Rebelión masiva de empresas españolas por un nuevo extracoste verde que tramita la UE

Rebelión masiva de empresas españolas frente a las intenciones del Parlamento Europeo de endurecer al extremo la legislación sobre gases fluorados por el fuerte impacto que esto tendría para un amplio espectro de la economía española.

Quince confederaciones empresariales que representan a grandes multinacionales como Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, entre otras muchas, se han unido para realizar un pronunciamiento conjunto de rechazo a la propuesta aprobada en los últimos días por la Eurocámara sobre la nueva legislación medioambiental, que pretende en el extremo acabar con los gases fluorados, una materia que utilizan los sistemas de refrigeración y climatización de buena parte del tejido productivo nacional.

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Patronales como Asedas, Anged, FIAB, Asaja, la Confederación Española del Comercio (CEC) y otras asociaciones muestran en su llamada a la acción "preocupación ante la postura de algunos sectores del Parlamento, que están adoptando una posición muy extrema, que podría llegar a imponer consecuencias no deseadas en Europa, pero especialmente graves en países como España".

"La climatización y la refrigeración son imprescindibles en sectores esenciales como hospitales y centros de salud, centros educativos, etc., y también en viviendas, oficinas, edificios y transporte público, industria, comercio, turismo, etc., los cuales se verían gravemente perjudicados", sostienen.

Los gases fluorados están presentes en las cámaras frigoríficas, los aires acondicionados y maquinaria relacionada con la climatización. El problema, según revelan fuentes de las asociaciones adscritas a esta alianza, es que no existen alternativas claras a corto plazo que puedan sustituir los gases fluorados sin un impacto de gran magnitud.

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En este sentido, el frente de empresas pone de relieve el daño irreparable que causaría la eliminación de estos gases en el sector agroalimentario, la distribución alimentaria, el sector turístico, la construcción o el inmobiliario: "Una prohibición de los gases de referencia podría tener un impacto negativo en la economía del país (inflación, coste de la vida, tasa de empleo local, etc.) y en las operaciones de numerosos sectores, especialmente el turismo y la agricultura, incluidas las exportaciones de alimentos".

"Por otro lado, no permitirá cumplir con el plan REPowerEU con el objetivo de minimizar la dependencia de Rusia ante una situación geopolítica complicada, ni con el despliegue de bombas de calor, de acuerdo con el plan acordado, a la vez que se pondrían en peligro los objetivos de ahorro energético", añaden.

"Una prohibición de los gases de referencia podría tener un impacto negativo en la economía del país (inflación, coste de la vida, empleo, etc.)"

Desde hace años, se viene regulando la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre estos gases fluorados. Sin embargo, ahora el ponente encargado de sacar adelante la propuesta del Europarlamento, el diputado holandés de Izquierda Verde Bas Eickhout, ha introducido medidas que llevarían a su eliminación a corto plazo.

La alianza de empresas españolas no ha logrado por ahora frenar las intenciones del Parlamento Europeo. La propuesta de la Comisión de Medioambiente que propone eliminar los gases fluorados en 2024 acaba de ser aprobada por 371 votos a favor y 193 en contra. También ha habido mayoría de europarlamentarios españoles que han votado a favor de esta medida. 33 eurodiputados lo han apoyado (PSOE, PNV, Ciudadanos, Unidas Podemos, ERC y Catalunya en Comú) frente a nueve (PP y Vox, fundamentalmente) que han votado en contra.

Pese a que los parlamentarios comunitarios han sacado adelante su propuesta, fuentes conocedoras de la burocracia europea señalan que ahora esta se debe discutir con la Comisión Europea y sobre todo con el Consejo Europeo, que representa la voz de los jefes de Estado, en la negociación de los trílogos, por lo que aún confían en que la medida se pueda suavizar.

Sin embargo, el nivel de apoyo parlamentario y la severidad de la medida han despertado una fuerte preocupación en buena parte del tejido empresarial español. Desde los firmantes en la alianza frente a la eliminación de los gases fluorados, se quejan de que se pasa de regular a prohibir y que se quiere acabar incluso con su uso en el transporte refrigerado, donde por ahora no existe una alternativa segura.

Para poner de relieve qué consecuencias traería una medida así, han realizado estudios que determinan que "la prohibición del uso de los gases fluorados en refrigeración podría suponer un coste adicional de 3.000 millones de euros en costes de electricidad solo al sector español de los supermercados". "Las alternativas, al ser menos eficientes, obligan a los sistemas a trabajar más y, por tanto, a consumir más energía. De hecho, provocarían la emisión adicional de 1,3 millones de toneladas de CO₂, lo que equivale a casi 250.000 coches durante un año", según concluyen.

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Dicha propuesta medioambiental se produce en plena escalada de la inflación en toda Europa y con la cesta de la compra disparada también en España. Las empresas temen que de salir adelante la regulación, tal y como plantea el Parlamento, tendrían que asumir sobrecostes extra que intensificarían el aumento de gastos para la ciudadanía en un momento especialmente delicado por la pérdida de poder adquisitivo de casi toda la población.