Hacienda solo ingresa el 25% de lo previsto por la tasa Google: 240 millones

El Gobierno —no solo el español— creía haber encontrado una nueva fuente de financiación con la llamada tasa Google, pero la realidad ha sido muy distinta. Los ingresos han sido marginales dentro del sistema impositivo. Hasta el punto de que en 2021 Hacienda apenas recaudó uno de cada cuatro euros que había previsto. En concreto, 240 millones frente a los 968 millones presupuestados. La cifra es, incluso, muy inferior a la que había estimado la AIReF, que había calculado unos ingresos adicionales equivalentes a 542 millones de euros.

La tasa Google, que el Gobierno denominó Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, se creó en 2020 para que los nuevos modelos de negocio digitales pudieran contribuir a las arcas públicas y evitar la erosión de las bases fiscales gracias a que no existe un acuerdo internacional sobre el concepto de ‘establecimiento permanente’, lo que a la postre permite a las multinacionales digitales eludir el pago de impuestos en países en los que prestan sus servicios.

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Con esta filosofía, el Parlamento aprobó una ley que imponía un tipo del 3% por la prestación de los servicios gravados, a abonar trimestralmente. El resultado ha sido que apenas 216 contribuyentes, de los que 52 eran grupos empresariales, han pagado el impuesto. Las bases imponibles, de hecho, es decir, la cantidad sobre la que se aplica el tributo en estimación directa, apenas se han situado en 8.010 millones de euros, lo que da idea de su escasa potencia recaudatoria con el actual diseño.

216 contribuyentes

Una cifra lo dice todo. Teniendo en cuenta que ha habido 216 contribuyentes y se han recaudado 240 millones de euros, eso significa que la tributación media por operar en España para empresas como Google, Amazon o Facebook vendiendo servicios digitales asciende a 1,11 millones de euros.

El Gobierno, a la hora de explicar la enorme diferencia entre lo que se preveía recaudar y lo finalmente ingresado, culpa a la Comisión Europea del error. La estimación, asegura en el informe anual de recaudación, estaba basada en la que había realizado Bruselas, que había hecho sus propios cálculos a partir de una serie de indicadores, como la participación de los ciudadanos en redes sociales o la búsqueda de información para la compra de bienes y servicios, por ejemplo, información para viajes y alojamientos. De esta manera, se asignó a España un 9,1% del conjunto de la Unión Europea.

Este cálculo, sostiene Hacienda, daba un resultado de 728 millones, pero dado que esa estimación suponía un umbral de tributación mayor que el de la norma española (cinco millones frente a tres millones), la estimación se elevó hasta los 968 millones, que es lo que esperaba ingresar el fisco.

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Hacienda recuerda que la sobreestimación de ingresos ha afectado a todos los países que han aprobado el impuesto, aunque también habría afectado la pandemia, que redujo el número de contribuyentes. La norma establece que son contribuyentes de este impuesto las empresas con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros, siempre que el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales supere los tres millones de euros.

El futuro de este impuesto, en todo caso, está finiquitado tras el acuerdo que se tomó en el ámbito de la OCDE sobre una fiscalidad mínima del 15% para las multinacionales. Se espera que la aplicación efectiva de este compromiso político, tras resolver los problemas técnicos, sea una realidad en 2023. Esto supone, si se cumple el plazo, que los países que han aprobado el impuesto tendrán que congelarlo o, incluso, proceder a su derogación. La OCDE, de hecho, ha recordado a los países miembros que el acuerdo de reasignación de beneficios “incluye la supresión y paralización de los impuestos sobre los servicios digitales (ISD) y otras medidas similares relevantes”. De esta manera, se intenta poner fin a las tensiones comerciales derivadas de la inestabilidad del sistema fiscal internacional.

La OCDE ha calculado que la evasión del impuesto de sociedades supone entre 100.000 y 240.000 millones de dólares al año

Como se sabe, la Administración de EEUU llegó a amenazar a los países que impusieran la tasa Google con sanciones o represalias comerciales, y, fruto de esas presiones, algunos gobiernos se plegaron y finalmente decidieron no ponerla en práctica. Solo algunos países, entre ellos España, legislaron para aplicar el impuesto de forma unilateral, al margen de la propia Unión Europea, que no llegó a ningún acuerdo.

A finales del año pasado, sin embargo, los países que aprobaron el impuesto, en el marco del llamado pilar 1 de la OCDE, alcanzaron un acuerdo con EEUU para suprimir la imposición en diciembre de 2023 a cambio de la puesta en marcha de un nuevo esquema de tributación multilateral. La OCDE ha calculado que la evasión del impuesto de sociedades supone entre 100.000 y 240.000 millones de dólares al año, es decir, entre el 4% y el 10% de la recaudación mundial por impuesto de sociedades.

La tasa Google grava la inclusión de publicidad dirigida a los usuarios 'online', la puesta a disposición de sistemas que permitan a los usuarios localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, o incluso facilitar entregas de bienes o prestaciones de servicios directamente entre esos usuarios, además de la venta o cesión de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas.