Amazon desnuda la tasa Google: los eslóganes no resisten las leyes del mercado

La pretendida 'justicia fiscal' planteada por el Gobierno español se desmorona en su primera prueba con la realidad del mercado. Amazon, el gigante mundial del comercio 'online', ha comenzado a avisar a sus proveedores de que la nueva carga fiscal del 3% con que España ha comenzado a gravar sus operaciones se traducirá a partir del próximo 1 de abril en un incremento de sus tarifas de la misma magnitud.

El impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD), popularmente conocido como tasa Google, ha sido enarbolado con frecuencia desde el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, y, en general, desde el Ejecutivo nacional como una pieza clave en su objetivo de establecer una distribución de impuestos más equitativa, que haga recaer el mayor peso de la recaudación sobre quienes más tienen. Unas pretensiones defendidas frente a quienes desde un primer momento han advertido del riesgo de que el coste de esta nueva tasa fuera trasladado a los clientes de las grandes tecnológicas afectadas.

El paso dado por Amazon, menos de una semana después de la entrada en vigor de la norma, es la prueba irrefutable de las facilidades de que disponen estas compañías para no asumir este impuesto como un golpe a sus resultados. La posición de mercado privilegiada de estos grandes grupos les permite trasladar el coste a sus clientes sin temor a una merma significativa de su negocio.

La recaudación esperada por el Gobierno recaerá en gran medida en pymes y consumidores

Los 968 millones de euros de recaudación previstos por el Gobierno a través de esta figura —una estimación que la AIReF la ha rebajado a 542 millones— tendrán que ser asumidos o bien por las alrededor de 9.000 pymes que hacen uso en España de esta plataforma digital para vender sus productos, si deciden sacrificar sus márgenes para mantener precios, o recaerá sobre el bolsillo de los consumidores españoles, si se acaba traduciendo en un encarecimiento de los productos ofertados a través del 'market place'.

La advertencia de que buena parte del incremento de la factura fiscal recaería sobre pequeñas empresas y clases medias se evidencia así muy real. Y esto sin contar el riesgo de que se acabe traduciendo en represalias hacia empresas y productos españoles por parte de Estados Unidos, que ya ha calificado este impuesto como discriminatorio.

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No puede tomar por sorpresa este pernicioso efecto del IDSD, que ha sido constantemente expuesto desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lanzó por primera vez la idea, al poco de asumir la presidencia. Ya a inicios de 2019, un informe de PwC, en colaboración con Ametic y Adigital, advertía del presumible impacto que la medida tendría sobre empresas y consumidores y cifraba en hasta 662 millones de euros el deterioro que podría ocasionar sobre el PIB.

Cabe entender, no obstante, la insistencia del Gobierno en establecer algún tipo de carga impositiva sobre unas grandes empresas tecnológicas que, tal y como se ha evidenciado en multitud de ocasiones, han hecho amplio uso de todos los vericuetos fiscales a su alcance para rebajar sus facturas fiscales, con frecuencia hasta niveles difícilmente justificables. De hecho, la tasa Google no es un invento español, ni una medida que no haya sido planteada en otros muchos lugares.

La coordinación entre países, descuidada por el Gobierno, es crucial en este campo

El problema para el Ejecutivo nacional —como para otros países como Italia, donde Amazon ha adoptado una medida idéntica— es que, en su premura por adoptar medidas que sustentasen su propaganda política, ha acabado obviando la conveniencia de actuar en coordinación con otros países en un ámbito como el de la economía digital, que tan poco entiende de fronteras (y algo similar podría señalarse en lo referente a la tasa Tobin). El retraso de la OCDE en aprobar una legislación común en el campo de los impuestos digitales no debe ser visto —así lo sugieren los expertos— como una renuncia a actuar sino como el resultado de la complejidad del caso a tratar y de las distintas sensibilidades existentes entre países, que, sin embargo, no deben resultar insalvables.

Aguardar al diseño de un marco común probablemente habría supuesto la postura más prudente por parte del Gobierno español. Aun dando por válidas las estimaciones de recaudación de Hacienda a través de la tasa Google, el monto a ingresar ni siquiera alcanzaría el 1% del déficit público estimado para 2021, lo que da buena cuenta de su escasa relevancia para la consecución de un balance público saneado. Y el difícil entorno económico actual resulta poco propicio para probaturas impositivas con un alto grado de ajar la capacidad financiera de empresas y familias.

Sin embargo, cuando los eslóganes se imponen a la racionalidad económica, es fácil que al primer contacto con la realidad del mercado acaben revelando su escaso sustento.