El BEI avisa de que el clima político y regulatorio frena la inversión de las empresas en España

El ritmo de crecimiento de la economía española en los últimos años está ocultando una gran debilidad del país: no hay inversión productiva. A finales de 2023, la inversión real seguía un 5% por debajo de los niveles previos a la pandemia y su peso en el PIB está ya en niveles próximos a los de la crisis financiera. El crecimiento sin inversión provoca pérdidas de productividad y dificulta los futuros avances del PIB, por lo que es un indicador clave para el país de cara a los próximos años. Uno de los motivos de este déficit inversor, según ha desvelado el Banco Europeo de Inversiones, es el mal clima político y regulatorio existente en España, que no favorece la inversión.

Así se extrae de la encuesta anual del BEI a empresas en España que se publicó la semana pasada. El objetivo de este sondeo es detectar las prioridades de inversión de las empresas, así como los obstáculos con que se encuentran. Se trata de una de las estadísticas de referencia en el análisis del comportamiento empresarial. "Un insight único de la inversión empresarial en la Unión Europea", tal y como explica el banco, ahora presidido por la exvicepresidenta económica de España Nadia Calviño.

La encuesta vuelve a situar España como uno de los países europeos que más entorpecen la inversión empresarial con su regulación y su clima político. El 73% de las empresas declara que la regulación laboral supone un freno a su inversión, el tercer peor dato de toda la Unión Europea, solo por delante de Chipre y Portugal. En el conjunto de la UE, el 60% de las empresas encuentra un obstáculo en la regulación laboral, 13 puntos menos que en España. Además, el porcentaje de empresas que señalan que se trata de un "problema importante" es el doble en España que en Europa.

"Cuando preguntamos sobre los condicionantes de la inversión a corto plazo, las empresas españolas seguían, en términos netos, pesimistas sobre el clima político y regulatorio", advierte el banco. En paralelo, se percibe una "mejora marginal en la previsión de mejora en las perspectivas empresariales" gracias a una economía que aceleró en la recta final del año 2023, dejando atrás las previsiones más sombrías que surgieron durante la invasión de Ucrania y la crisis inflacionista. Esto es, a pesar de la recuperación de la economía, la situación política y regulatoria sigue lastrando a España, lo que explicaría una parte de la brecha de inversión que se ha abierto con la Unión Europea.

"Las empresas españolas siguen pesimistas sobre el clima político y regulatorio"

Los cambios en la regulación del mercado laboral han sido prolijos en los últimos 15 años, como las dos grandes reformas laborales, la introducción del registro de jornada, la prevalencia de los convenios autonómicos, las subidas del SMI, la creación de una nueva cotización social (MEI), la regulación del teletrabajo, la creación de los ERTE… Y a futuro se avecinan otros cambios relevantes, como la reforma del subsidio por desempleo, que ha generado una importante batalla política, o la reducción de la jornada de trabajo.

Algunos cambios han permitido mejorar el mercado laboral, pero también han venido acompañados de ruido e incertidumbre. Para las empresas, los cambios introducidos no han mejorado su percepción del impacto de la regulación laboral sobre su actividad. España se ha situado en los peores puestos de Europa sistemáticamente en todas las encuestas elaboradas por el BEI desde que comenzó este ejercicio en 2016. Los peores datos se produjeron en mitad de la pandemia, meses en que se limitaron los despidos y se introdujo la obligatoriedad de devolver las ayudas públicas a las empresas que recortaban sus plantillas.

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Si se compara con los datos previos a la pandemia, el obstáculo de la regulación laboral está ahora más extendido. En 2018, el porcentaje de empresas que apuntaban que las leyes laborales frenaban su inversión era del 63%, cifras similares a las del conjunto de la UE; en 2019, el porcentaje subió al 66%, y en 2023 se situó en el 73%. Esto es, se ha estabilizado en niveles muy superiores a los de hace cuatro años.

En el extremo opuesto se sitúan Dinamarca y Países Bajos, los países cuya regulación laboral menos afecta a la inversión. En Dinamarca, apenas el 20% declara sufrir algún tipo de obstáculo con la normativa, y en Países Bajos, el 22%. Esto es, menos de una tercera parte que en España.

La regulación empresarial

El tejido productivo español también señala la regulación empresarial y los impuestos como un freno a la inversión. En esta categoría se incluyen las barreras al crecimiento, dificultad para conseguir licencias, permisos, etc. El 73% de las empresas declara que esta regulación es un obstáculo a su inversión, 12 puntos por debajo del conjunto de la eurozona.

Una de las mayores barreras legales a las empresas que tiene España es la fragmentación del mercado interior por comunidades autónomas, provincias y municipios. Las empresas tienen que solicitar multitud de permisos y licencias en cada Administración, lo que supone un obstáculo permanente al crecimiento. La Comisión Europea ha señalado este problema en numerosas ocasiones, pero la oposición de los partidos nacionalistas e independentistas a la armonización de la regulación imposibilita los avances.

En resumen, la regulación española supone un freno a la inversión empresarial, según la encuesta del BEI. Pero no es el único obstáculo diferencial de España. Las empresas nacionales también señalan que la disponibilidad de financiación y el comportamiento de la demanda son dos factores que afectan a su inversión por encima de la media europea.

En concreto, el 60% de las empresas en España apunta que la financiación es un problema, el quinto peor país de toda la UE, frente al 44% del conjunto de Europa. La concentración del sector bancario y el endurecimiento de las condiciones de los nuevos préstamos en los últimos años están afectando a la capacidad de financiación de las empresas para acometer proyectos de inversión. Además, el 63% de las empresas se queja de la debilidad de la demanda. Es cierto que la demanda interna ha favorecido el crecimiento económico en los últimos meses, pero se trata del efecto rebote desde los mínimos de la pandemia. A finales de 2023, el consumo privado en España todavía no había recuperado los niveles previos a la pandemia.

El principal punto favorable de España, en comparación con la media europea, es la disponibilidad de mano de obra, por el elevado porcentaje de parados. Una noticia que, en realidad, es mala para el conjunto del país. En la UE, el 81% de las empresas señala que está moderando su inversión por la baja disponibilidad de mano de obra, nueve puntos peor que en España. Y también es levemente mejor (dos puntos menos) el coste de la energía, gracias a las mejoras conseguidas en los últimos años en el precio de la electricidad, así como la ampliación de las fuentes de producción.

Todos estos factores explican que la inversión no se haya recuperado tras la pandemia. Ni siquiera con el impulso de la recuperación económica y el efecto tractor de los fondos europeos. El porcentaje de empresas que invierten en España es del 77%, el séptimo peor dato de la Unión Europea. Se sitúa muy lejos de los países líderes, como son Bélgica, Finlandia, Eslovenia, Suecia o Países Bajos, todos ellos con más del 90% de sus empresas invirtiendo. Una diferencia que complica que España pueda retomar la senda de convergencia hacia los niveles de PIB per cápita de la Unión Europea.