Sánchez apuesta por una recuperación económica 'socialdemócrata'

La reforma del Gobierno que ha adoptado el presidente Pedro Sánchez manda un mensaje claro: la prioridad política para lo que queda de legislatura es la ejecución de los fondos europeos y el plan de recuperación tal y como se han acordado con la Comisión Europea. Los cinco ministros clave en todo este proceso siguen al frente de sus carteras, con Nadia Calviño a la cabeza, tras su ascenso a la Vicepresidencia Primera. Para quien guardase aún algunas dudas, todas han quedado despejadas: Sánchez se abraza a un programa socialdemócrata para garantizar la llegada de los fondos europeos e impulsar la recuperación económica.

Otro de los cambios relevantes en el área económica le compete a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asume también la cartera de Función Pública, hasta ahora en manos de Miquel Iceta. Se trata de un cambio relevante que vuelve a dar al titular de Hacienda el control sobre los trabajadores públicos.

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También mantienen su puesto la vicepresidenta Teresa Ribera y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Por último, se consolida la posición de la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien se asienta como líder de Unidas Podemos en la coalición del Gobierno. Díaz negoció la remodelación del Gobierno con Sánchez y exigió mantener sus carteras y los mismos nombres.

En términos de política económica, estos no cambios implican una defensa férrea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno acordó con Bruselas durante la primavera y que son la llave para recibir los fondos europeos. Esto supone una hoja de ruta continuista, tal y como interpretan fuentes sindicales consultadas. CCOO ha emitido un comunicado en el que valora que "el hecho de mantener las principales carteras relacionadas con el diálogo social sea un aval al programa de gobierno y el compromiso con la mayoría social".

Mantener las carteras del diálogo social es un aval al programa de gobierno

Los objetivos de política económica ya han quedado fijados y ahora queda hacerlos posibles desde la negociación con los agentes sociales y con los partidos políticos para cumplir los hitos pactados con Bruselas. Calviño fue quien coordinó todo el trabajo y su negociación con Bruselas. El programa de España fue uno de los más valorados por la Comisión y uno de los primeros que recibió el aprobado, lo que ha supuesto un capital político para Calviño que ahora cosecha con el ascenso a ser la número dos del Ejecutivo. Los distintos ministros económicos también jugaron un papel clave. Una de las figuras más importantes fue la de Escrivá, que se reunió durante meses con los responsables de la Comisión Europea para acordar la reforma de las pensiones que incluye la indexación de las prestaciones al IPC. En el inicio de las negociaciones, Bruselas se oponía frontalmente a este cambio, porque supone un importante aumento del gasto a medio y largo plazo. Escrivá convenció a la Comisión de que sus previsiones de caída de la población activa eran exageradas, lo que obligaba a un gran ajuste.

[En directo | La remodelación del Gobierno]

Finalmente, la Comisión Europea asumió las tesis del ministro, modificando sus previsiones demográficas y aceptando que el agujero no será tan profundo como estimaban inicialmente. Solo el tiempo dirá si estas nuevas previsiones son las correctas, pero lo que queda claro, tras esta remodelación del Gobierno, es que Sánchez confía en Escrivá para determinar el futuro de las pensiones.

El primer reto que tiene el ministro, y que comenzará a abordar en los próximos días, es el diseño del mecanismo de equidad intergeneracional con los agentes sociales. El objetivo es que los trabajadores de la generación del ‘baby boom’, que comenzarán a jubilarse a mediados de la década, soporten una parte de la carga del incremento del gasto requerido para pagar sus pensiones.

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Una vez superado este reto, que es mayúsculo, el ministro Escrivá tendrá por delante la segunda parte de la reforma. Uno de los pilares será el aumento de las bases máximas de cotización, lo que implicará una negociación muy difícil con la patronal. También pretende reformar el Régimen de Autónomos (RETA) para incorporar la cotización por ingresos reales, una reforma que ha sido muy contestada desde ATA.

En paralelo a la reforma de pensiones, el Gobierno tendrá que aprobar la reforma fiscal que lleve a España a elevar su recaudación de forma significativa. De momento está trabajando el comité de expertos nombrado para la elaboración de un informe sobre la situación del sistema impositivo nacional. El informe tendrá que estar listo en el primer trimestre del próximo año y la reforma deberá aprobarse antes de que empiece 2023.

La remodelación del Gobierno también es un mensaje directo para Díaz tanto como líder de Unidas Podemos en la coalición como de ministra de Trabajo. En los próximos meses tendrá que culminar las negociaciones para la reforma laboral que ahora están estancadas por la oposición de la patronal. Además, en la recta final del año tendrá que negociar la subida del salario mínimo interprofesional de cara a 2022 tras su congelación en 2021. El ascenso de Calviño implica un respaldo adicional del presidente a la ministra de Economía, que ha dado siempre prioridad absoluta al acuerdo en el diálogo social. Esto limita la capacidad de Díaz para llevar al Consejo de Ministros cualquier contrarreforma laboral que no tenga el visto bueno de los empresarios.