Facebook y el dilema de las 'big tech': cuando ser demasiado grande es un problema

La demanda presentada en la noche de este miércoles por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) contra Facebook por presunto monopolio representa una de las pruebas más evidentes de los desafíos a que se enfrentan desde hace décadas, pero cada vez más, reguladores y empresas a la hora de abordar los problemas relativos al tamaño de las empresas.

No cabe duda de que crecer y hacerse más grande supone un objetivo casi inherente a prácticamente cualquier negocio. Deseable, incluso. No en vano, existe un amplio consenso en que las empresas más grandes suelen ser más sólidas y resistentes a las turbulencias que los grupos más pequeños, lo que justificaría que la creación de un entorno favorable al surgimiento de grupos más grandes fuera una prioridad de cualquier política económica.

Una prioridad que, no obstante, tiene trazada desde hace más de un siglo una línea roja en el punto en que el crecimiento de uno o varios negocios se convierte en una amenaza a la competencia, que se entiende, en buena lógica, como perjudicial para los consumidores y, también, para la propia innovación empresarial.

Pero si esa barrera ha estado desde siempre sometida al inevitable debate de lo que no puede dejar de ser más que una frontera difusa —¿en qué momento se superan los límites de un mercado competitivo a uno que no?—, sus delimitaciones se han vuelto mucho más complejas en los últimos años, a medida que desarrollos como la globalización y la digitalización han creado un terreno de juego para la competencia entre empresas mucho más feroz e indefinido. Ni las fronteras establecen las lindes de los mercados ni los costes de los servicios son la única medida para establecer el perjuicio a los consumidores de un entorno de baja competencia.

Los costes ya no son la única medida del perjuicio derivado de la baja competencia

Facebook ofrece a día de hoy un servicio gratuito para sus millones de usuarios a nivel global. También Instagram y WhatsApp, los dos grandes negocios que la empresa de Mark Zuckerberg ha añadido al grupo a través de varias compras a lo largo de la última década. Con ellas en su seno, Facebook se ha convertido en una de las grandes empresas mundiales del sector digital, con una valoración de mercado cercano a los 800.000 millones de dólares (unos 650.000 millones de euros, un 21% más que las 35 empresas del Ibex) y más de 3.000 millones de usuarios de alguna de sus tres grandes plataformas al mes.

Cuando la compañía abordó la compra tanto de Instagram como de WhatsApp, no era sencillo intuir que su negocio alcanzaría las dimensiones actuales y, como la propia compañía ha defendido, ha sido su propio esfuerzo de inversión y desarrollo el que ha hecho de Facebook, con sus plataformas adheridas, el gigante que es hoy a escala global.

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El problema está en que, ya desde un primer momento, el objetivo de Facebook con aquellas compras (revelado en algunos 'e-mails' del propio Zuckerberg) era aplastar cualquier amenaza de la competencia. Y si entonces para ello tuvo que tirar de chequera, la posición de dominio alcanzada hoy por la compañía haría posible —al menos, eso es lo que sostiene la FTC— ahogar cualquier amenaza incipiente por medio de técnicas mucho más sutiles, capaces de restringir al máximo el acceso al mercado de cualquier proyecto competitivo casi desde su nacimiento.

Y esto parece tan aplicable a Facebook como a otros gigantes tecnológicos, ya sean Alphabet (la matriz de Google) o Amazon, entre otros. El daño de estas prácticas parece fuera de toda discusión. Lo es para los proyectos digitales frustrados por la posición monopolística de los grandes grupos. Pero también para sus usuarios: "La falta de competencia es costosa. Aunque las plataformas digitales ofrecen productos que son aparentemente gratuitos para los consumidores, tienen costes. Los consumidores pagan precios más altos por los productos anunciados y se quedan con menos opciones, menos protección de la privacidad e innovación más lenta", explica Jason Furman, profesor de Harvard, en un artículo en 'The Wall Street Journal'.

Las propias autoridades aprobaron unas compras que ahora exigen revertir

El caso, sin embargo, no resulta tan simple y parece abocado a una larga batalla legal. Al fin y al cabo, fueron las propias autoridades de competencia las que permitieron las adquisiciones que ahora se exige revertir, en lo que plantea igualmente una serie de incertidumbres jurídicas que pueden resultar igualmente nocivas para la innovación y la inversión digitales. También entran en juego cuestiones de hegemonía internacional, conforme Facebook se presenta como un adalid en la batalla contra la pujanza de las grandes tecnológicas chinas.

En cambio, si se confirmara su desmembramiento, quedaría como un grupo con un menor potencial de crecimiento, dado que perdería las plataformas en las que parecen centrarse hoy en día sus mayores oportunidades de negocio, con mayor penetración entre los grupos de población más joven y de mayor incidencia en mercados esenciales como el indio. Y todo para dar forma a grupos más pequeños y menos capacitados, 'a priori', para abordar los desafíos tecnológicos que conlleva su actividad.

Inclinarse de un lado o de otro no resulta nada sencillo. Especialmente si los planteamientos económicos deben conjugarse con intereses políticos mucho más abstractos. En cualquier caso, el paso dado por la FTC vuelve a plasmar la insuficiencia de los enfoques tradicionales de competencia a la hora de evaluar la situación de mercado de los gigantes digitales y la necesidad de establecer unas nuevas reglas de juego claras que faciliten la adopción de medidas severas por parte de los reguladores sin azuzar la tan perniciosa inestabilidad jurídica.

En este sentido, resulta esperanzador el proyecto de un código de conducta digital lanzado por las autoridades británicas, al tiempo que la Unión Europea parece avanzar en la misma dirección. El esfuerzo parece cada vez más necesario y urgente, porque los retos crecen casi por minutos y la economía digital no es ya una hipótesis futurista sino una realidad muy presente, que precisa de reglas propias y lo más claras posible para la defensa de consumidores y empresas.