El Gobierno tendrá que validar en 2023 ante la UE el impacto fiscal de la reforma de las pensiones

El Gobierno ha conseguido que Bruselas ceda en un punto en el que los técnicos comunitarios siempre fueron muy combativos en el marco de la reforma de las pensiones: que uno de los objetivos del plan nacional de recuperación sea la vinculación de "las pensiones con la inflación para asegurar que el poder adquisitivo de los pensionistas esté garantizado de forma permanente".

Cada vez que en España se ha hablado de vincular las pensiones a la inflación, en Bruselas han saltado las alarmas. Se ha advertido sobre el impacto que eso tendría sobre las generaciones más jóvenes, de la necesidad de tomar medidas compensatorias y los efectos que esas medidas tendrían. Y, sin embargo, se ha acabado convirtiendo en uno de los objetivos del plan: la propia vinculación será necesaria para obtener uno de los desembolsos, el de 12.000 millones de euros de junio de 2022.

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Desde el Ejecutivo consideran que era una cuestión en la que no estaban dispuestos a ceder: todos los Estados miembros menos España tienen, de una forma u otra, mecanismos para garantizar la capacidad adquisitiva de sus pensiones y no veían desde el Gobierno de qué forma Bruselas se podía oponer a que el país también tenga una medida similar a la del resto de Estados miembros. Además, las fuentes también admiten que el hecho de tener un apoyo casi unánime en el Pacto de Toledo ha simplificado el proceso de convencer a la Comisión.

Bruselas no ha cambiado de opinión, como refleja el documento de trabajo de la Comisión Europea: "Estos elementos aumentarían el gasto en pensiones a medio y largo plazo, a menos que su impacto sea suficientemente compensado por medidas compensatorias". Lo que ha repetido una y otra vez en cada ocasión en la que el asunto ha vuelto a estar sobre la mesa. Pero sí apunta que esta propuesta se construye "sobre la base de un amplio consenso político", justo el mismo mensaje al que se refieren las fuentes consultadas: el Pacto de Toledo ha blindado esta propuesta.

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Además, el Gobierno lo acompaña de "zanahorias" para Bruselas: "Varias otras medidas incluidas en el componente buscan acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal de jubilación, modificar la base de cotización para los autónomos, aumentar el período de cotización para el cálculo de los beneficios de pensión y aumentar las bases máximas de cotización (...). Se espera que estas medidas mitiguen parcialmente el impacto general de la reforma sobre la sostenibilidad fiscal. Además, el plan prevé que las reformas del mercado de trabajo (por ejemplo, políticas activas del mercado de trabajo más efectivas, incluso para los trabajadores mayores) contribuyan a aumentar las tasas de empleo, lo que también contribuiría a mitigar el impacto fiscal de las reformas de las pensiones".

La clave en ese párrafo del documento de trabajo es el "parcialmente". Por eso también en el mismo documento de la Comisión Europea se explica que habrá que analizar los efectos de las dos grandes reformas, pensiones y mercado laboral. "Estas reformas deberán ir acompañadas de un análisis de diferentes opciones para asegurar su sostenibilidad fiscal de mediano a largo plazo", explican los expertos en el texto. Pero no son simples análisis que acompañan a las reformas y que no tienen efectos prácticos: es que la Comisión exigirá al Gobierno un análisis del impacto fiscal a medio y largo plazo de la reforma de las pensiones para realizar el desembolso de 10.000 millones de euros en junio de 2023.

Esa vinculación de las pensiones con el IPC puede tener efectos negativos en la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo

A diferencia de la mayoría de hitos y objetivos, el informe no aparece detallado en el documento de trabajo de la Comisión Europea. Sencillamente se cita dicho requisito, "publicación de proyecciones actualizadas que muestren cómo las reformas de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022 garantizan la sostenibilidad fiscal a largo plazo, teniendo en cuenta también el impacto de otras reformas estructurales, como las reformas del mercado laboral", en una tabla de fechas en el anexo de los documentos de trabajo.

Fuentes comunitarias confirman que ese informe es relevante. Siempre han temido que esa vinculación de las pensiones con el IPC pueda tener efectos negativos en la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo si no se toman las medidas necesarias, y el informe no será meramente informativo, sino que, de afectar a esa sostenibilidad, permitirá a la Comisión Europea pedir que las medidas compensatorias se tomen sobre la marcha. En este caso, la reforma de las pensiones y la fiscal están conectadas. Si la primera falla o se queda corta, la segunda debe compensar. En todo caso, también apuntan a que es pronto para debatir tanto sobre si tendrá efectos negativos, como qué medidas se deberían adoptar en caso de que se compruebe que no se compensa dicho impacto.

Pero el Ejecutivo comunitario describe claramente en el documento cuál es el camino a seguir. "En el caso de que las medidas de compensación y de acompañamiento no fueran suficientes para abordar la CSR (recomendación específica por país) relacionada con la sostenibilidad fiscal, el impacto fiscal general del aumento del gasto en pensiones debería mitigarse aún más mediante ajustes fiscales proporcionales en el futuro". Para eso servirá el informe, que deberá realizarse a finales de 2022, teniendo en cuenta las medidas adoptadas a finales de este año y a lo largo del que viene. Si hay efectos negativos a largo plazo que no se vean mitigados o compensados, harán falta ajustes.