Primer encargo al nuevo ministro: ceder ya al BEI de Calviño los 20.000 M de ayudas UE para CCAA

La actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, será la responsable de gestionar y ejecutar los 20.000 millones de euros de fondos europeos asignados a España y destinados a las comunidades autónomas en la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, no lo hará como responsable del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, sino ya como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), desde su sede en Luxemburgo.

Para ello, el Real Decreto-ley 8/2023 aprobado por el Consejo de Ministros este martes, aún con Calviño de ministra, ha habilitado a su sucesor Carlos Cuerpo, que se ha dado a conocer este mismo viernes, para que dicte los actos necesarios para firmar los acuerdos con el Grupo Banco Europeo de Inversiones (constituido por el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones) para autorizar esa transferencia de fondos europeos que deben ir a las regiones.

Será una de sus primeras misiones como titular de Asuntos Económicos, ya que el propio decreto especifica que la transferencia de competencias al BEI debe hacerse antes del 1 de enero de 2024. Y deberá hacerlo, además, cuando aún no se conoce el coste para España, porque no se han firmado las comisiones que cobrará el BEI por esta tarea, que el Gobierno explicaba este jueves que "se están negociando".

"Los plazos otorgados por la decisión de ejecución del Consejo para la implementación de los instrumentos justifican su extraordinaria y urgente necesidad. En particular, esta decisión establece que España tiene que firmar un acuerdo de implementación con el Grupo Banco Europeo de Inversiones antes del final de 2023", señala el BOE.

Según asegura el boletín oficial firmado por Pedro Sánchez, "la autorización de la firma de los acuerdos no podría esperar a una tramitación parlamentaria, puesto que un retraso en la firma de los acuerdos con el Grupo Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea podría traducirse en demoras y limitaciones operativas para el despliegue eficiente de los fondos provenientes de los préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia".

Gestiona el BEI "por cuenta y riesgo de España"

En definitiva, antes del próximo lunes, el ministro Carlos Cuerpo deberá formalizar el traspaso de competencias a la institución que dirigirá su antecesora. "Se autoriza a la Administración General del Estado a hacer aportaciones para la creación y financiación de los instrumentos financieros que formarán el Fondo de Resiliencia Autonómica, que serán gestionados por el Grupo Banco Europeo de Inversiones por cuenta y riesgo de España en las condiciones que se establezcan en los acuerdos a firmar entre España y el Grupo Banco Europeo de Inversiones", señala el decreto, que añade que "estas aportaciones se realizarán en distintas fases, acordadas con el BEI, siendo el importe máximo autorizado de hasta 19.500.000.000 euros, durante el periodo de vigencia del fondo".

"La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Empresa convendrá los referidos acuerdos con el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones, en los que se determinará el ámbito del mandato y funciones que comprende, el régimen de gobernanza, la retribución del mandato y los demás derechos y obligaciones de las partes, en particular, los deberes fiduciarios del Grupo BEI y su responsabilidad por dolo o culpa grave", señala el BOE. No obstante, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos aclaran que no será Calviño quien firme esos acuerdos, sino su sucesor.

El Gobierno decidió que fuera el BEI quien gestionara los fondos asignados a las CCAA en junio, ya después de las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Es decir, antes de que el Gobierno presentara la candidatura de Calviño a la presidencia del BEI, que se desveló en agosto, tras las elecciones generales del 23 de julio.

El nuevo ministro, que será designado este viernes 29 de diciembre, tendrá que firmar la autorización al BEI antes del 1 de enero de 2024

Posteriormente, en octubre, la Comisión Europea dio su visto bueno y el propio BEI ha autorizado habilitarse para la gestión de estos fondos antes del nombramiento de Calviño como presidenta, señalan desde Economía. Al igual que este paquete destinado a las regiones lo gestionará el BEI, hay otros cuya responsabilidad recaerá sobre el ICO del total de 84.000 millones de euros que recibirá España fruto de la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que comprende financiación blanda.

De esta manera, el BEI tendrá que gestionar la asignación de fondos europeos que soliciten las comunidades autónomas para diferentes proyectos transformadores. Según señala el decreto aprobado este martes, los 20.000 millones serán "para financiar inversiones sostenibles en las comunidades autónomas en siete áreas prioritarias (viviendas sociales y asequibles y regeneración urbana; transporte sostenible; competitividad industrial y de las pymes; investigación, desarrollo e innovación; un turismo sostenible; economía asistencial; gestión del agua y de los residuos, y la transición energética)".

Negocia las comisiones al BEI

Esta gestión que se traslada al BEI no será gratis para España. Aunque, a falta de menos de tres días para que se firme el traslado de competencias, aún no se sabe cuál será el coste. Actualmente, el Gobierno negocia con la institución europea las comisiones que cobrará por su trabajo. "En todos los instrumentos, el Grupo Banco Europeo de Inversiones estaría gestionando los fondos por cuenta y riesgo de España, a cambio de unas comisiones que están siendo negociadas", señala el decreto ómnibus de esta semana.

El trabajo del BEI, liderado desde el próximo lunes por Nadia Calviño, se canalizará a través de diferentes instrumentos. Financiación directa, a través de entidades terceras seleccionadas por el propio BEI, financiación alternativa o titulizaciones para empresas o particulares. Lo que gestionará directamente el BEI serán los grandes proyectos tanto públicos como privados de las comunidades autónomas. Calviño abrió la puerta a rebajar el impuesto a la banca creado por el Gobierno, del que aún es parte, lo que en el mercado se interpretó como un gesto de acercamiento al sector bancario, con el que desde 2024 tendrá que trabajar y convivir. El decreto publicado este jueves, sin embargo, opta por convertir el gravamen temporal en permanente.

Ahora, el BOE confirma que la mayor parte de fondos se canalizarán a través de la banca privada. "El importe recogido en la adenda del Plan de Recuperación y Resiliencia es de hasta 20.000 millones de euros que tienen que ser invertidos a través de (i) una línea pública directa de hasta 3.500 millones de euros; (ii) otras líneas dirigidas a entidades privadas o entidades públicas que se dedican a actividades similares con inversiones de hasta 16.000 millones de euros, y (iii) una aportación al compartimento de los Estados miembros de InvestEU de hasta 500 millones de euros". El Gobierno considera que la experiencia del BEI financiando las regiones en los últimos años y su capacidad añadida de aportar recursos al margen de este plan redundarán en una mayor llegada de fondos a las comunidades autónomas para impulsar la economía.

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Jorge Zuloaga

Con este movimiento, el Gobierno de PSOE y Sumar pierde a una de las ministras más valoradas por el presidente Sánchez, pero gana a una responsable encargada de asignar y ejecutar los fondos destinados a las comunidades autónomas. Esta transferencia de competencias al BEI se da en un momento de especial sensibilidad a nivel territorial y de disputas entre el Gobierno central y las regiones. Todo ello, cuando el Gobierno enfrenta la reforma de la financiación autonómica, una cuestión especialmente delicada en el plano territorial. La experiencia hasta ahora es que la mayoría de fondos europeos van al sector público mucho más que al privado, según el detalle de los mayores perceptores de las ayudas comunitarias.

Desde el pasado 28 de mayo, el PSOE solo mantiene los gobiernos de tres comunidades a nivel autonómico: Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra, mientras el PP gobierna en casi todas las demás: Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Murcia e Islas Baleares. Además, el Gobierno tiene como socios a los partidos que gobiernan Canarias, País Vasco y Cataluña, tres regiones con especial sensibilidad autonómica, nacionalista o independentista.

Especialmente relevante es la relación con Cataluña en la actualidad. La región gobernada por el acuerdo entre ERC y Junts está siendo muy reivindicativa en el plano económico y está pidiendo una financiación singular y una serie de competencias antes del Estado desde el resultado del 23 de julio, cuando el PSOE necesitó su apoyo para la investidura de Sánchez. Todo ello bajo la amenaza de dejar de apoyar a Sánchez si no se cumple con la ley de amnistía pactada con Puigdemont y se avanza hacia un referéndum de independencia.

Pese a todo, fuentes del BEI han querido dejar claro que "los proyectos que se consideren para financiación con cargo al Fondo de Resiliencia de las Comunidades Autónomas gestionado por el BEI tendrán que seguir el mismo riguroso proceso de evaluación y aprobación que se aplica a otros proyectos evaluados por el BEI. El BEI cuenta con órganos de decisión sobre financiación colegiados". "Además, los proyectos elegibles para este fondo tendrán que cumplir también con los requisitos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia definidos por los Estados miembros y la Comisión Europea, y cualquier iniciativa de inversión tendrá que cumplir con los objetivos de la doble transición verde y digital, de recuperación y resiliencia. La Comisión Europea aprueba en última instancia el desembolso de los fondos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia", añaden.