Zancadilla de Garzón al sector cárnico: ¿cómo gestionar los costes de la transición verde?

El último mensaje del ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha vuelto a encender la polémica. Su alegato para reducir el consumo de carne en España representa, a simple vista, un paso lógico en los esfuerzos que viene realizando el Gobierno por situar España en una posición privilegiada en la carrera de la transición energética. La ganadería ha sido señalada de forma insistente como uno de los principales impulsores de gases de efecto invernadero, por lo que la lucha por su reducción parece encajar a la perfección en la estrategia de un Gabinete que ha abrazado la lucha contra el cambio climático como uno de los ejes de su política.

Sin embargo, el mensaje de Garzón ha tropezado con dos problemas fundamentales que explican la reacción airada de consumidores y ganaderos. El primero es de tipo formal y recuerda el rechazo que suelen generar entre los ciudadanos los mensajes moralistas vertidos desde el poder, en los que aparentemente se les traslada la responsabilidad de estar haciendo un consumo irresponsable.

Otro resulta más relevante y marca claramente las controversias que enfrentan las políticas favorables a la transición energética. Abogar contra el consumo de carne no es simplemente aconsejar un cambio de hábitos a los consumidores, sino socavar las perspectivas de una industria, la cárnica, que generó en 2020 unas exportaciones por valor de 9.842,5 millones de euros (con un saldo comercial positivo de 7.822 millones), que sitúan España como uno de los referentes de la Unión Europea en el comercio de productos cárnicos.

El sector cárnico generó en 2020 un saldo comercial positivo de 7.822 millones

De este modo, el Gobierno estaría disparando contra un pilar fundamental de la economía española en un momento especialmente delicado para el país, que trata de dejar atrás las heridas de la crisis. Y lo cierto es que no es la primera vez que sucede, pues el propio Garzón ya se pronunció en contra de la industria turística, por su supuesto modelo de trabajos precarios, mientras que desde otros ámbitos del Gobierno se han ido adoptando medidas poco favorables para la industria de la automoción, de importancia estratégica también para la economía nacional.

A estas cuestiones se pueden añadir los recientes encarecimientos de la factura de la luz o el esperado incremento de los costes de los carburantes a partir del próximo año, explicables también (al menos, en parte) por las políticas favorables a la transición energética y que han venido a reflejar de forma repentina, con toda su crudeza, ante los ojos de los ciudadanos los costes de un proceso que hasta el momento se había presentado, frecuentemente, desde el lado más amable.

"Se nos ha estado vendiendo el cambio del modelo productivo hacia una economía de bajas emisiones desde una perspectiva bonita. Pero todo esto implica un coste, que hay que pagar, y esta es la parte que no se está contando con claridad", indica Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide.

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En el discurso imperante, la transición energética se ha presentado como una oportunidad, con beneficios no solo ambientales, sino también económicos. Planes masivos de inversiones como el Next Generation EU, que tienen en el estímulo de la sostenibilidad energética una de sus palancas esenciales, son presentados como motores de un crecimiento futuro más sólido y robusto. Y ciertamente, aunque sometido a una elevada incertidumbre, esto puede llegar a ser así a largo plazo, pero sus efectos son mucho menos favorables en el corto y medio plazo.

En este contexto, como señala Hidalgo, la clave está en aclarar quién debe asumir esos costes, una cuestión que no resulta nada sencilla y que trasciende las meras fronteras nacionales. "Si queremos avanzar con la transición energética, es necesario reconocer su coste y buscar acuerdos sobre el reparto de la carga. Se necesitan acuerdos a nivel internacional, entre países ricos y pobres, así como a nivel nacional (dentro de cada país o de la UE) entre ciudadanos ricos y pobres", observa el profesor Giacomo Luciani, uno de los principales expertos internacionales en geopolítica de la energía, en su contribución al libro 'The Geopolitics of the Global Energy Transition'.

El coste de la transición depende en buena medida de la velocidad a la que se ejecuta

A falta de esos acuerdos, no obstante, la estrategia de acelerar el proceso sin establecer ningún tipo de red para los sectores penalizados parece una vía condenada a producir demasiadas heridas en pos de un rédito —al menos en lo económico— poco visible. No en vano, el golpe a sectores tan relevantes en la economía nacional vendría a agravar problemas ya muy enraizados, como el de la desigualdad y la falta de oportunidades de algunos segmentos de la población.

De hecho, el propio Luciani observa que "el coste de la transición depende de la velocidad de la misma. La desaceleración de la transición energética minimizará relativamente las pérdidas relacionadas con la obsolescencia prematura del capital social existente, facilitará la transferencia de recursos del consumo a la inversión y permitirá que el progreso tecnológico produzca soluciones mejores y más eficientes. También puede dar tiempo a nuestros sistemas políticos para que adopten políticas de redistribución del ingreso y la riqueza".

Resulta difícil negar que el del cambio climático es un problema de supervivencia, que admite pocas demoras y cuya resolución puede exigir asumir una serie de costes económicos que resulten inevitables. Pero si por el lado de la inversión se puede entender cierto afán por estar en la vanguardia, los esfuerzos por precipitar esos costes cuando no se tiene diseñada una estrategia oportuna de compensación resultan mucho más discutibles. Sobre todo, porque los logros a obtener de esos esfuerzos, en forma de reducción de emisiones, pueden resultar vanos si no forman parte de políticas más globales. El mensaje de Garzón puede sonar lógico y hasta deseable desde la perspectiva de las políticas 'verdes', pero de un ministro del Gobierno cabría esperar que no olvide que la sostenibilidad solo puede levantarse sobre unos cimientos económicos sólidos.