muchos están condenados a la precariedad, por lo que comprar una casa es una utopía para la mayoría. El FMI o la OCDE ya han alertado en el pasado de la escasa atención que da el presupuesto público a los jóvenes, mientras todos los esfuerzos están concentrados en los mayores.

El gasto creciente en pensiones obligará a los jóvenes a hacer un esfuerzo adicional en los próximos años

El gasto creciente en pensiones obligará a los jóvenes a hacer un esfuerzo adicional en los próximos años. En 2025, la Autoridad Fiscal (AIReF) revisará las proyecciones de ingresos y gastos a largo plazo tras la indexación de las pensiones al IPC. Según ha adelantado la institución en el pasado, la reforma implementada aumenta de forma significativa el déficit, por lo que es probable que sean necesarios nuevos ajustes. Estos pueden venir por la vía de los gastos, pero el secretario general de CCOO, Unai Sordo, explicó en esta entrevista que ya está acordado que vendrán por la vía de los ingresos. Esto es, se subirán las cotizaciones sociales si fuese necesario.

No solo el sistema de pensiones está en déficit, sino el conjunto de las administraciones públicas. Esto significa que además de la reorientación del gasto hacia las personas mayores, el sistema va acumulando deuda, lo que implica un aumento del gasto en intereses y una posición fiscal más vulnerable de cara a las próximas décadas.

La suma de impuestos crecientes sobre el trabajo y pocas prestaciones monetarias complica a los jóvenes la capacidad de ahorro. La creación de empleo en los últimos años ha sido el principal soporte de su renta, pero es insuficiente. Y más para seguir el ritmo de un mercado inmobiliario con precios muy superiores a la capacidad de pago de los jóvenes. Esta situación de que la mayoría de los jóvenes no puedan tener un proyecto de vida se ha normalizado desde la política (es lo que hay), de modo que no se buscan soluciones. En buena medida porque es muy complicado encontrarlas con una estructura de costes crecientes relacionados con el envejecimiento. Esto es, básicamente, pensiones y sanidad. Estas dos partidas se comen el grueso del aumento anual del gasto público, de modo que el resto de las políticas queda marginado a lo que quede. Y, mientras tanto, el sector público sigue empujando para ensanchar la brecha generacional.