Iceta señala que el Gobierno no pretende aumentar el número de trabajadores públicos

El Gobierno "no tiene intención" de aumentar el número de trabajadores públicos en la Administración General del Estado (AGE) en los próximos años, ha explicado este lunes el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. En su opinión, el sector público no necesita reforzar su plantilla, sino que los esfuerzos deben centrarse en planificar el relevo de los efectivos actuales, que están ya cerca de la edad de jubilación. El 50% de la plantilla se jubilará en los próximos 10 años, ha señalado Iceta, lo que implica que el Estado tiene que llevar a cabo un intenso relevo de trabajadores que pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para realizar una transición ordenada que no implique la pérdida de capital humano por el camino.

Con este mensaje, el Gobierno garantiza que en los próximos años habrá oposiciones en casi todas las ramas de la Administración dada la gran cantidad de puestos que hay que renovar. Sin embargo, en algunos sectores de la Administración, en los que las plantillas están muy mermadas, las palabras del ministro supondrán un duro golpe. El ministro Iceta ha señalado que la dotación actual es apropiada y que no está en sus planes reforzar las plantillas de funcionarios. Lo ha hecho en una rueda de prensa celebrada en el complejo de La Moncloa en la que el ministro, junto con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, han presentado la estrategia del Gobierno para la reforma de las administraciones públicas incorporada al Plan de recuperación.

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También ha ofrecido otro dato que muestra con crudeza cómo el sector público ha cerrado las puertas a los jóvenes durante más de una década. Actualmente, solo el 12% de los trabajadores de la Administración General del Estado tiene menos de 40 años. Pocos datos como este muestran hasta qué punto los empleos en el sector público están acaparados por trabajadores mayores de 40 años y, en especial, mayores de 50 años.

Nuestra intención no es aumentar el número de trabajadores públicos

Iceta también ha señalado que llevará a cabo una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para combatir el exceso de temporalidad en las distintas administraciones públicas, en especial las territoriales, que son las que más han utilizado los contratos precarios. La Comisión Europea lleva años señalando el uso abusivo que realiza el sector público con la figura de los interinos y el Gobierno quiere atajar esta situación con la eliminación de los puestos de trabajo que no se cubran con contratos indefinidos.

La fórmula que ha ideado el ministerio es eliminar aquellos puestos de trabajo que estén ocupados por trabajadores temporales durante tres años. Esto significa que las distintas administraciones territoriales, si quieren mantener esos puestos que realmente son estructurales, pero que cubren con trabajadores temporales, tendrán que sacarlos a concurso oposición para convertirlos en funcionarios. Esta estrategia pretende empujar a los distintos gobiernos a que garanticen la estabilidad en el empleo para todos aquellos puestos de trabajo que sean permanentes.

El interés general

La vicepresidenta Calviño se ha pronunciado en la rueda de prensa sobre la polémica de los ERE de CaixaBank y BBVA, que sigue golpeando al Gobierno por su cuota de participación tras la venta de Bankia. Calviño ha reclamado a las entidades financieras que "piensen en el interés general" a la hora de realizar los despidos, ya que no solo suponen un duro golpe para los trabajadores afectados, también lastrarán la evolución de la economía española.

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Este mismo lunes Calviño también ha reclamado que la remuneración de los altos directivos de la banca no dependa solo de "variables financieras, sino de la evolución de la situación de los trabajadores, de la calidad del servicio que se presta a los clientes y de la contribución que hace a la sociedad". En su opinión, "tiene que haber una respuesta clara desde el punto de vista de la remuneración de los directivos de este sector, particularmente cuando se plantean expedientes de regulación de empleo o despidos muy importantes".

El Gobierno está tratando de evitar que las entidades financieras realicen algunos de los mayores ERE de la historia de España en los próximos meses, tal como han anunciado. Calviño ha reconocido que para la banca es necesario "abordar ese proceso de reconversión", sin embargo, los costes de transición que ha puesto sobre la mesa la banca son muy elevados, ya que implican la destrucción de miles de puestos de trabajo.