El encarecimiento de la luz y el gas por la tensión geopolítica complica al Gobierno quitar ayudas

La tensión geopolítica desatada en los últimos días a nivel mundial está provocando un importante repunte de la energía, lo que ya está repercutiendo en la economía española. Luz, gas y combustibles se están encareciendo más de lo previsto por la escalada del conflicto entre Israel y Palestina, pero no es el único foco de incertidumbre. El gas ha repuntado casi un 40% en una semana, hasta casi 50 euros por MWh, según el índice TTF. Los expertos añaden a lo ocurrido en Oriente Medio la ruptura de un gasoducto en Finlandia. Las autoridades del país nórdico, recientemente incorporado a la OTAN, sospechan que esta fuga puede haber sido provocada, tal y como ocurrió con el Nord Stream en septiembre de 2022.

El petróleo repuntó hasta casi 90 dólares por barril de Brent al inicio de la semana al calor del ataque de Hamás cerca de la frontera de Gaza. Analistas de Goldman Sachs o Bank of America prevén que el crudo pueda llegar a los 100 dólares por barril. Se teme una escalada del enfrentamiento con Irán. Este repunte metería tensión en los combustibles en un momento en que ya se encuentran en niveles récord desde el verano de 2022, el peor momento de la crisis energética tras el estallido de la guerra en Ucrania.

Además de la controversia del gasoducto finés, Israel ha ordenado a Chevron parar la extracción de un yacimiento de gas próximo a Palestina. Todo ello está empujando al alza el gas y, por contagio, los precios de la electricidad. No en vano, la luz está rebasando los 120 euros por MWh en los últimos días en España, un nivel anormalmente alto aunque inferior a lo visto a mediados de 2022. Los futuros de este miércoles de los precios eléctricos apuntan ya a que la luz seguirá rondando los 120 euros por MWh en noviembre y diciembre, según datos del operador del mercado ibérico Omip.

Estas previsiones de precios de la electricidad de 120 euros por MWh en el mercado mayorista para final de este año 2023 ya son superiores a los registrados en noviembre (115 euros MWh) y diciembre (96 euros por MWh) de 2022. Esta situación complica al Gobierno llevar a cabo la retirada de ayudas a la energía de la que se viene hablando en las últimas semanas. Cada vez es más difícil subir los impuestos a estos bienes de primera necesidad sin causar un fuerte golpe al bolsillo de los ciudadanos. Según el diario El País, el Ejecutivo pretende retirar las rebajas de impuestos a la luz y al gas a finales de este año, aunque posteriormente a la publicación de esta información el Ministerio de Asuntos Económicos matizó que aún no hay ninguna decisión tomada.

La cuestión es que la escalada de tensión geopolítica ha elevado aún más los precios de la energía y el Gobierno se enfrenta a la sensible decisión de subir el gas alrededor de un 16% y la luz más del 21% cuando los precios a nivel mayorista son superiores a cuando prorrogó las ayudas, tanto en diciembre de 2022 como en junio de 2023. Pero a diferencia del año pasado, la Comisión Europea ha anunciado que en 2024 se verán los peores efectos de la guerra de Ucrania.

Esta vuelta de las reglas fiscales obliga a España a ajustar sus cuentas en alrededor de un punto de PIB para alcanzar el objetivo de que el déficit quede por debajo del 3%. Los expertos apuntan a una reducción del diferencial de ingresos y gastos de en torno a 13.000 millones de euros. Esta cantidad es próxima precisamente al coste anual de las ayudas activadas como escudo ante los efectos de la guerra, según estimaciones de la AIReF, que incluyen las rebajas impositivas de luz y gas, además de otras medidas como la bajada del IVA a los alimentos básicos, las subvenciones al transporte público, ayudas al carburante profesional, el bono social, etc.

El Gobierno además se enfrenta a un gasto récord en pensiones y un fuerte incremento del coste de la deuda, dada la subida de los tipos de interés, lo que complica el ajuste de cuentas. Para su suerte, la recaudación sigue creciendo, sobre todo por el IRPF. La Agencia Tributaria detalla un crecimiento del 10% en esta figura tributaria hasta agosto, lo que supone 7.000 millones más. Hacienda admite que el aumento de ingresos se debe en gran medida al repunte del tipo efectivo, que se da después de que el Ejecutivo se negara a deflactar la tarifa, lo que supone una subida encubierta de impuestos a los trabajadores. Mientras, sociedades, IVA e impuestos especiales, las otras grandes partidas, apenas crecen o incluso caen con respecto al año pasado.

Con este panorama, el Ejecutivo, actualmente en funciones, tendrá que tratar de cuadrar las cuentas. La cuestión no es sencilla. Si retira las ayudas, como está deslizando en las últimas fechas, tendrá un importante impacto en la inflación. La subida de la energía, además, genera efectos de segunda ronda, ya que provoca que se encarezcan la mayoría de productos.

La situación, si cabe, es aún más diabólica. Si el Gobierno finalmente se decanta por recortar las ayudas para cumplir con Bruselas, necesita que una amalgama de partidos de izquierdas y derechas respalde esta decisión en unos hipotéticos presupuestos generales del Estado de 2024 en los que ya trabaja. El Gobierno primero debe sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, que pasa en gran medida por la concesión de la amnistía a los responsables del 1-O como precio a pagar para así lograr el apoyo de Junts per Catalunya y obtener mayoría a su favor.

Pero, además, el propio Gobierno asegura que su objetivo es llegar a acuerdos de legislatura, lo que le permitiría elaborar unas nuevas cuentas públicas para el próximo año. Antes, el próximo domingo 15 de octubre, deberá enviar las previsiones macroeconómicas a Europa en el plan presupuestario, aunque no se espera que se puedan sacar conclusiones sobre si prorroga o no el escudo social.

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L. P.

Ahora está por ver si ante la escalada de precios de la energía, partidos de izquierdas como Sumar, Bildu, ERC o el BNG dan su apoyo a Sánchez en su intención de retirar las rebajas fiscales a la luz y al gas —como ya hizo con las ayudas a los combustibles— y cumplir así con Bruselas. Eso supondría un fuerte castigo para los bolsillos de las clases medias y trabajadoras.

La otra opción es prorrogar las ayudas, lo que facilitaría los pactos políticos, pero alejándose así de los compromisos comunitarios, lo que podría poner a España de nuevo en procedimiento de déficit excesivo, un señalamiento que, entre otras contraindicaciones, puede encarecer aún más la financiación de las administraciones públicas en un escenario en el que el BCE ha disparado el gasto en intereses.